?Cabe el copago judicial?
La propuesta de establecer una tasa "pedag¨®gica" para limitar el recurso a los tribunales y evitar su saturaci¨®n desata la pol¨¦mica entre la judicatura
La crisis amenaza con desbordar los saturados tribunales. Al creciente h¨¢bito de litigar se suman los procesos derivados de una situaci¨®n econ¨®mica que amenaza, incluso, con limitar los ya de por s¨ª contados recursos de la Justicia. La descongesti¨®n se antoja tan acuciante en el escalaf¨®n de las prioridades p¨²blicas como la sanidad o los servicios sociales, por lo que la b¨²squeda de alternativas apremia para no bloquear el sistema. Una de las m¨¢s pol¨¦micas que se han presentado pasa por establecer una especie de tasa "pedag¨®gica o disuasoria", seg¨²n sus promotores, para evitar el "abusivo" recurso de los ciudadanos a los juzgados. Una pol¨¦mica medida que no todos comparten entre la judicatura.
Seg¨²n Guija, "no se puede movilizar todo el sistema para 20 c¨¦ntimos"
Una quinta parte de los procesos carecen de la entidad suficiente
"Esto evidencia que aqu¨ª manda la derecha", sostiene un juez progresista
En opini¨®n de otro magistrado, "hay que racionalizar" el uso de la Justicia
Fue a finales de noviembre cuando Vitoria acogi¨® las jornadas nacionales de jueces decanos. Una reuni¨®n anual que acostumbra a poner sobre la mesa cuestiones que preocupan al sector para debatir sobre ellas en los a?os venideros. La cita cobraba especial relevancia esta vez, tras el cambio de Gobierno derivado de las elecciones generales. No defraud¨® las expectativas. Entre las conclusiones del encuentro, los magistrados lanzaron a la opini¨®n p¨²blica una iniciativa que se llevaba tiempo gestando: cobrar, una cantidad variable y pendiente de establecer, por hacer uso de un servicio p¨²blico como la Justicia. Latente la amenaza del copago sanitario, ?por qu¨¦ no plantear algo parecido para el ¨¢mbito judicial?
El establecimiento de tasas por litigar, de momento, lo contemplan sus promotores solo para "casos concretos", con el objetivo de "acomodar la litigiosidad formal a la real". "Lo que no tiene sentido es recurrir a la Justicia y movilizar todo su entramado, con el gasto que conlleva, por un problema de 20 c¨¦ntimos en una n¨®mina", sostiene, a modo de ejemplo, el juez decano de Bilbao, Alfonso Gonz¨¢lez-Guija. Seg¨²n reconoce, ese supuesto trabajador "est¨¢ en su derecho de reclamar lo que considera suyo", pero deber¨ªa hacerlo a trav¨¦s de "otros mecanismos" que se tendr¨ªan que fomentar, como la mediaci¨®n, para resolver esas cuestiones menores. "El coste es elevad¨ªsimo y el sistema no aguanta", advierte.
Lo que se pretende evitar, en definitiva, es el creciente h¨¢bito de "acudir por acudir" a los tribunales, seg¨²n algunos juristas. Sus c¨¢lculos apuntan a que una quinta parte de los pleitos no tienen la suficiente consistencia como para movilizar el complejo sistema judicial. El fallo del sistema, en parte, tambi¨¦n es interno. La remuneraci¨®n de los abogados de oficio, por ejemplo, est¨¢ vinculada a la presentaci¨®n de apelaciones. Si bien la Justicia gratuita est¨¢ garantizada para los m¨¢s necesitados, el problema radica en que en la evaluaci¨®n del servicio se impone la estad¨ªstica, lo que provoca que, en ocasiones, se recurra solo por alcanzar unos determinados n¨²meros.
Los impulsores de la medida reniegan de cualquier "af¨¢n recaudatorio" e incluso se atreven a defenderla desde un punto de vista social. Seg¨²n esgrimen, la tasa planteada deber¨ªa ser variable y podr¨ªa afectar, de forma proporcional, a los juicios con grandes sumas de dinero en juego. "Es de justicia que las personas de gran capacidad econ¨®mica contribuyan con sus recursos al sostenimiento del sistema", reivindica un destacado magistrado, quien apuesta, en el extremo opuesto, por impulsar la figura del ¨¢rbitro para resolver los conflictos menores. Consciente de la compleja tramitaci¨®n administrativa que requieren los cambios, emplaza a impulsarlos "cuanto antes".
Lo cierto es que la tasa de pendencia se incrementa de forma alarmante en los juzgados espa?oles, que reciben cada a?o m¨¢s asuntos de los que resuelven. Una tendencia que solo Euskadi fue capaz de romper el a?o pasado, en parte, debido a los buenos medios tecnol¨®gicos que acompa?an a una plantilla compensada tras la continuada inversi¨®n p¨²blica de los ¨²ltimos ejercicios. La preocupaci¨®n, sin embargo, es latente tambi¨¦n entre una judicatura vasca que solo coincide al considerar que "algo hay que hacer". Sobre qu¨¦, no hay consenso, ya que la tasa no convence a buena parte de los profesionales.
"No es m¨¢s que una evidencia de que aqu¨ª manda la derecha", sostiene un magistrado progresista, incapaz de entender "c¨®mo se puede defender el cobro de un servicio p¨²blico en ¨¦poca de crisis". "Reducir la carga de trabajo no es m¨¢s que una pretensi¨®n ego¨ªsta que quiere hacer desistir a los ciudadanos de su derecho. Es como fomentar que, si me roban el coche, mejor no lo denuncie", considera. En su opini¨®n, la soluci¨®n a la saturaci¨®n deber¨ªa pasar "justo por lo contrario: ampliar la capacidad de resolver creando nuevos juzgados, aunque esa inversi¨®n sea solo coyuntural".
Otras contrastadas voces de la magistratura se sit¨²an a medio camino y apuntan a la "inadecuada utilizaci¨®n" de los recursos como clave de la complicada situaci¨®n. Hay quien incide, incluso, en la necesidad de "darle una vuelta al sistema" para determinar "si todo es judicializable". Los que se?alan a un problema de cultura como ra¨ªz se multiplican. Seg¨²n uno de ellos, "resulta demasiado f¨¢cil y gratuito poner una demanda. M¨¢s que cobrar, quiz¨¢ habr¨ªa que incidir en la educaci¨®n para racionalizar el recurso a los tribunales".
Agosto y menos garant¨ªas, las alternativas
Al igual que otros sectores, la Justicia vive una ¨¦poca turbulenta en busca de salida a sus carencias. Si bien ha sido la m¨¢s pol¨¦mica, la propuesta de cobrar por acudir a los tribunales para evitar su saturaci¨®n no ha sido la ¨²nica alentada en las ¨²ltimas semanas. Las propias jornadas nacionales de jueces decanos de Vitoria sirvieron de plataforma para que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos D¨ªvar, planteara la supresi¨®n de algunas garant¨ªas de los procesos con el objetivo de reducir su tiempo de tramitaci¨®n y agilizar, as¨ª, el trabajo en los juzgados.
Aunque sin concretar cu¨¢les pueden ser objeto de supresi¨®n, la cuesti¨®n ha dado rienda suelta a una nueva pol¨¦mica, si bien varios magistrados otorgan cierto aval a la tesis de D¨ªvar, "siempre que no afecte al ciudadano". "En otros ordenamientos se da un parte inicial a los afectados por un proceso y punto. Aqu¨ª, sin embargo, parece que hay que perseguir a las personas con sucesivas notificaciones", lamenta un destacado jurista. En su opini¨®n, son garant¨ªas que no aportan un beneficio directo a la poblaci¨®n y, por el contrario, s¨ª entorpecen la tramitaci¨®n judicial.
No son pocos quienes consideran que el sistema de derechos es "tan amplio" en la Administraci¨®n de Justicia que influye en su propia ralentizaci¨®n. Sin embargo, tambi¨¦n hay quien considera que las garant¨ªas actuales son todav¨ªa escasas, ya que "cada d¨ªa se vulneran m¨¢s derechos humanos", como lo demuestran, a su juicio, "el problema de la violencia machista o la proliferaci¨®n de videoc¨¢maras en comisar¨ªas para evitar abusos policiales".
Otras voces apuntan a la desigual carga de trabajo entre juzgados y secciones como causa de la saturaci¨®n en algunos casos e instan a una mayor agilidad a la hora de compensar las plantillas. Cualquier aportaci¨®n parece buena ante un escenario que dificulta la aportaci¨®n de recursos adicionales en plena crisis. A la espera de los beneficios que puedan reportar la nueva oficina judicial o la futura implantaci¨®n de los tribunales de instancia, la b¨²squeda temporal de alternativas se antoja crucial, m¨¢xime tras el positivo pero escaso efecto de las medidas de agilizaci¨®n procesal impulsadas hasta la fecha.
La ¨²ltima propuesta ha correspondido al nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard¨®n, quien ha eludido el debate de nuevos recursos materiales o humanos y se ha limitado a t¨¦rminos laborales al abogar por habilitar el mes de agosto para agilizar la tramitaci¨®n de procesos.
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