Hacienda prev¨¦ rebajas de sueldos y despidos en los planes municipales
Montoro pide explicaciones a los 4.622 alcaldes que se han acogido al plan de pago a proveedores El modelo incluye un cat¨¢logo de 23 medidas de gastos e ingresos
El Ministerio de Hacienda contempla que los 4.622 alcaldes que se han acogido al plan de pago a proveedores puedan despedir a trabajadores municipales o rebajarles el sueldo para sanear sus cuentas. El ¡°modelo del plan de ajuste¡±, que los Ayuntamientos tienen que remitir a Hacienda para garantizar su estabilidad presupuestaria, incluye un formulario con 23 medidas de ingresos y gastos. El Gobierno quiere garant¨ªas sobre las decisiones que adoptar¨¢n los alcaldes para equilibrar sus presupuestos.
?El minucioso modelo, dise?ado por la Secretar¨ªa de Estado de Administraciones P¨²blicas y publicado el pasado viernes en el Bol¨¦t¨ªn Oficial del Estado (BOE), requiere a los Ayuntamientos para que precisen, entre otros conceptos, ¡°la reducci¨®n de costes de personal (reducci¨®n de sueldos o efectivos)¡±. Y eso a pesar de que el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, asegur¨® la semana pasada que el plan para pagar a proveedores ¡°permitir¨¢ crear o salvaguardar entre 75.000 y 100.000 empleos p¨²blicos¡±.
El titular de Hacienda tambi¨¦n se?al¨® que ¡°no se va a destruir empleo p¨²blico, ni se va a bajar el sueldo de los funcionarios¡±. Aunque alud¨ªa al efecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y se refer¨ªa a los trabajadores de la Administraci¨®n central, lo cierto es que al incluir este requerimiento en el modelo oficial que deben completar los Ayuntamientos deja la puerta abierta a esta medida.
Otra de las partidas que deben precisar los municipios consiste en valorar la ¡°regulaci¨®n de las cl¨¢usulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso¡±. Es decir, ya prev¨¦ las posibles consecuencias sobre las plantillas municipales de la nueva reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que contempla despidos procedentes con la indemnizaci¨®n m¨¢s baja en caso de insuficiencia presupuestaria. Los alcaldes tambi¨¦n deben cuantificar el impacto de la ¡°reducci¨®n del n¨²mero de personal de confianza y su adecuaci¨®n al tama?o de la entidad local¡±. O el ahorro que supondr¨¢ ¡°la regulaci¨®n de r¨¦gimen laboral y retributivo de las empresas p¨²blicas considerando aspectos como el sector de actividad, volumen de negocio o percepci¨®n de fondos p¨²blicos¡±.
El formulario oficial establece tanto medidas de ajuste de gastos como de ingresos. Los datos reclamados por Hacienda en el apartado de ingresos pueden dar pistas sobre c¨®mo afrontar¨¢ el Gobierno el espinoso ajuste fiscal de este a?o, por un importe total de 17.500 millones de euros. Hacienda pide a los municipios que especifiquen las ¡°subidas tributarias, supresi¨®n de exenciones y bonificaciones voluntarias¡±.
El Gobierno quiere conocer las ¡°subidas tributarias¡± de los Ayuntamientos
Toda esta informaci¨®n ser¨¢ la que tengan que remitir al Ministerio los 4.622 Ayuntamientos que presentaron el pasado jueves 1.931.976 facturas pendientes de pago, por un importe de 9.584 millones de euros, ante Hacienda. Ante la avalancha de informaci¨®n por parte de los municipios, el Ministerio recurri¨® al sistema inform¨¢tico utilizado por el anterior Ejecutivo socialista para el Fondo Estatal de Inversiones Locales (FEIL), conocido como Plan E.
El Ministerio dispone ahora de dos semanas para revisar y valorar toda la informaci¨®n remitida por los Ayuntamientos. Una vez que el Gobierno valide todos los planes de ajuste, los proveedores podr¨¢n comenzar a cobrar sus facturas. Est¨¢ previsto que puedan hacerlo a partir de mayo. Adem¨¢s, los interventores municipales deber¨¢n entregar anualmente un informe sobre el cumplimiento del plan de ajuste. En caso de incumplimiento, el Estado podr¨¢ retener parte de las transferencias que realiza a los Ayuntamientos.
El formulario oficial pide conocer la cifra del personal de confianza despedido
El plan de pago a proveedores, en el que participar¨¢n todas las entidades financieras, incluido el ICO, ha puesto a disposici¨®n de los Ayuntamientos una l¨ªnea de cr¨¦dito de 35.000 millones de euros para pagar las facturas pendientes de Ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas. Los responsables de Hacienda esperaban que acudieran a este mecanismo de financiaci¨®n la pr¨¢ctica totalidad de los municipios con una deuda pendiente de 17.000 millones, aunque finalmente solo se han acogido poco m¨¢s de la mitad de los Consistorios, con facturas pendientes por 9.584 millones.
Este instrumento permite que los proveedores puedan cobrar sus facturas directamente a trav¨¦s del Fondo para la Financiaci¨®n de Pago a Proveedores, creado a tal efecto. Los Ayuntamientos deber¨¢n pagar un tipo de inter¨¦s pr¨®ximo al 5% y tendr¨¢n 10 a?os para amortizar el pr¨¦stamo, con dos a?os de carencia. El Ministerio de Econom¨ªa y Competitividad aportar¨¢ hasta 6.000 millones de euros a ese fondo, de los que 1.500 millones los depositar¨¢ este mismo a?o.
Financiaci¨®n de competencias impropias
El formulario oficial aprobado y publicado en el BOE por el Gobierno incluye 14 apartados sobre la financiaci¨®n de los servicios p¨²blicos que prestan los Ayuntamientos.
Los alcaldes que se haya acogido al plan de pago a proveedores deben remitir a Hacienda un plan de viabilidad para sanear las cuentas. En ¨¦l deben detallar como financiaci¨®n servicios p¨²blicos b¨¢sicos de su competencia como el abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado,? recogida de basuras, tratamiento de residuos s¨®lidos... Los Ayuntamientos deben precisar la forma de financiar estos servicios [si es mediante tasas, precios p¨²blicos y otros] y su impacto financiero durante los pr¨®ximos diez a?os.
Los Consistorios tambi¨¦n deber¨¢n detallar el coste y la forma de mantener los servicios impropios como los hospitalarios, los educativos, servicios sociales y asistenciales, culturales... El exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, calcul¨® que la capital destina m¨¢s de 1.300 millones de euros a financiar servicios impropios.
Este modelo del plan de viabilidad tiene que ser elaborado y aprobado por el pleno municipal y contar con el visto bueno del interventor de la administraci¨®n local. Los alcaldes deber¨¢n determinar en el formulario el coste de los servicios de protecci¨®n civil, transporte colectivo urbano de viajeros y de gesti¨®n urban¨ªstica entre otros; y los ingresos liquidados o previstos por esos servicios. La idea de Hacienda es que los Ayuntamientos no presten m¨¢s servicios de los que se puedan permitir.
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