?Qu¨¦ queda del proyecto Feij¨®o?

La pasada semana, el nuevo ministro de Econom¨ªa, Luis de Guindos, anunciaba en una entrevista concedida al Financial Times, que el Gobierno est¨¢ preparando una ley mediante la cual los presupuestos de las Comunidades Aut¨®nomas necesitar¨¢n la aprobaci¨®n previa del Gobierno Central. Admit¨ªa adem¨¢s el ministro que la situaci¨®n de falta de liquidez de determinadas comunidades es una oportunidad ¨²nica (coartada) para tomar decisiones centralizadoras que ning¨²n Gobierno se hab¨ªa atrevido a poner en marcha antes.

Al parecer, el ministro de Econom¨ªa desconoce la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional (TC) en numerosas ocasiones. Por eso conviene recordarle al se?or Guindos que existen numerosas sentencias del TC que consagran la posici¨®n de primac¨ªa de los Estatutos de Autonom¨ªa respecto a las dem¨¢s leyes y el car¨¢cter indisponible de las competencias que solo pueden ser modificadas reformando la Constituci¨®n o los Estatutos, tal como recuerdan el profesor Eliseo Aja (El Estado auton¨®mico) y Jes¨²s Leguina (Escritos sobre autonom¨ªas territoriales). Gran parte de este acerbo doctrinal del TC aparece plenamente desarrollado en la sentencia m¨¢s importante emitida sobre esta materia, la 76/1983 sobre el proyecto de Ley Org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA), ley que pretend¨ªa introducir una serie de prevenciones y controles para todas las comunidades aut¨®nomas y que la sentencia citada declar¨® inconstitucional. El TC subray¨®, en este decisivo fallo, el car¨¢cter constitucional de la autonom¨ªa pol¨ªtica, que no pod¨ªa ser limitada por una ley estatal. Pero, adem¨¢s, la sentencia del TC destacaba especialmente que ninguna ley del Estado puede interponerse entre la Constituci¨®n y los Estatutos de Autonom¨ªa.

?Reaccionar¨¢n de nuevo las fuerzas que hace 32 a?os impidieron la liquidaci¨®n de nuestra autonom¨ªa?

Es cierto que el TC, en sentencia 134/2011 del pasado 20 de julio, ha sentado que el Estado puede fijar l¨ªmites a los presupuestos del conjunto de las Administraciones P¨²blicas. Pero dicha sentencia se?ala que el Estado no es el Gobierno y atribuye esa competencia de control al Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, ¨®rgano en el que est¨¢n representadas todas las comunidades aut¨®nomas y en el que, por cierto, desde hace muchos a?os se debate y se pacta tanto el d¨¦ficit como la capacidad de endeudamiento de las comunidades aut¨®nomas, algo que nada tiene que ver con el control previo por parte del Ejecutivo como pretende imponer por ley el ministro de Econom¨ªa. Pretensi¨®n absolutamente anticonstitucional que liquidar¨ªa la autonom¨ªa financiera y, por tanto, la autonom¨ªa pol¨ªtica, consagrada por nuestra Constituci¨®n y por las sentencias del TC.

En Galicia conocemos bien esa obsesi¨®n de la derecha espa?ola de transformar en papel mojado la autonom¨ªa pol¨ªtica. En efecto, muchos de ustedes recordar¨¢n el intento del Gobierno presidido entonces por Adolfo Su¨¢rez de condicionar las competencias de Galicia a lo que entonces se denomin¨® "cl¨¢usula competencial", es decir, la subordinaci¨®n de las competencias reconocidas en nuestro Estatuto a la aprobaci¨®n de las leyes correspondientes por las Cortes Generales, lo que significaba que nuestras competencias no derivar¨ªan directamente del Estatuto, sino de la ley estatal correspondiente, y solo podr¨ªan ejercerse una vez que se aprobara ¨¦sta. El esquema dise?ado no solo negaba a Galicia su derecho al autogobierno, sino que le asignaba el triste papel de servir de modelo para las autonom¨ªas de segundo orden. Pero la sociedad gallega reaccion¨® en defensa de su autogobierno frente a lo que se denomin¨® O aldraxe, y protagoniz¨® las mayores movilizaciones pol¨ªticas de la historia del pa¨ªs -4 de diciembre de 1979- gracias a las cuales Galicia evit¨® su marginaci¨®n y consigui¨® un Estatuto similar al vasco y al catal¨¢n. Posteriormente, el TC sent¨® la doctrina a la que me refer¨ª anteriormente y que el nuevo Gobierno del PP parece no entender ni compartir. Es el caso de la Xunta, cuya Conseller¨ªa de Facenda, demostrando una absoluta incomprensi¨®n del problema de fondo, se dedic¨® a apoyar acrit¨ªcamente la iniciativa del ministro de Guindos y a balbucear algunas incongruencias.

En todo este proceso destaca el clamoroso silencio del presidente de la Xunta, cada d¨ªa m¨¢s desdibujado pol¨ªticamente. En efecto, carente de un proyecto pol¨ªtico que vaya m¨¢s all¨¢ de la simple gesti¨®n burocr¨¢tica del presupuesto, con un papel cada vez m¨¢s irrelevante desde el triunfo electoral de Rajoy, obligado a subordinar los intereses de Galicia a las necesidades del nuevo Gobierno e incapaz de abrir la boca en defensa de nuestra Autonom¨ªa (pol¨ªtica y financiera), cabe preguntarse: ?qu¨¦ queda en pie del tan cacareado proyecto Feij¨®o? Nada, absolutamente nada. Solo resta saber si las fuerzas pol¨ªticas y sociales que hace 32 a?os impidieron la liquidaci¨®n de la autonom¨ªa de Galicia ser¨¢n capaces de volver a defender de nuevo con ¨¦xito nuestro autogobierno.