Montoro cerca las cuentas municipales

El Gobierno ha forzado la m¨¢quina para ofrecer una v¨ªa de escape a los Ayuntamientos, que acumulan miles de millones de euros en deudas con sus proveedores. Y que, a diferencia de las comunidades aut¨®nomas, apenas tienen margen para captar financiaci¨®n externa. En menos de un mes, el Ejecutivo ha aprobado dos decretos ley y ha cerrado una intensa negociaci¨®n con la banca. Pero la contrapartida al cr¨¦dito de 20.000 millones con el que las entidades locales pagar¨¢n sus facturas (se han recabado otros 15.000 para las comunidades) ser¨¢ severa: las cuentas municipales podr¨¢n ser revisadas por la Intervenci¨®n General del Estado, a la que se le da incluso la potestad de encargar ¡°actuaciones de control¡± a auditor¨ªas privadas.

Desde el principio, el Gobierno ha ligado este plan de auxilio a que los Ayuntamientos garanticen que tendr¨¢n recursos para devolver los pr¨¦stamos, que cuentan con el aval estatal. Por esa raz¨®n, las entidades locales deben presentar planes de ajuste antes de final de mes. Y ha aprovechado cada nueva norma para blindarse ante la eventualidad de retrasos o impagos. El primer decreto ley, aprobado hace dos semanas, y convalidado este jueves en el Congreso, desvelaba que el Ministerio de Hacienda podr¨ªa retener la participaci¨®n en los ingresos tributarios del Estado a los municipios que no realicen esos planes o los incumplan.

Los planes de ajuste forzar¨¢n a los Ayuntamientos a reducir gastos o elevar sus tasas para garantizar el pago de los pr¨¦stamos. Pero el Gobierno, adem¨¢s, ha desarrollado un sistema de alarma temprana para detectar esos posibles incumplimientos cuanto antes. Un sistema que implica una vigilancia mucho m¨¢s estrecha sobre las cuentas municipales.

Los interventores locales

El sistema se detalla en el segundo decreto ley, publicado ayer por el Bolet¨ªn Oficial del Estado. El decreto regula la creaci¨®n del fondo estatal que aglutinar¨¢ la operaci¨®n financiera. Pero dedica parte del texto a desarrollar el exhaustivo seguimiento del plan de ajuste. El interventor municipal deber¨¢ informar, cada a?o, sobre si la ejecuci¨®n de ese plan permite lograr los recursos necesarios para pagar los cr¨¦ditos. En el caso de las capitales y los municipios de m¨¢s de 75.000 habitantes, que concentran buena parte de la deuda con proveedores , el informe deber¨¢ ser trimestral.

El interventor municipal tendr¨¢ poco margen de interpretaci¨®n: Hacienda elaborar¨¢ un reglamento para definir los contenidos de su informe. Y el pleno de la corporaci¨®n local se limitar¨¢ a hacer acuse de recibo del documento, sin m¨¢s.

El Gobierno puede entender que el informe de seguimiento no es suficiente para comprobar la situaci¨®n de las cuentas municipales. ¡°Con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de endeudamiento concertadas¡±, se podr¨¢ someter a los Ayuntamientos a ¡°actuaciones de control por parte de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado¡±, a?ade la nueva norma.

El Gobierno adelanta la mitad de la liquidaci¨®n de las cuentas de 2010

La Intervenci¨®n General del Estado decidir¨¢ qu¨¦ controles realizar sobre las cuentas municipales ¡°en funci¨®n del riesgo que se derive del resultado de la valoraci¨®n de los informes de seguimiento¡±. Y, para desarrollar esas actuaciones de control, ¡°podr¨¢ recabar la colaboraci¨®n de otros ¨®rganos p¨²blicos y de empresas privadas de auditor¨ªa¡±. En todo caso, los auditores privados deber¨¢n ajustarse ¡°a las normas e instrucciones que determine¡± la Intervenci¨®n.

Con el resultado del informe del interventor municipal, y de los controles de la Intervenci¨®n del Estado en los casos que as¨ª se decida, el Gobierno obtendr¨¢ los datos necesarios para saber si el Ayuntamiento puede, o no, pagar el pr¨¦stamo. En caso negativo, tendr¨¢ base para exigir al gobierno municipal un ajuste mayor. Con la fuerza que le da la posibilidad de retener la participaci¨®n en ingresos tributarios del Estado en caso de que el impago se materialice.

Las nuevas disposiciones reabren el debate sobre la injerencia estatal en el gobierno de los Ayuntamientos. El decreto para agilizar el pago a los proveedores cont¨® con el respaldo de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) y de buena parte del arco parlamentario (adem¨¢s del PP, votaron a favor PSOE, CiU y UPyD). Pero los alcaldes criticaron que no se contara con la corporaci¨®n municipal para aprobar el plan de ajuste.

El segundo decreto asume esa preocupaci¨®n de los regidores, al especificar que la elaboraci¨®n y aprobaci¨®n del plan de ajuste corresponde a la corporaci¨®n local y su pleno. Pero, al mismo tiempo, abre la puerta a un control exhaustivo de sus cuentas por la Administraci¨®n central. Para compensar, la norma incluye otro gesto para aliviar la situaci¨®n l¨ªmite de los municipios: Hacienda anticipar¨¢ ¡°de oficio¡± el 50% de la liquidaci¨®n definitiva de la participaci¨®n en tributos del Estado que ¡°resulten en favor de las entidades locales¡± correspondientes a 2010. La liquidaci¨®n definitiva suele realizarse a finales de a?o.?