¡°Se deber¨ªa crear un delito para quien ofrezca defraudar¡±

Rans¨¦s P¨¦rez Boga (A Coru?a, 1968) apenas lleva un mes al frente de la Organizaci¨®n de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la asociaci¨®n mayoritaria en la Agencia Tributaria.

Pregunta. Tiene la percepci¨®n por su trabajo de que ha crecido el fraude con la crisis.

Respuesta. Cuantificar el fraude es muy dif¨ªcil. Tenemos la impresi¨®n de que se est¨¢ defraudando m¨¢s. Pero no es que la tengamos nosotros, hay una encuesta del CIS que dice que el ciudadano cree que ha aumentado el fraude.

P. Los ingresos fiscales se han desplomado. El Gobierno ha aprobado nuevas subidas de impuestos. ?Cree que deber¨ªa haber hecho m¨¢s para reducir el fraude en vez de subir tanto los impuestos?

R. Sobre el aumento de impuestos, es una cuesti¨®n pol¨ªtica en la que no debo entrar. Modificar las figuras impositivas y la ley de antifraude son medidas correctas; como la limitaci¨®n de la deducci¨®n de los gastos financieros del impuesto de sociedades, o reducir la libertad de amortizaci¨®n. Pero estas medidas para aplicarse adecuadamente necesitan recursos adecuados para llevarlas a t¨¦rmino. Ah¨ª es donde fallamos.

P. Junto con estas medidas de lucha contra el fraude se aprob¨® una amnist¨ªa fiscal...

R. Nos parece que es injusta y que trata de forma desigual a los contribuyentes. Lo peor de todo es que trata peor al que cumple que al que no cumple. Estamos lanzando la imagen err¨®nea de que defraudar compensa. Est¨¢ menoscabando la conciencia fiscal y lo notaremos en las declaraciones futuras.

P. ?Ser¨¢n revisables las regularizaciones de la amnist¨ªa?

R. Lo relevante es si podremos comprobar a esos contribuyentes; la respuesta es: ¡°Por supuesto que s¨ª¡±. Entiendo que un contribuyente que ha defraudado en el pasado es un buen sujeto para revisar si en el presente est¨¢ haciendo bien las cosas.

P. La Direcci¨®n General de Tributos (DGT) emiti¨® dos informes aclarando aspectos de la amnist¨ªa. ?Son vinculantes?

R. Tributos cuando quiere emitir algo vinculado lo emite en forma de resoluci¨®n no de informes. Por tanto, esos informes en una primera instancia no ser¨ªan vinculantes. Ahora bien, en la medida en que la DGT plasmar¨¢ esos criterios en consultas ser¨¢n vinculantes. Por otra parte, la Agencia Tributaria los puede hacer suyos y si el director de la Inspecci¨®n da unas instrucciones para cumplir esos criterios ser¨¢n vinculantes.

P. El Gobierno ha aprobado una ley antifraude con muchas de sus reivindicaciones. ?Qu¨¦ echan de menos?

R. Lo primero es que se potencien los medios humanos de la Agencia Tributaria. Pero hay otras medidas organizativas y normativas: Siempre hemos reivindicado que la Agencia deber¨ªa tener m¨¢s independencia del Gobierno, que se creara una polic¨ªa fiscal. Adem¨¢s, hay otras normas: la limitaci¨®n de los m¨®dulos nos parece positiva, pero se podr¨ªa ir m¨¢s all¨¢. El m¨®dulo deber¨ªa quedar para empresarios con un reducido volumen de operaciones, no de 300.000 euros como ahora. Y que se relacione un 80% con particulares¡­ Tambi¨¦n nos gustar¨ªa que la ley fuera m¨¢s all¨¢ en la duraci¨®n de los procedimientos inspectores [solo disponen de un a?o]. Tenemos problemas cuando acudimos a una empresa y le pedimos la contabilidad. Existen obst¨¢culos en ese sentido.

P. Al mismo tiempo, hay en marcha una reforma del C¨®digo penal para endurecer la lucha contra el fraude.

R. Consideramos que se pod¨ªan haber hecho m¨¢s cosas. Una de las propuestas era la creaci¨®n de un delito por el ofrecimiento al cliente de estructuras o mecanismos que faciliten el fraude. Muchas veces en las inspecciones nos encontramos con personas que saben mucho de sus negocios, pero no tanto de cultura fiscal. Y nos preguntamos qui¨¦n ide¨® esa estructura. La respuesta parece evidente: un asesor fiscal que le ofreci¨® defraudar. ?Qui¨¦n es m¨¢s culpable el que dijo hazlo o el que lo propuso? Creemos que cada uno tiene su parte de culpa. Y eso deber¨ªa ser un delito agravado.