La oposici¨®n lamenta la reducci¨®n de personal en los centros para discapacitados

El convenio que la Generalitat firm¨® con las cuatro entidades mayoritarias que gestionan centros para discapacitados disgust¨® a la oposici¨®n parlamentaria. Todos los partidos, excepto el PP, se oponen a la reducci¨®n de las ratios de personal fijadas en la cartera de servicios de la Generalitat. El convenio, que ayer avanz¨® este diario, permite a las empresas p¨²blicas y concertadas reducir un 8% el personal fijado por esa norma. La medida, reclamada por la patronal y concedida por el Departamento de Bienestar, persigue mitigar el recorte en las subvenciones para estos centros, de entre el 3% y el 4,5%.

El Partit dels Socialistes (PSC) duda sobre la validez del convenio, que modifica unos par¨¢metros fijados por ley. "Tenemos a un Gobierno que se salta las normas", denuncia la diputada socialista Eva Granados, que lamenta la "chapuza" que, a su juicio, el departamento que dirige Josep Llu¨ªs Cleries ha cometido con este convenio. "Atenta contra la calidad del servicio", esgrime, a lo que a?ade el agravante de que afecta a "los derechos de las personas m¨¢s d¨¦biles". El PSC presentar¨¢ varios requerimientos parlamentarios para descubrir si las ratios que todav¨ªa est¨¢n fijadas por ley -es decir, sin la reducci¨®n que establece el convenio- todav¨ªa se respetan y son controladas por Bienestar. "Pediremos responsabilidades a la directora del Instituto Catal¨¢n de Asistencia y Servicios Sociales y al consejero", agrega Granados.

"El Gobierno se salta las normas", denuncia la socialista Eva Granados

Esquerra denuncia que el convenio firmado por la Generalitat y cuatro entidades (Coordinadora de Profundos de Catalu?a, Asociaci¨®n Empresarial de Discapacidad Intelectual de Catalu?a, Federaci¨®n Catalana de Par¨¢lisis Cerebral y la federaci¨®n ECOM) es "un hecho grav¨ªsimo", en palabras del diputado Pere Bosch. "El acuerdo no tiene validez legal", coinciden los republicanos, que denuncian el "grave peligro" que, a su juicio, supone para las condiciones de los trabajadores: "Es evidente que, si no se dispone de los mismos recursos, dif¨ªcilmente se puede garantizar el mismo servicio".

Iniciativa cree que la Generalitat est¨¢ sometiendo a la "asfixia" a las entidades sociales. "Debemos estar atentos a que la calidad del servicio no baje y a que no haya despidos en el sector", expone la diputada ecosocialista Laura Massana. "Estos pactos son contrarios a lo que siempre han defendido las entidades sociales: m¨¢s y mejor servicio". La diputada ecosocialista reclama al Gobierno que convoque una reuni¨®n del Consejo General de los Servicios Sociales para revisar y consensuar el acuerdo.

El PP no discute la reducci¨®n de personal en los centros para discapacitados, siempre que no comporte p¨¦rdida de calidad en el servicio. S¨ª critica la validez del convenio. "Es un acuerdo trampa", lamenta la diputada Marisa Xandri, que denuncia otro problema para el sector: "La Generalitat no paga sus deudas con los centros, y algunos, si no hay soluci¨®n, se ver¨¢n obligados a presentar un ERE".

Los cuatro partidos coinciden en criticar las formas del departamento para pactar la reducci¨®n en las ratios de personal. Bienestar ha escogido un pacto bilateral y no un acuerdo del Consejo de Servicios Sociales como marca la ley. El PSC, ERC, ICV y el PP comparan esta situaci¨®n con el caos que en agosto provoc¨® otro cambio secreto: el de la forma de pago en la renta m¨ªnima de inserci¨®n, que dej¨® a muchos perceptores de esta ayuda sin cobrar. "Ahora Cleries no puede decir que es culpa de Mena [el consejero de Empleo]", concluye Granados.