Hacienda planea 'castigar' el d¨¦ficit retrasando pagos a las comunidades

El objetivo, eso est¨¢ claro, es reducir el d¨¦ficit p¨²blico. Y en ese empe?o parecen estar de pronto todas las administraciones p¨²blicas, de uno u otro color pol¨ªtico. Pero ?qu¨¦ pasa si no se cumple? ?Cu¨¢les ser¨¢n las sanciones a las comunidades aut¨®nomas -las m¨¢s endeudadas- que sigan salt¨¢ndose los l¨ªmites de estabilidad? Desde la Secretar¨ªa de Estado de Administraciones P¨²blicas se sugiri¨® una ayer: retener parte de las transferencias que el Gobierno destina a las autonom¨ªas hasta que cumplan el objetivo de d¨¦ficit. El ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, hab¨ªa apuntado algo a¨²n m¨¢s dr¨¢stico por la ma?ana: "responsabilidades penales" para los cargos p¨²blicos que se endeuden m¨¢s de lo debido; pero esa amenaza -tachada de "ocurrencia" por el PSOE- se fue desinflando durante el d¨ªa hasta quedar en nada.

El PSOE exige al Gobierno que aclare si va a crear un nuevo tipo delictivo

Llamazares: "Si se aplica el criterio de Montoro, esto ser¨¢ un 'todos a la c¨¢rcel"

"No es igual una cantidad peque?a [de d¨¦ficit] que una grande, ni incumplir muchos a?os que solo uno", puntualiz¨® el secretario de Estado de Administraciones P¨²blicas, Antonio Beteta, en una entrevista a este diario. En el caso de que se impongan sanciones, estas ser¨¢n "econ¨®micas". "Es una traslaci¨®n de lo que hace la UE. Es crear un fondo de un porcentaje del PIB regional [equivalente a un porcentaje del PIB] que se liquidar¨ªa cuando la administraci¨®n sancionada cumpla los objetivos", dijo. Desde el ministerio aclararon m¨¢s tarde que ese mecanismo de sanci¨®n "a¨²n no est¨¢ desarrollado", aunque podr¨ªa consistir en "detraer una parte de las transferencias que el Gobierno hace a las comunidades" hasta que presenten un plan de viabilidad y cumplan la estabilidad presupuestaria.

Ni Beteta ni su equipo precisaron qu¨¦ tipo de transferencias podr¨ªan recortarse -algo que, por otro lado, podr¨ªa incluso agravar el problema de las comunidades endeudadas, porque con menos fondos a¨²n tendr¨ªan m¨¢s problemas para afrontar el pago a proveedores-. El secretario de Estado s¨ª aludi¨® a otro hipot¨¦tico castigo: la "gesti¨®n conjunta" del presupuesto en los casos de comunidades aut¨®nomas que no sean capaces de controlar su d¨¦ficit.

Pero, si las sanciones econ¨®micas est¨¢n todav¨ªa por desarrollar, la que ni siquiera aguant¨® 24 horas de vida fue la que lanz¨® por la ma?ana en la cadena SER el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro. Y que ten¨ªa otra vertiente muy distinta: la penal.

Preguntado por c¨®mo ser¨¢n castigados los cargos p¨²blicos que incurran en d¨¦ficit muy por encima del comprometido, Montoro respondi¨®: "A trav¨¦s de la Ley de Transparencia vamos a exigir responsabilidades penales. Un gestor p¨²blico, sea un pol¨ªtico o un gestor nombrado por un pol¨ªtico, no puede gastar m¨¢s all¨¢ de los l¨ªmites que tenga en su presupuesto". El prop¨®sito es evitar el "falseamiento de la contabilidad p¨²blica", pero tambi¨¦n favorecer, con esas sanciones penales, "un rigor en la gesti¨®n del Gobierno". "Si quiere gastar m¨¢s, que se lo pida, subiendo los impuestos, a los ciudadanos. Lo que nunca es correcto son las facturas en el caj¨®n y acumular deudas que luego se vuelven impagables", zanj¨®.

El anuncio, sin m¨¢s detalle, fue tildado de "ocurrencia" por el PSOE -la misma palabra que tantas veces utiliz¨® el PP para criticar las medidas econ¨®micas del expresidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero-. "Las leyes vigentes en Espa?a ya contemplan el castigo penal a la mala administraci¨®n, cuando se incurre en alg¨²n delito", subrayaron los socialistas en un comunicado; y exigieron a Montoro que aclare si de lo que se trata es de crear un nuevo delito, modificando el C¨®digo Penal.

No respondi¨® Montoro; lo hizo Beteta, rebajando el alcance de la propuesta: "Existe esa previsi¨®n en el C¨®digo Penal. Solo hay que aplicarla". Fuentes del ministerio confirmaron que no se est¨¢ pensando en crear un nuevo tipo delictivo, sino en aplicar la ley sobre los que ya hay (malversaci¨®n o falsedad en documento p¨²blico, por ejemplo, u otros). Es decir, que no hay nada nuevo.

Antes de eso, la medida hab¨ªa provocado una tormenta de reacciones: aunque algunos consejeros auton¨®micos se apresuraron a defenderla -los de Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad Valenciana-, otros altos cargos del PP se tentaron la ropa. El presidente extreme?o, Jos¨¦ Antonio Monago, fue incluso m¨¢s all¨¢ y consider¨® que las responsabilidades penales, si se exigen, deber¨ªan ser "retroactivas", para que paguen los Gobiernos anteriores que dejaron deuda. Y a eso replic¨® el PSOE que entonces el primero en ser perseguido deber¨ªa ser el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, por disparar la deuda de Madrid desde su anterior cargo de alcalde.

"El se?or Montoro no se puede convertir en el Tribunal Supremo. Si aplic¨¢semos ese criterio a los bancos, particulares y administraciones p¨²blicas estar¨ªamos en la locura, en el Todos a la c¨¢rcel de Berlanga", afirm¨® Gaspar Llamazares (IU). El consejero catal¨¢n de Econom¨ªa, Andreu Mas-Colell, se decant¨® por aplicar mecanismos "m¨¢s tradicionales" para controlar el gasto p¨²blico. El PNV dijo que el anuncio de Montoro es, simplemente, "muy fuerte".

El presidente andaluz, el socialista Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, puso un ejemplo para descalificar la medida: si una consejer¨ªa de Sanidad presupuesta dinero para 32.000 operaciones de cirug¨ªa y se encuentra con 45.000, no va a dejar de hacerlas; otra cosa es que tendr¨¢ que "contabilizarlas" correctamente. Quiz¨¢ eso es lo que quiso decir el ministro y no se le entendi¨®, apunt¨® Gri?¨¢n.

El portavoz de Jueces para la Democracia, Jos¨¦ Luis Ram¨ªrez, lament¨® que el Gobierno trate de "criminalizar" a los gestores que eleven el gasto m¨¢s all¨¢ de lo presupuestado, y augur¨® que exigir a los cargos p¨²blicos responsabilidades penales por ese motivo convertir¨ªa a los jueces "en una especie de gestores del sistema econ¨®mico". S¨ª se mostr¨® a favor la Federaci¨®n Nacional de Asociaciones de Trabajadores Aut¨®nomos: porque las administraciones, sostiene, les deben 15.000 millones en facturas impagadas.

El Ministerio de Hacienda no solo est¨¢ estudiando sanciones para los incumplidores; tambi¨¦n f¨®rmulas para aliviar la situaci¨®n de las comunidades. El Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera aprob¨® el martes adelantar a este mes o principios de febrero el pago de 8.000 millones -6.000 millones de las transferencias pendientes de 2010 y 2.000 millones de anticipos no pagados- que, en principio, iban a abonarse en julio.