Los consumidores lamentan la nula autocr¨ªtica por parte del sector bancario

En plena reforma hipotecaria y mientras prepara el arbitraje de las preferentes de Bankia, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, denuncia la nula autocr¨ªtica del sector bancario y un sistema legal laxo ante los directivos que causan perjuicios econ¨®micos.
"Aqu¨ª somos absolutamente laxos para los grandes gestores y no lo somos para el pobre se?or que no ha gestionado bien su hipoteca". "Me parece bien lo planteado en Alemania", dice en una entrevista con EFE, en referencia al proyecto de ley aprobado esta semana por el Gobierno de Berl¨ªn que regula las actividades de bancos y aseguradoras y prev¨¦ sanciones econ¨®micas y penas de c¨¢rcel.
Seg¨²n explica Sauquillo, la propuesta legislativa hecha en Espa?a sobre la honorabilidad de los gestores prev¨¦ m¨¢s circunstancias eximentes ante actuaciones que comprometen la econom¨ªa de muchas personas, cuando en su opini¨®n deber¨ªa, como m¨ªnimo, obligar a devolver el dinero, que el directivo responda con sus bienes y pueda ser inhabilitado.
Para atajar esta situaci¨®n, el CCU apuesta por crear una secci¨®n dentro de la fiscal¨ªa que act¨²e en defensa de los intereses colectivos de los particulares.
Los casos de comercializaci¨®n irregular de productos financieros, las cl¨¢usulas hipotecarias abusivas o la problem¨¢tica de los desalojos de viviendas se multiplican en plena crisis econ¨®mica y tienen una atenci¨®n creciente por parte de la ciudadan¨ªa y de las asociaciones de consumidores.
Sauquillo pide de forma urgente "una moratoria de, al menos, tres a?os (uno m¨¢s de lo fijado en la ley vigente) y paralizar todo el proceso de ejecuci¨®n hipotecaria desde el principio", y no solo la fase de expulsi¨®n de la vivienda, denominada t¨¦cnicamente lanzamiento, como estipula el real decreto que aprob¨® el Gobierno el pasado noviembre.
En el procedimiento actual, el deudor inmerso en una ejecuci¨®n hipotecaria tiene que afrontar los gastos del proceso, los intereses de demora, pierde la propiedad si su vivienda llega a la fase de subasta y contin¨²a debiendo dinero a la entidad, explica.
La presidenta del CCU, que esta semana expuso en la Comisi¨®n de Econom¨ªa del Congreso sus demandas ante los grupos parlamentarios, cree que en Espa?a hace falta una ley de quiebra familiar para que quienes est¨¢n muy endeudados puedan exponer ante un juez o un sistema de arbitraje su posici¨®n como deudor.
"En el fondo se trata de hacer como ocurre con las empresas, ver qu¨¦ situaci¨®n tienen para intentar sacarla adelante. Que el deudor pueda reflotar y afrontar sus deudas y que el banco lo facilite", resume.
Sauquillo echa en falta entre las entidades de cr¨¦dito "corresponsabilidad" y "autocr¨ªtica" ante comportamientos que han conducido hasta esta situaci¨®n. Concede que falta "formaci¨®n financiera" entre la poblaci¨®n, pero censura que los bancos se limiten a decir que "todo est¨¢ bien" y el sistema hipotecario funciona correctamente.
En cuanto a la comercializaci¨®n irregular de participaciones preferentes de Bankia, asunto sobre el que el PP y el PSOE han acordado recientemente un proceso de arbitraje, Sauquillo expresa su preocupaci¨®n, porque muchos afectados se quedan fuera y no puedan recuperar su dinero.
Seg¨²n el pacto entre los dos partidos, el CCU forma parte de una comisi¨®n de seguimiento que decidir¨¢ el perfil de cliente que puede optar al arbitraje junto a representantes de organismos como la CNMV, el Banco de Espa?a, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Tesoro y las consejer¨ªas auton¨®micas.
Sauquillo, que califica el acuerdo como un documento "de m¨ªnimos", muestra su temor ante la posibilidad de que ese perfil de inversor excluya a muchos afectados por las preferentes y que el arbitraje cierre la v¨ªa de reclamaci¨®n judicial para quienes queden fuera de ¨¦l.
"No hay que marcar l¨ªneas ni descartar a nadie para que entre en el arbitraje (...) y lo que hay que plantear en esa comisi¨®n el primer d¨ªa es unos criterios objetivos y que en ellos entre el mayor n¨²mero de personas", afirma.
En el asunto de las preferentes Sauquillo cree que "hay que partir de que ha habido un enga?o" y luchar para que los afectados "recuperen el cien por cien del dinero invertido".
A pesar de todo, la presidenta del CCU valora la adopci¨®n de un procedimiento de arbitraje y extrajudicial porque evita que quienes fueron enga?ados tengan que soportar el gasto de tasas judiciales.
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