La Audiencia aparta al PSOE de la causa de Mercasevilla
El juez presidente del jurado que decidir¨¢ sobre el intento de cobro de comisiones en el caso Mercasevilla, ?ngel M¨¢rquez, ha apartado al PSOE de la causa porque acusaba a los cuatro imputados de un delito de estafa y el juicio ser¨¢ por cohecho. El magistrado ha decretado la validez de la grabaci¨®n realizada por los empresarios que hace tres a?os denunciaron el caso. La acusaci¨®n mantiene que los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce pidieron a dos empresarios 450.000 euros en comisiones ilegales. "En la Junta es normal reclamar este tipo de contribuci¨®n", les dijeron seg¨²n la fiscal¨ªa, para a continuaci¨®n indicarles que el dinero deb¨ªan entregarlo en un malet¨ªn olvidado en un despacho.
El PSOE se hab¨ªa personado como acusaci¨®n particular y defendi¨® durante el proceso que los cuatro acusados (los exdirectivos Fernando Mellet, Daniel Ponce, Regla Pereira y el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas) no deb¨ªan ser considerados funcionarios y por tanto se enfrentar¨ªan a un delito de estafa en grado de tentativa y no de cohecho.
"Su posici¨®n en esta causa ha quedado sin contenido, por lo que, al no haberse adherido a la calificaci¨®n de otras acusaciones, debe quedar apartado del procedimiento", resuelve el juez. Para el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Bueno, que el PSOE haya sido apartado "demuestra que los socialistas trataban de minimizar los hechos denunciados".
Funcionarios acusados
Para el magistrado, el concepto de funcionario es diferente en el derecho penal y administrativo y la jurisprudencia establece que, a efectos penales, es funcionario quien ejerce una funci¨®n p¨²blica con independencia de la personalidad mercantil de la empresa. El juez no alberga dudas sobre el car¨¢cter p¨²blico del mercado de abastos municipal, del que participan el Ayuntamiento (51%) y la empresa estatal Mercasa (48%): "Gestiona un servicio de genuina competencia municipal mediante concesi¨®n administrativa en r¨¦gimen de monopolio", explica en una resoluci¨®n el juez.
El magistrado rechaza todas las cuestiones previas que plantearon los cuatro acusados. Adem¨¢s, el juez entiende que los empresarios no provocaron las frases de los imputados "que fluyen con total espontaneidad". Para ellos la fiscal¨ªa pide 21 meses de suspensi¨®n y una multa de 900.000 euros.
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