Los periodistas, mejor callados

El Consejo General del Poder Judicial no pierde ocasi¨®n para corroborar lo que todos sabemos desde hace a?os, que es un organismo altamente politizado, endog¨¢mico y de piel fin¨ªsima, incapaz de acometer su principal tarea: poner orden en el guirigay que es la justicia en Espa?a. Esta misma semana, coincidiendo con el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, de devolver a los jueces la capacidad para elegir a la mayor¨ªa del Consejo General del Poder Judicial (una medida que ya defendi¨® su padre hace 27 a?os), los vocales del organismo, en reuni¨®n plenaria, han salido un¨¢nimemente en apoyo de la magistrada Coro Cill¨¢n Garc¨ªa de Iturrospe y han condenado las "vejatorias" informaciones que, en su opini¨®n, "afectan gravemente al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen".

Para quien ande despistado, hay que recordar que Cill¨¢n es la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 43 de Madrid que ahora dirige la reapertura de facto del caso del 11-M, el mayor atentado terrorista de la historia de Espa?a. Un asunto que, sea cual sea su desenlace, requiere por parte del instructor del m¨¢s alto grado de competencia. Las veleidades de esta nueva investigaci¨®n, as¨ª como las andanzas de Cill¨¢n en otros juzgados, bien valdr¨ªan una historia aparte. Baste recordar que ya fue sancionada en 1999, en 2002 y en 2003 por retrasos injustificados y graves cuando estaba destinada en la Audiencia de Gipuzkoa, llegando a pedir en uno de los casos el fiscal y el instructor del expediente su expulsi¨®n de la carrera.

Para no desviar el tiro, me referir¨¦ solo a la informaci¨®n publicada en estas p¨¢ginas el domingo pasado bajo el t¨ªtulo Inestable para juzgar. En ella se daba cuenta de que la Inspecci¨®n del Poder Judicial ha abierto ahora un expediente disciplinario contra Cill¨¢n por tres faltas muy graves en la tramitaci¨®n de una causa que no tiene que ver con el 11-M, sino con el precinto de una sala de fiestas de Madrid, y que ponen de manifiesto posibles arbitrariedades en sus decisiones, entre ellas nombrar a su supuesto "novio" administrador de la discoteca intervenida (con un sueldo de 2.500 euros) tras intentarlo con un supuesto "amigo" (sueldo de 18.000 euros). La investigaci¨®n judicial revela asimismo que una secretaria y dos fiscales del juzgado atribuyen a Cill¨¢n actuar bajo la ingesta de bebidas alcoh¨®licas que transforman en "irascible" su conducta y le llevan incluso a "confundir personas y delitos".

La informaci¨®n parte del expediente del propio Consejo. Vista su reacci¨®n, es evidente que el Poder Judicial hubiese preferido que no se publicase. Mejor el silencio que la informaci¨®n al ciudadano. Mejor reunirse plenariamente para acusar de vejatoria la publicaci¨®n de su propio informe que hacerlo para tratar con urgencia el caso de esta juez de la que un fiscal asegura que "confunde personas y delitos". Deber¨ªa preguntarse el Consejo si es moralmente aceptable que un periodista en posesi¨®n de esta informaci¨®n no la publique, si acaso las dudas fundadas sobre la capacidad de la juez Cill¨¢n y su gobierno no son hechos de inter¨¦s p¨²blico que trascienden absolutamente el umbral de la intimidad. ?Acaso no es ella misma una funcionaria con unos poderes extraordinarios y que lleva una de las causas m¨¢s graves de la historia de la democracia? ?No es relevante para la ciudadan¨ªa saber lo que dicen los fiscales y funcionarios que tratan con ella en el ¨¢mbito de su trabajo p¨²blico? ?No es obligaci¨®n de la Administraci¨®n rendir cuentas sobre el cumplimiento escrupuloso de las normas por parte de los jueces? As¨ª ser¨ªa en un pa¨ªs donde el Poder Judicial situase el inter¨¦s del ciudadano por encima del suyo propio. Que cada uno juzgue si esto ocurre en Espa?a. Mientras tanto, los periodistas cumpliremos con nuestro deber: informar verazmente de los hechos que consideremos relevantes y de inter¨¦s p¨²blico.