La justicia ampl¨ªa a dos a?os m¨¢s la investigaci¨®n del clan de los 'asfalteros'

El caso del clan de los asfalteros va para largo. Pero no por la lentitud end¨¦mica de la justicia, sino porque la juez encargada del caso ha ampliado a los a?os 2007 y 2008 la investigaci¨®n para esclarecer las supuestas irregularidades cometidas por un grupo de empresas que funcionaban como un cartel para hacerse con las adjudicaciones de las obras y fijar los precios de las obras p¨²blicas.

De esta manera, la juez ha abierto su foco hacia unas empresas que actuaron en connivencia para ganar los concursos y evitar la competencia de otras sociedades.

De la investigaci¨®n judicial realizada hasta ahora se desprende que la Diputaci¨®n de Girona, supuestamente, favoreci¨® a una docena de empresas y que durante los a?os 2009 y 2010 se adjudicaron 75 obras en carreteras de aquella provincia por un importe que rondaba los 300 millones de euros. La juez del caso encarg¨® su investigaci¨®n a la Oficina Antifraude de Catalu?a (OAC), que, en colaboraci¨®n con los agentes de la Guardia Civil, realiz¨® un exhaustivo informe. En el mes de marzo entreg¨® unas primeras conclusiones y en octubre el informe definitivo. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con la justicia ordinaria, Antifraude dispone de profesionales cualificados de diversos ¨¢mbitos para analizar toda la informaci¨®n que recopila la polic¨ªa.

Una quincena de empresarios declararon como imputados

El caso es que el informe de Antifraude sobre los a?os 2009 y 2010 no cerraba la puerta a que la pr¨¢ctica supuestamente delictiva pod¨ªa extenderse a otros a?os y que pudiera traspasar la provincia de Girona.

De ah¨ª que la juez haya considerado ahora que debe ampliar la investigaci¨®n a las obras adjudicadas durante 2007 y 2008, cuando la econom¨ªa se encontraba en un periodo expansivo y las Administraciones contrataban todo tipo de carreteras. La llegada de la crisis supuso despu¨¦s la paralizaci¨®n de algunos de esos proyectos.

Antifraude se ha comprometido a que ese nuevo informe sobre los a?os 2007 y 2008 est¨¦ a finales de marzo en la mesa de la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Barcelona. "De lo que se trata es de comprobar, como ya sucedi¨® en el primer informe, si las adjudicaciones de esas obras se ajustaron a los criterios de probidad, transparencia e imparcialidad que ha de regir toda contrataci¨®n", explica Daniel de Alfonso, director de la OAC. La investigaci¨®n judicial realizada hasta ahora no parece ir por ese camino, pues en su d¨ªa se supo que las constructoras que se beneficiaron de las obras contaban con la presunta connivencia de Jordi Verg¨¦, el gerente de carreteras de Girona adscrito a la empresa p¨²blica GISA que, supuestamente, recib¨ªa comisiones a cambio de las adjudicaciones. Verg¨¦ fue despedido por la Generalitat en abril del a?o pasado al conocerse su vinculaci¨®n con el caso.

A ra¨ªz de esa investigaci¨®n judicial fueron detenidos dos empresarios y una quincena m¨¢s declararon como imputados. La investigaci¨®n judicial sirvi¨®, adem¨¢s, para que se encendieran las alarmas en la Diputaci¨®n de Girona y el Ministerio de Fomento, que suspendieron cinco adjudicaciones de obras en las provincias de Girona y Tarragona por su presunta vinculaci¨®n a la trama corrupta de empresas.