Nuevas reglas de juego para las licencias

"Ped¨ª la licencia para un negocio en marzo de 2008 y no tuve noticias hasta mayo de 2009 cuando me llamaron porque faltaba documentaci¨®n. Con este retraso tenemos que acabar abriendo en la m¨¢s absoluta ilegalidad", se lamentaba un hostelero madrile?o. A partir del uno de abril, conseguir una licencia de actividad en Madrid ser¨¢ m¨¢s r¨¢pido, o eso pretende el Ayuntamiento con una nueva ordenanza aprobada en junio en la que se da entrada a la participaci¨®n empresas privadas, las entidades colaboradoras en la gesti¨®n de las licencias (ECLU).

La semana pasada dio un paso m¨¢s en el nuevo modelo de gesti¨®n, que intenta evitar situaciones como la que denuncia el hostelero, al crear la Agencia para la Gesti¨®n de Licencia de Actividades, oficina ¨²nica que se ocupar¨¢ de la gesti¨®n, inspecci¨®n y disciplina de las licencias de actividades o negocios.

Tres de 27 entidades colaboradoras que est¨¢n realizando el curso han sido creadas por colegios profesionales

Hasta 500 millones puede suponer a los establecimientos de ocio madrile?os someterse a revisar la licencia cada siete a?os

La Agencia nace para garantizar y controlar el funcionamiento de las ECLU y se espera que se aprueben sus estatutos en el pleno de febrero. Este organismo aut¨®nomo absorber¨¢ las competencias en esta materia que se repart¨ªan el ?rea de Urbanismo y Vivienda, la de Medio Ambiente y las juntas de distrito. Hasta el uno de junio no tendr¨¢ las de inspecci¨®n, sanci¨®n y disciplina de las actividades.

El Consistorio s¨®lo tramitar¨¢ las solicitudes que se presenten con el certificado de las ECLU. Estas entidades acreditar¨¢n que la actividad se ajusta al ordenamiento pero la concesi¨®n de la licencia seguir¨¢ siendo competencia municipal.

El plazo de presentaci¨®n a la Entidad Nacional de Acreditaci¨®n (ENAC) para recibir autorizaci¨®n operativa expir¨® el pasado 15 de octubre y los cursos de formaci¨®n que da el Consistorio han comenzado este mes y acabar¨¢n en marzo. De las 38 aspirantes han obtenido el visto bueno 27. Inicialmente, s¨®lo atender¨¢n los tr¨¢mites m¨¢s simples y no estar¨¢n plenamente operativas hasta enero de 2011.

Tres de las sociedades presentadas han sido creadas por colegios profesionales: I2U2, por el de ingenieros industriales; ECITI, por el de ingenieros t¨¦cnicos industriales y Sociedad T¨¦cnica de Tramitaci¨®n, por el de Aparejadores. Ha quedado fuera la solicitud del colegio de Arquitectos (COAM) que se present¨® como instituci¨®n. Su decana, Paloma Sobrini, considera que "no deben ser empresas privadas con ¨¢nimo de lucro quienes tengan competencia para emitir los informes, actuaci¨®n que los colegios profesionales vienen haciendo desde hace m¨¢s de 70 a?os".

Sobrini, considera que el problema, en todo caso, no es quien supervise un proyecto, sino que la normativa actual es incumplible por contradictoria. "Es pr¨¢cticamente imposible abrir un negocio en Madrid. El 80% de la econom¨ªa se sustenta sobre empresas de menos de 20 empleados. Pues bien, para el 90% es imposible conseguir una licencia. Buena parte de los establecimientos carecen de ella, con el riesgo que eso comporta".

No es la ¨²nica detractora. Junto al COAM presentaron tambi¨¦n recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) los colegios de Gestores Administrativos, Ingenieros Industriales y el de Ingenieros T¨¦cnicos Industriales. Tambi¨¦n la Plataforma Empresarial por la Calidad de Ocio y Turismo, la oposici¨®n socialista y la Comunidad de Madrid. A juicio del gobierno regional, la ordenanza carec¨ªa de respaldo legal; respaldo que le otorg¨® en diciembre tras una enmienda del grupo popular a la Ley de Medidas Liberalizadoras regional que, seg¨²n el diputado del PSOE, Antonio Fern¨¢ndez Gordillo supone "privatizar el urbanismo".

Aunque con absoluto acuerdo con el modelo de las ECLU y la Agencia que califica de "paso de gigante en la agilidad y transparencia", el concejal presidente de la Junta de distrito de Villa de Vallecas, ?ngel Garrido del PP, sostiene que la descentralizaci¨®n que suponen las juntas permite dar mejor servicio al ciudadano.

Desde la bancada contraria, el portavoz del PSOE David Lucas, afirma que, "en lugar de fortalecer las juntas de distrito que hacen una gesti¨®n cercana al ciudadano, la ordenanza las deja casi sin competencias, algo llamativo cuando muchas atienden a mayor poblaci¨®n que muchos municipios".

Una disposici¨®n de esta ordenanza contempla que si su aplicaci¨®n acarreara un mayor coste, ¨¦ste se detraer¨ªa del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO) o de las tasas de licencias. Pero el portavoz del PSOE no lo ve claro: "no garantiza a futuro que las ordenanzas fiscales municipales modifiquen elementos esenciales de los tributos para compensar a estas entidades". El encarecimiento no ser¨¢ s¨®lo para el ciudadano de forma directa. "Crear una nueva estructura como la agencia es un gasto".

El PSOE mantiene que la ordenanza no tiene cobertura legal para crear obligaciones al ciudadano como la de que, para ejercer el derecho a pedir una licencia, cuente con un certificado previo expedido necesariamente por una entidad privada, pagar una tarifa para obtenerlo o someterse a un control peri¨®dico de actividades. Cayetano Prieto, del departamento jur¨ªdico del Ayuntamiento, aclara que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permite a las ordenanzas municipales ampliar su capacidad de innovar el ordenamiento jur¨ªdico.

Por otra parte, Lucas desmiente que los plazos de tramitaci¨®n se vayan a acortar porque hay superposici¨®n entre la ordenanza nueva y la de 2004.

Revisi¨®n cada siete a?os

Las ECLU verificar¨¢n cada siete a?os que el ejercicio de las actividades (cafeter¨ªas, restaurantes...) se ajusta a normativa de la licencia concedida. Y este es el punto que hizo ponerse en pie de guerra a la Plataforma Empresarial por la Calidad del Ocio y el Turismo de Madrid que agrupa a hosteleros y empresarios de ocio.

Su portavoz, Javier Zamora, cuantifica el impacto econ¨®mico para un sector que acusa lo peor de la crisis de esa revisi¨®n extra. "Si hay 24.000 locales de hosteler¨ªa en Madrid (un 60% de los 40.000 en la Comunidad de Madrid) cada revisi¨®n de las ECLU costar¨¢ unos 1.500 euros por local. Y cada proyecto t¨¦cnico unos 4.000 euros y la obra correspondiente otros 20.000 de media. Unos 500 millones euros". Por otra parte, "es un nuevo control a a?adir a los trimestrales, anuales, mensuales y quinquenales. Bastante tenemos con intentar sobrevivir", indica Zamora para quien la nueva ordenanza se aleja de la Directiva europea de Servicios.

17.000 licencias pendientes

Estas empresas privadas permitir¨¢n que el funcionario reciba s¨®lo expedientes completos, pero tiene que recabar informes a otros departamentos para asegurar la prevenci¨®n de incendios, requisitos medioambientales, protecci¨®n de patrimonio, seguridad, salud... Para la apertura de un hotel, el listado de preceptos a cumplir contiene 13 normas entre decretos, leyes y ordenanzas, desde el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana y el C¨®digo T¨¦cnico de la Edificaci¨®n, pasando por la prevenci¨®n de incendios, protecci¨®n del medio ambiente o accesibilidad, tal como se ve en la documentaci¨®n que dan los informadores urban¨ªsticos que atienden al ciudadano en cada junta de distrito, ma?ana y tarde.

"Estas exigencias legales dan mayor seguridad al empresario y al ciudadano pero abren el debate de si queremos un modelo de funcionamiento como el anglosaj¨®n: el empresario asume los riesgos y s¨®lo despu¨¦s de abierto el local es inspeccionado", anota Cayetano Prieto.

De momento, en mayo hab¨ªa casi 17.800 solicitudes pendientes de resoluci¨®n y quejas de actuaciones irregulares que se destaparon con el caso Guateque. Al otro lado de la ventanilla, el Consistorio acumula unos 300 folios impresos por las dos caras con fallos u omisiones en la documentaci¨®n presentada. "Hay salidas de emergencia que abren en el sentido contrario de la evacuaci¨®n", comentan en el Consistorio.