El Gobierno impulsa la ley contra la morosidad en las operaciones comerciales

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisi¨®n a las Cortes Generales del proyecto de ley de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas o entre ¨¦stas y la Administraci¨®n, en las que fija el plazo de pago de las transacciones en 30 d¨ªas e impone tipos de inter¨¦s elevados a los morosos.

El objetivo de este normativa es combatir los efectos negativos derivados de los plazos de pago excesivamente largos y la morosidad en las deudas, por lo que la nueva ley atajar¨¢ las consecuencias negativas para las empresas acreedoras, al reducir los plazos e incrementar los intereses de demora.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, ha explicado durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la ley pretende "afianzar la buena pr¨¢ctica de pagar cuando uno se ha comprometido a pagar". "Hay que evitar los abusos que sufren los provedores de grandes empresas", ha asegurado.

Este proyecto de ley, que transpone al derecho espa?ol la Directiva Comunitaria de 29 de junio de 2000 referente a esta materia, se configura como una herramienta eficaz para atajar esos efectos negativos, especialmente en las peque?as y medianas empresas, que ven muy deteriorada su rentabilidad por una situaci¨®n como la actual, que a veces resulta ventajosa econ¨®micamente para los deudores.

S¨®lo operaciones comerciales

En concreto, la nueva normativa se limita a los pagos efectuados como contraprestaci¨®n en operaciones comerciales entre empresas y entre ¨¦stas y la Administraci¨®n.

De esta manera, excluye las transacciones en las que intervengan consumidores, los intereses relacionados con otros pagos (cheques, pagar¨¦s y letras de cambio), pagos de indemnizaciones por da?os, operaciones financieras y deudas sometidas a procedimientos concursales incoados por el deudor.

Con el fin de luchar la morosidad, la nueva ley contempla cinco medidas. La primera es la reducci¨®n de los plazos de pago, por la que se fija un periodo m¨¢ximo de 30 d¨ªas para el cobro si no hay pacto entre las partes. En la actualidad, seg¨²n las encuestas manejadas por la Comunidad Europea, el plazo de pago medio correspondiente a Espa?a alcanza los 68 d¨ªas.

Otra de las medidas es el devengo autom¨¢tico de los intereses de demora, de manera que una vez transcurrido el plazo establecido para el pago, el deudor estar¨¢ obligado a abonar el inter¨¦s fijado autom¨¢ticamente, sin necesidad de un vencimiento o intimaci¨®n alguna por parte del acreedor.

Una "notable elevaci¨®n" de los intereses de demora es otra medida cuyo objetivo es incentivar el pago en plazo y erradicar una situaci¨®n en la que a veces resulta m¨¢s ventajoso para los morosos retrasar esos pagos. El nuevo inter¨¦s aplicado ser¨¢ el resultado de sumar siete puntos porcentuales al tipo b¨¢sico fijado por el Banco Central Europeo.

Asimismo, la normativa incluye la posibilidad de reclamar a los deudores una indemnizaci¨®n razonable que cubra los costos de cobro, con el fin de compensar los efectos negativos de la morosidad en los acreedores. En concreto, tendr¨¢n el derecho de reclamar una indemnizaci¨®n razonable y se establece un l¨ªmite del 15% de la cuant¨ªa de la deuda.

La ¨²ltima medida es la prohibici¨®n de cl¨¢usulas abusivas y posibilidad del juez de modificar los acuerdos si ¨¦stos resultan manifiestamente perjudiciales para el acreedor.

En concreto, la ley recoge las condiciones para que el principio de libertad de contrataci¨®n no ampare pr¨¢cticas abusivas que perjudiquen al acreedor, mediante la imposici¨®n de cl¨¢usulas que permitan plazos de pago m¨¢s amplios o tipos de inter¨¦s de demora inferiores a los que la propia ley establece, por lo que el juez podr¨¢ modificar estos acuerdos si resultan manifiestamente abusivos.

Esta medida es una antigua reivindicaci¨®n de las peque?as y medianas empresas por la desigual posici¨®n en la que se encuentran frente a las grandes empresas para negociar los pagos y los intereses de demora.