El Gobierno propone retrasar la jubilaci¨®n anticipada a 63 a?os

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tom¨¢s Burgos, ha comparecido este jueves ante la Comisi¨®n de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso para dar cuenta de las recomendaciones del Gobierno en materia de reforma de pensiones, proponiendo retrasar la jubilaci¨®n anticipada a los 63 a?os y asumir que la compatibilidad entre la jubilaci¨®n y el mantenimiento del trabajo sea un principio general del sistema.

En una largu¨ªsima intervenci¨®n, Burgos ha se?alado que uno de cada dos ciudadanos se jubilan de manera anticipada, por lo que el retraso progresivo hasta 2027 de la edad legal de retiro a los 67 a?os "no servir¨¢ de mucho" si se mantiene esa situaci¨®n. "Incrementar la edad legal sin actuar sobre otros elementos har¨¢ que ese porcentaje (de jubilaciones anticipadas) se incremente en mucha mayor medida", ha avisado.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Ejecutivo propone "acotar" las dos modalidades de jubilaci¨®n anticipada y fijar en los 63 a?os ese umbral, dejando en los 61 a?os a los trabajadores de empleos "penosos, peligrosos, t¨®xicos" y a los discapacitados. En esta l¨ªnea, ha instado tambi¨¦n a "reflexionar" sobre la jubilaci¨®n anticipada en el sector p¨²blico.

Coeficientes de reducci¨®n

A rengl¨®n seguido, Burgos ha afirmado que quienes m¨¢s se acogen a la jubilaci¨®n anticipada son las personas con salarios m¨¢s altos, lo que les garantiza pensiones casi un 9% superiores a quienes cumplen toda la vida laboral. Esto impacta en el coste para la Seguridad Social, que entre 2005 y 2011 se increment¨® un 87%, pasando de 101,6 a 189,9 millones este gasto. "Son costes excesivos, y lo ser¨¢n mucho m¨¢s en el futuro", ha pronosticado.

Sin embargo, los coeficientes reductores no corrigen este fen¨®meno sino que incluso lo agravan en algunos casos, como con bases reguladoras altas, que tienen los mismos coeficientes que otras inferiores, con lo que "la pensi¨®n acaba siendo la misma pese a cotizar varios a?os" m¨¢s, lo que act¨²a de "incentivo para el abandono prematuro" del mercado laboral.

Por eso, Burgos ha defendido que no sean "directamente proporcionales al n¨²mero de a?os de anticipo de la edad de jubilaci¨®n, que s¨®lo sean aplicables a partir de un n¨²mero de a?os cotizados, que se puedan reducir conforme aumenta ese periodo pero que no haya saltos por peque?as diferencias". Adem¨¢s, cree que "el anticipo de la jubilaci¨®n debe calcularse sobre la edad legal" y sobre la base reguladora --para no beneficiar a las m¨¢s altas--. "Es posible un sistema m¨¢s equitativo que ahorre recursos", ha asegurado.

En este sentido, ha dicho que se mantendr¨¢n las modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de las prestaciones para quienes se hayan acogido a jubilaciones anticipadas no voluntarias por EREs o convenios, y s¨®lo se modificar¨¢n los coeficientes reductores y su c¨¢lculo.

El Gobierno tambi¨¦n plantea dar cumplimiento a recomendaciones del Pacto de Toledo y la CE para fomentar la "compatibilizaci¨®n" entre la pensi¨®n y el trabajo, que hoy est¨¢ "muy restringida" y desincentiva la continuidad en el mercado laboral, con lo que Espa?a seguir¨¢ la senda de otros pa¨ªses europeos cuyas tasas de ocupaci¨®n de mayores quedan "muy lejos" de las espa?olas y "con buenos resultados".

"Esto supone cambiar la incompatibilidad generalizada, y asumir como regla general la compatibilidad, siempre limitada y condicionada, desde la ¨®ptica del incentivo a la prolongaci¨®n de la vida laboral y de dar mayor capacidad de decisi¨®n al ciudadano", ha precisado Burgos, se?alando que por cada persona que prolonga su vida laboral hay siete que se jubilan anticipadamente y desligando la ocupaci¨®n de los mayores del paro juvenil. "No hay un n¨²mero de empleos a repartir", ha ironizado.

As¨ª, la idea es contar con "mecanismos flexibles" y "opciones m¨¢s amplias" para acogerse a esta opci¨®n, m¨¢s all¨¢ de posibilidades actualmente disponibles como la jubilaci¨®n demorada o la del trabajo agrario por cuenta propia, entre otras. En concreto, se propone que los trabajadores por cuenta propia y ajena, una vez cumplida la edad legal ordinaria de jubilaci¨®n y contando con el 100% del periodo de cotizaci¨®n necesario para acceder a la pensi¨®n, puedan seguir trabajando en el sector privado sin que se modifiquen las condiciones de su pensi¨®n.

No se cotizar¨ªa m¨¢s que por incapacidad temporal, enfermedades profesionales y accidente de trabajo, aunque "podr¨ªa habilitarse una cotizaci¨®n de solidaridad" para mejorar los ingresos de la Seguridad Social. La pensi¨®n que se percibir¨ªa en estas circunstancias ser¨ªa "un porcentaje a determinar, que podr¨ªa ser objeto o no de revalorizaci¨®n", si bien al finalizar la actividad se recuperar¨ªa "de forma ¨ªntegra".

"Con esta propuesta gana la persona, la sociedad y la Seguridad Social", ha dicho Burgos, sin precisar cu¨¢nto se podr¨ªa ahorrar ya que depender¨ªa de diversas variables.

Con respecto a la jubilaci¨®n parcial, que "se plante¨® como elemento de flexibilidad e incentivo para continuar en el mercado laboral", ha explicado que "ha devenido en una f¨®rmula espec¨ªfica de anticipo de jubilaci¨®n sin penalizaci¨®n". "Una f¨®rmula privilegiada con costes que recaen totalmente en la Seguridad Social", ha a?adido.

As¨ª, quienes se acogen a esta posibilidad "se ci?en a la jornada m¨ªnima exigida por la ley, que en muchos casos ni siquiera cumplen de forma efectiva", y adem¨¢s cuentan con pensiones medias un 17% superiores a las anticipadas y casi un 28% de las generales.

Dado que a juicio del PP la ley 27/2011 "no resulta suficiente" para corregir esta situaci¨®n, el Ejecutivo propone "adecuar la edad de acceso a la jubilaci¨®n parcial de forma acompasada con la edad legal", modificar la jornada laboral obligatoria para que llegue hasta el 50% (en lugar del actual 27%), dar un tratamiento espec¨ªfico o m¨¢s flexible en casos de contrato indefinido a jornada completa, prolongar la vigencia del contrato de relevo y establecer "cautelas" para evitar un uso "indebido", aumentar el periodo m¨ªnimo de cotizaci¨®n exigido a 33 a?os e incluso introducir coeficientes reductores.

Burgos ha insistido tambi¨¦n en diversas ocasiones en que el objetivo de estas propuestas no es ahorrar --aunque haya efectos positivos en este sentido-- ni resolver una situaci¨®n de crisis, sino hacer frente a los retos del sistema de cara al futuro, tales como el envejecimiento de la poblaci¨®n o el retraso en la entrada al mercado laboral.

"Las normas no son intocables ni los errores e ineficiencias han de ser arrastrados irremisiblemente", ha dicho, justificando que se toque la norma antes incluso de su entrada en vigor en que se han detectado "lagunas" que "por responsabilidad" hay que subsanar lo antes posible, a la espera de que llegue la verdadera soluci¨®n: la creaci¨®n de empleo y, con ello, de nuevos cotizantes.

Tambi¨¦n ha justificado esta postura pese al rechazo del PP a la ley 27/2011 en que esa norma "constru¨ªa la casa por el tejado" al retrasar la jubilaci¨®n sin intentar incentivar a la gente a continuar trabajando m¨¢s a?os, y ha abogado por repensar tambi¨¦n las bonificaciones a la contrataci¨®n, que eran ineficientes.

"La prolongaci¨®n de la vida laboral es condici¨®n necesaria para garantizar el sistema de pensiones. Vamos a pasar de un sistema en que un abuelo ten¨ªa cuatro nietos a uno en que un nieto tiene cuatro abuelos, y eso produce un cambio dr¨¢stico", ha dicho, ofreci¨¦ndose a negociar con el resto de partidos pol¨ªticos y asegurando que la intenci¨®n del Gobierno es que estos cambios se av¨ªen con celeridad porque "no ser¨ªa razonable por seguridad jur¨ªdica que se solapen aspectos que queremos modificar".

En cualquier caso, ha asegurado que "el escollo" para llegar a acuerdos no ser¨¢ que las modificaciones deban entrar en vigor el 1 de enero con la normativa original, sino que "no hay fechas estrictas de aprobaci¨®n".