El IVA pasa factura a la Seguridad Social

Mariano Rajoy tiene muy dif¨ªcil mantener su ¨²ltima promesa. ¡°No tengo intenci¨®n de bajar las pensiones el a?o que viene. Ser¨ªa la ¨²ltima partida presupuestaria que yo tocar¨ªa¡±, declar¨® el presidente del Gobierno despu¨¦s del ¨²ltimo Consejo de Ministros antes de irse de vacaciones. Pero sus propias decisiones en los ¨²ltimos meses se lo van a poner muy dif¨ªcil. El copago farmac¨¦utico, la subida del IVA, la de las tasas universitarias o de los peajes de las autopistas empujan a los precios al alza (el IPC fue en julio el 2,2%), y m¨¢s que lo har¨¢n a la vuelta del verano. As¨ª que cuando en noviembre llegue el momento de hacer n¨²meros, la subida del 1% de las pensiones a comienzos de a?o se demostrar¨¢ insuficiente y la Seguridad Social tendr¨¢ que rascarse el bolsillo ¡ªy mucho¡ª si el Gobierno quiere evitar que los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

El 1 de julio entr¨® en vigor el aumento del copago de los medicamentos. Y a partir de ahora el ¨ªndice de precios al consumo (IPC) no dar¨¢ tregua. Con el nuevo curso escolar, subir¨¢n de las tasas universitarias. Y a partir de septiembre, el mayor golpe de todos: el aumento del IVA.

¡°La pr¨®xima subida del IVA se trasladar¨¢ de forma significativa al IPC¡±, explica el Instituto Flores de Lemus. Seg¨²n los c¨¢lculos de este servicio de estudios de la Universidad Carlos III, uno de los m¨¢s prestigiosos estudiando el comportamiento de los precios, el IPC anual en noviembre y diciembre ser¨¢ del 2,6%. Antes de conocer al detalle las subidas de impuestos su pron¨®stico era del 1,9%.

Funcas, el gabinete econ¨®mico de las cajas de ahorros, vaticina que los precios a finales de a?o crecer¨¢n un 2,7% o un 2,8%. Intermoney adelanta que cuando actualice sus vaticinios la inflaci¨®n se situar¨¢ cerca del 3%.

El nivel de precios que marque el IPC en noviembre se toma como referencia, seg¨²n la Ley General de la Seguridad Social, para determinar si la subida de pensiones dictada al comienzo de un a?o ha sido suficiente para evitar la p¨¦rdida de poder adquisitivo. Si no ha bastado, el instituto p¨²blico tiene que compensar a los jubilados. Para ello, la norma estipula que los pensionistas tienen que cobrar una paga extra que corrija el retraso acumulado y, adem¨¢s, que la mejora se consolide en la pensi¨®n del siguiente a?o.

Nada m¨¢s llegar a La Moncloa Rajoy aument¨® las pensiones un 1%. Pero los precios van a subir bastante m¨¢s y cumplir con lo prometido puede costarle a la Seguridad Social m¨¢s de 3.000 millones de euros.

Con aquella subida y la reiteraci¨®n de la promesa, Rajoy trataba de poner distancia con Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, que congel¨® las pensiones en 2011 (lo hizo suspendiendo la ley mediante el decreto de recortes de mayo de 2010). Los recortes que ha aplicado el PP en los ocho meses que lleva en el poder superan holgadamente los tijeretazos del PSOE. Sin embargo, la dura oposici¨®n de Rajoy a aquella congelaci¨®n ¡ªen t¨¦rminos reales, una rebaja de pensiones¡ª ha convertido en anatema cualquier p¨¦rdida de poder adquisitivo de los jubilados.

Pero mantener el tab¨² intacto saldr¨¢ muy caro. Conocedores de las cuentas de la Seguridad Social explican que cada d¨¦cima que los precios crezcan por encima del 1%, cuestan m¨¢s de 200 millones al sistema (100 correspondientes a la paga extra, que se cargan contra los presupuestos de este a?o, y otros 100 por la consolidaci¨®n). Si se tiene en cuenta el pron¨®stico del Instituto Flores de Lemus para noviembre (2,6%), eso supone que la factura ascender¨¢ a unos 3.300 millones, un desembolso r¨¦cord por la revalorizaci¨®n.

Para la Seguridad Social pagar en 2012 la cantidad adicional (1.650 millones ya que solo la mitad se imputa en el presupuesto de este a?o), es todo un reto. Los gastos suben a un ritmo del 4,3% en lo que va de a?o, bastante por encima de lo presupuestado. Entre tanto, los ingresos ¡ªlastrados por la ca¨ªda del empleo y el aumento de los aplazamientos de pago concedidos a empresas¡ª caen 4,1%, cuando el Gobierno esperaba que crecieran. Solo con estos dos datos ya se puede avanzar que el instituto p¨²blico cerrar¨¢ el a?o en n¨²meros rojos, que se agrandar¨¢n si Rajoy mantiene su promesa.

Adem¨¢s, hay varios s¨ªntomas que muestran que el instituto p¨²blico puede verse abocado este mismo a?o a sufrir grandes tensiones de tesorer¨ªa, sobre todo en diciembre y enero (en dos meses en tendr¨¢ que desembolsar m¨¢s de 22.000 millones sin tener en cuenta la paga compensatoria). El mismo secretario de Estado de la Seguridad Social, Tom¨¢s Burgos, lo ha admitido. Una de esas se?ales es que Empleo acaba de dictar dos resoluciones para acceder al dinero sobrante durante a?os en la gesti¨®n de las mutuas de accidentes laborales (m¨¢s de 4.000 millones).

Otro de los s¨ªntomas se puede observar al analizar el avance de la ejecuci¨®n presupuestaria hasta junio. En la primera mitad del a?o, el Ministerio de Hacienda ha transferido mucho m¨¢s dinero (4.400 millones) al servicio p¨²blico de empleo para pagar el seguro contra el paro de lo que transfiri¨® en 2011. En ejercicios anteriores, dado que en la tesorer¨ªa de la Seguridad Social sobraba dinero, el pago de las prestaciones se hac¨ªa desde el instituto p¨²blico y al final del a?o se cuadraban las cuentas. Adem¨¢s, Hacienda ha adelantado 2.500 millones para el pago de pensiones.

La precaria situaci¨®n de las cuentas de la Seguridad Social ha llevado al Gobierno a asumir, entre 2012 y 2013, los complementos a las pensiones m¨ªnimas (m¨¢s de 7.000 millones). Y, pese a todas estas l¨ªneas de apoyo, es posible que no sea suficiente. Rajoy tiene opciones, pero ninguna tiene f¨¢cil explicaci¨®n pol¨ªtica.

A instancias de Bruselas, el Gobierno pretende definir el factor de sostenibilidad de las pensiones ¡ªque liga edad de jubilaci¨®n, cuant¨ªa de las pensiones y revalorizaci¨®n a la esperanza de vida y condiciones econ¨®micas¡ª mucho antes de lo previsto (2027). Aplicarlo ya ser¨ªa un paso radical. Echar mano del Fondo de Reserva de las Pensiones (68.000 millones) o congelar las pensiones depende tambi¨¦n de la voluntad de Rajoy, por mucho que la Ley General de la Seguridad Social dicte que se tiene que mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.