La banca acuerda paralizar los desahucios por ¡°circunstancias de extrema necesidad¡±

La Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AEB) ha anunciado hoy que acepta la propuesta del Gobierno para frenar los desahucios en casos extremos, tal y como acordaron el viernes el Ejecutivo y el PSOE para hacer frente a la creciente presi¨®n social y el rechazo a las pr¨¢cticas de las entidades. "Ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios", la patronal afirma en un comunicado que ha alcanzado un compromiso por el que todos sus miembros paralizar¨¢n "los lanzamientos durante los dos pr¨®ximos a?os en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad¡±.

Por otro, las entidades financieras asociadas a la Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorros? (CECA), las antiguas cajas de ahorros, tambi¨¦n han anunciado que "suspenden la ejecuci¨®n de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades".

La banca no concreta en que consistir¨¢n estas circunstancias extremas. En cualquier caso, la medida no tendr¨¢ car¨¢cter retroactivo, por lo que no ser¨¢ aplicable a las hipotecas que est¨¢n en proceso de ejecuci¨®n. Seg¨²n datos de las entidades, desde 2008 se han ejecutado 172.000 desahucios y est¨¢n pendientes 178.000 casos m¨¢s que est¨¢n en proceso judicial abierto. A estos ¨²ltimos, el acuerdo s¨ª les podr¨ªa resolver los problemas si se confirma que paralizan los tr¨¢mites en marcha.

Seg¨²n indica la AEB, la medida se toma "por razones humanitarias y en el marco de su pol¨ªtica de responsabilidad social". "El contenido de este compromiso hab¨ªa sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situaci¨®n de desamparo de muchas personas por causa de la crisis econ¨®mica", a?ade la nota.

Adem¨¢s, con vistas a los contactos entre los principales partidos para una posible reforma de la banca, la AEB afirma que est¨¢ "a disposici¨®n del Gobierno, del principal partido de la oposici¨®n y del resto de formaciones pol¨ªticas, para ofrecer su opini¨®n sobre la ordenaci¨®n del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos".

Las antiguas cajas afirman que "han estudiado caso por caso para ofrecer a los clientes hipotecarios la medida m¨¢s oportuna, como refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago con car¨¢cter voluntario o la adquisici¨®n de vivienda para su posterior alquiler al deudor, entre otras".

Las entidades advierten de que no hay que desincentivar a los que pagan sus hipotecas

Antes del anuncio de la CECA varias entidades como Kutxabank o Caja Laboral ya hab¨ªan anunciado su decisi¨®n de suspender los procedimientos de ejecuci¨®n hipotecaria. Kutxabank ha concretado que la medida tambi¨¦n afecta a las subastas pendientes de inmuebles afectados.

Aunque la multiplicaci¨®n de desahucios no es un fen¨®meno nuevo, la publicaci¨®n en los medios de los suicidios por los desalojos y la mayor presi¨®n social ha llevado a los partidos a ponerse manos a la obra para reformar la normativa. Tambi¨¦n ha motivado a los pol¨ªticos a moverse r¨¢pido la entrada en escena de los jueces y su denuncia de la impunidad que la ley otorga a las entidades ¡ªy los abusos en las hipotecas¡ª frente a los clientes.

Los bancos y cajas ya aceptaron en su d¨ªa a rega?adientes el c¨®digo de buenas pr¨¢cticas aprobado en marzo de 2012 para frenar las ejecuciones, que rozan las 400.000 desde el inicio de la crisis. El c¨®digo, en teor¨ªa, aumenta la protecci¨®n contra los desahucios de las familias con todos sus miembros en paro, que tuviesen que destinar m¨¢s del 60% de sus ingresos a la hipoteca y si no ten¨ªan una segunda vivienda. No obstante, solo es de aplicaci¨®n siempre y cuando el cr¨¦dito no tuviese garant¨ªas reales o personales ¡ªesto es, que no estuviesen avaladas por un familiar, por ejemplo¡ª. En caso de existir, los garantes tambi¨¦n ten¨ªan que cumplir los requisitos de estar todos los miembros de la unidad familiar en paro, superar el citado umbral del 60% y no tener otros bienes o derechos reales. Esta condicionalidad es la que ha hecho pensar a los grupos pol¨ªticos que este c¨®digo no iba a tener efecto para paliar este problema.

M¨¢s de 178.000 casos que est¨¢n en proceso judicial abierto podr¨ªan verse beneficiados

De todas formas, seg¨²n fuentes judiciales, la tardanza desde que se inicia el procedimiento de desahucio y se concluye es superior a los dos a?os, por lo que todav¨ªa no se puede conocer el efecto que haya podido tener el c¨®digo de buenas pr¨¢cticas aprobado en marzo.

En la negociaci¨®n, la banca ha establecido unas l¨ªneas rojas. El sector considera que no se debe desincentivar al que est¨¢ pagando sus cr¨¦ditos porque eso podr¨ªa elevar la morosidad y provocar enormes problemas financieros. Las entidades admiten que lo dif¨ªcil es diferenciar entre el p¨ªcaro que quiere evitar el pago y la situaci¨®n familiar dram¨¢tica de quien no puede pagar por problemas imprevistos, como el paro.

Tambi¨¦n afirman que si se estableciera la daci¨®n en pago o se modificaran seriamente las garant¨ªas, podr¨ªa afectar a la c¨¦dulas hipotecarias, que son productos financieros basados en los cr¨¦ditos hipotecarios, que ya est¨¢n vendidos por todo el mundo. "Si las caracter¨ªsticas cambian, podr¨ªa haber problemas", advierten. En Espa?a hay m¨¢s de 650.000 millones en hipotecas.

El presidente del Banco Popular, Angel Ron, avis¨® el s¨¢bado pasado que los cambios en la ley hipotecaria para paralizar los desahucios podr¨ªa "premiar" el impago y a?adir "dificultades" a la recuperaci¨®n de la econom¨ªa. "Lo que se haga, que no perjudique a la inmensa mayor¨ªa que paga", aconsej¨®. Ron concret¨® que en los ¨²ltimos tres a?os Popular solo ha ejecutado un desalojo y posteriormente procedi¨® a readmitir a la persona afectada.

El Popular ha refinanciado y renegociado desde el inicio de la crisis un total de 50.000 operaciones de cr¨¦dito hipotecario. Ron adem¨¢s inst¨® a ampliar el c¨®digo de buenas pr¨¢cticas para hacerlo "mucho m¨¢s flexible" a las entidades.