El sindicato del poder

Las mayor¨ªas son cambiantes en democracia. Pero, gobierne el partido que gobierne, hay una constante: la exquisita sensibilidad hacia los dem¨¢s poderes con los que comparte temporalmente mesa y mantel. Cuando un miembro de un Gobierno es imputado, cuando un agente del orden es acusado de excesos, cuando un financiero es apuntado como evasor de impuestos o cuando un juez es se?alado como prevaricador -Baltasar Garz¨®n parece ser la gran excepci¨®n a esta regla de oro-, el estribillo machac¨®n es el del m¨¢ximo respeto a la presunci¨®n de inocencia. La sombra de la sospecha, en cambio, recae sobre aquel que se pregunta por qu¨¦ los desahucios circulan por las v¨ªas de gran velocidad y el caso Palau, por poner un ejemplo, va no ya a ritmo de caracol, sino de tren regional Barcelona-Puigcerd¨¤.

El sindicato del poder parece resistirse a dejar de ser corporativo ante la corrupci¨®n de los m¨¢s fuertes

En la historia reciente se han escrito p¨¢ginas brillantes de c¨®mo a veces los pol¨ªticos premian actitudes no ya poco edificantes, sino en ocasiones claramente delictivas. Corr¨ªa el a?o 1994 cuando Converg¨¨ncia i Uni¨® decidi¨® enviar al magistrado Luis Pascual Estevill al Consejo General del Poder Judicial, ejerciendo su cuota en el organismo de gobierno de los jueces. Solo resisti¨® dos a?os en el organismo. Comenzaron a lloverle querellas por prevaricaci¨®n, cohecho, extorsi¨®n y detenci¨®n ilegal. La modalidad que el magistrado, ahora entre rejas, patent¨® a principios de los noventa consist¨ªa en extorsionar a empresarios a los que investigaba en su car¨¢cter de juez. Para no ingresar en prisi¨®n o para salir de ella en pocos d¨ªas, los empresarios acced¨ªan a que el abogado Joan Piqu¨¦ Vidal los defendiera y a abonar diversas cantidades de dinero al juez y al abogado. Piqu¨¦ Vidal, que fue abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, cumple tambi¨¦n condena por su participaci¨®n en aquellos hechos. Una de las ¨²ltimas consecuencias de la actuaci¨®n de Estevill ha coleado recientemente. Se trata del indulto que el Gobierno progresista de Zapatero, ya en funciones a finales de 2011, concedi¨® al banquero Alfredo S¨¢enz de la condena por un delito de acusaci¨®n falsa y denuncia falsa contra cuatro empresarios para los que el juez Pascual Estevill dict¨® prisi¨®n.

?Nadie sab¨ªa en Catalu?a qu¨¦ hac¨ªan personajes de gran honorabilidad como Estevill o Piqu¨¦? Al parecer, no. Unos a?os despu¨¦s la ignorancia sigue instalada entre buena parte de nuestros pol¨ªticos. El caso Palau fue otra sorpresa. La Agencia Tributaria cifra en 35,3 millones de euros el supuesto fraude cometido por los saqueadores confesos Millet y Montull. De esos 35,3 millones, 5,9 podr¨ªan haber ido a parar a las arcas de la federaci¨®n nacionalista supuestamente abonadas por la constructora Ferrovial en comisiones ilegales de hasta el 4% del presupuesto de las obras p¨²blicas adjudicadas por los Gobiernos de CiU. No obstante, cualquier alusi¨®n a esta supuesta financiaci¨®n irregular es calificada de comportamiento inquisitorial por quienes ahora ejercen el poder en Catalu?a.

Tenemos, pues, ante nuestras narices suficiente jurisprudencia como para tratar de evitar nuevos casos y sobre todo no cerrar los ojos ante ellos. El pasado 9 de diciembre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de Catalu?a se compromet¨ªan a luchar contra la corrupci¨®n. Actuaba como anfitri¨®n de esta cumbre el nuevo director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso. Apenas ha pasado un mes y la oficina investiga si hay o no incompatibilidades o irregularidades en la actividad de altos cargos del sistema p¨²blico de salud que tienen intereses en el sector privado. Se trata del presidente del Instituto Catal¨¢n de la Salud (ICS), Josep Prat, y del presidente del Consorcio de Salud de Catalu?a, Ramon Bag¨®, que Antifraude investiga a partir de las informaciones publicadas por este diario y cuyas pr¨¢cticas hunden sus ra¨ªces en anteriores Gobiernos, ya tripartitos, ya de Pujol. De Alfonso tambi¨¦n ha puesto bajo la lupa los 11 millones de deuda que ha generado el complejo residencial Sitges Reference, proyecto ejecutado cuando aquel Ayuntamiento estaba gobernado por el PSC.

El inicio de Antifraude es prometedor para la transparencia, porque una situaci¨®n de crisis exige ejemplaridad. No se pueden pedir grandes esfuerzos al com¨²n de los mortales y mostrar la cara indulgente con los poderosos. Y de momento, todav¨ªa hay demasiada asimetr¨ªa. Como si el sindicato del poder se resistiese a dejar de actuar de forma solidaria y corporativa en defensa de sus intereses.