M¨¢s de 223.000 personas rechazan la publicidad y el 80 por ciento la propaganda por tel¨¦fono

Mestre ha se?alado que de los 223.134 inscritos que hay hasta el mes de agosto, 177.067 consumidores lo est¨¢n para no recibir propaganda a trav¨¦s del tel¨¦fono, fijo o m¨®vil, lo que significa que este canal de publicidad es el que m¨¢s molesta a los ciudadanos, por encima de los mensajes o los SMS telef¨®nicos, los correos electr¨®nicos o el correo postal.

Madrid y Barcelona son las ciudades que tienen m¨¢s personas inscritas, mientras que Teruel, ?vila y Soria son las que cuentan con menos presencia en la lista, y por sexos, predominan un poco m¨¢s las mujeres, que suponen un 53 % de los inscritos.

A trav¨¦s de Internet, cualquier persona puede inscribirse en la Lista Robinson de forma gratuita y se?alar el canal a trav¨¦s del cual no desea recibir publicidad de entidades con las que no mantiene ni haya mantenido alg¨²n tipo de relaci¨®n.

Seg¨²n Mestre, se pueden se?alar todos los canales o s¨®lo los que m¨¢s molestan y los datos constatan que lo que peor tolera la gente, por lo que invaden, son las llamadas telef¨®nicas.

En este sentido, ha puntualizado que se da el caso de que cuando las operadoras ponen en marcha campa?as de propaganda agresiva a trav¨¦s del tel¨¦fono, es cuando m¨¢s crece el n¨²mero de personas que se apuntan a la Lista Robinson, "porque a los ciudadanos les molestan mucho las llamadas a horas intempestivas y que interfieren en su vida para ofrecerles algo que no han solicitado".

Contra el correo postal se han dado de alta en la lista hasta ahora 98.566 personas, contra los SMS o mensajes de tel¨¦fono 93.658 y 89.388 personas no quieren recibir correos electr¨®nicos publicitarios.

El director de Desarrollo Corporativo de la Lista Robinson, C¨¦sar Tello, ha informado de que, desde el a?o 2009, las entidades tienen la obligaci¨®n de consultar la Lista Robinson, que est¨¢ gestionada por la Asociaci¨®n Espa?ola de la Econom¨ªa Digital, antes de enviar comunicaciones comerciales.

Las empresas tienen tambi¨¦n la obligaci¨®n de excluir a las personas que est¨¢n inscritas en ella, ya que su objetivo principal es garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades p¨²blicas y los derechos fundamentales de las personas.

En el plazo m¨¢ximo de tres meses, las personas inscritas dejan de recibir propaganda, pero si esto no sucede y la siguen recibiendo, el ciudadano puede denunciarlo a la Agencia de Protecci¨®n de Datos (APD), que es la que tutela el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

Tello ha a?adido que cuando se constata que hay una vulneraci¨®n del derecho a la protecci¨®n de datos de una persona, la APD abre un expediente informador y si procede sancionador, con multas que pueden alcanzar hasta los 60.000 euros.