Los consumidores piden una ley de quiebra familiar para atajar los desahucios
![La portavoz de Stop Desahucios en Bizkaia, Marta Uriarte, (c) junto a un miembro de esta plataforma en el pleno mensual del ayuntamiento de la capital vizca¨ªna. EFE/Archivo](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/7G3MEMDW43DQIURUOUJW3C4SZI.jpg?auth=98ee895ab5a7539a20b8088bbdfa2cf3ff05ff18877d48e61df6b0627459b07a&width=414)
La presidenta del Consejo General de Consumidores, Francisca Sahuquillo, ha pedido la creaci¨®n de una ley de quiebra familiar para hogares sobreendeudados y que todas las medidas dirigidas a paliar los desalojos se apliquen tambi¨¦n a los avalistas de las personas inmersas en una ejecuci¨®n hipotecaria.
Sahuquillo, que ha comparecido hoy ante la Comisi¨®n de Econom¨ªa del Congreso dentro de la ronda de declaraciones durante la tramitaci¨®n de la ley para paliar los desahucios, ha afirmado que esta norma de quiebra para hogares deber¨ªa incluir la posibilidad de que los tribunales puedan cancelar parte o toda la deuda, en funci¨®n de las circunstancias de la familia afectada.
Habr¨ªa que articular f¨®rmulas para, si llega el caso, aplicar la daci¨®n en pago de la vivienda para cancelar la deuda y establecer planes de renegociaci¨®n mediante arbitraje con la colaboraci¨®n de organizaciones de consumidores para hacer viable el endeudamiento, ha a?adido.
Seg¨²n ha dicho, actualmente una familia puede ser despojada de su vivienda mediante "un procedimiento sumario" sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, lo que supone "robar su dignidad" y "traicionar nuestros principios b¨¢sicos".
La presidenta del Consejo de Consumidores ha apuntado que Espa?a podr¨ªa seguir los modelos legislativos de pa¨ªses como EEUU, Francia, Austria o B¨¦lgica, adecu¨¢ndolos a la especificidad de nuestro ordenamiento jur¨ªdico.
Respecto a medidas m¨¢s inmediatas, Sahuquillo ha demandado una paralizaci¨®n de las ejecuciones hipotecarias desde el comienzo del proceso y no en la ¨²ltima fase, la de desalojo, como estipula el real decreto aprobado en noviembre pasado, y que la moratoria se extienda a tres a?os, frente a los dos vigentes actualmente.
Estas medidas deber¨ªan acompa?arse de la suspensi¨®n de los intereses de demora y de la exenci¨®n del pago de tasas judiciales para las familias afectadas.
Para las personas ya desalojadas o inmersas en una ejecuci¨®n hipotecaria, Sahuquillo ha dicho que habr¨ªa que analizar los casos y no ha descartado la aplicaci¨®n de la daci¨®n en pago.
Adicionalmente, ha reclamado m¨¢s control sobre la publicidad y la comercializaci¨®n de hipotecas por parte de las entidades financieras, la creaci¨®n de un parque de viviendas para alquiler social, que las empresas de tasaci¨®n sean independientes de las entidades financieras y que el cr¨¦dito concedido no supere el 80 por ciento del valor de la vivienda tasada.
En su opini¨®n, todas estas medidas afrontan un problema de exclusi¨®n social y no suponen abocar a la banca o al sector financiero a entrar en crisis.
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