Fr¨ªa acogida al plan de vivienda social lanzado por el Gobierno y la banca

El 17 de enero pasado, Ana Pastor, ministra de Fomento; Luis de Guindos, ministro de Econom¨ªa, y Ana Mato, ministra de Sanidad, bajo el mando de la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, se reunieron con 33 banqueros para lanzar el Fondo Social de Viviendas en alquiler. En total, aportaron 5.891 pisos disponibles para familias desahuciadas.

Sobre el papel parec¨ªa un proyecto de ¨¦xito r¨¢pido, a tenor de los 46.408 desahucios ejecutados en 2012, seg¨²n datos facilitados por el Consejo del Poder Judicial. Pero algo no cuadra porque lejos de agolparse las peticiones, la acogida ha sido muy fr¨ªa.

Seg¨²n los datos recogidos por este peri¨®dico, a los diez bancos que m¨¢s casas aportaron solo hab¨ªan llegado 374 solicitudes (el 8% del total). Casi todas eran a Bankia, que ha recibido 324 peticiones, tras ser una de las entidades que m¨¢s desahucios ha realizado. El siguiente banco con m¨¢s ¨¦xito ha sido el Sabadell, que ya ha entregado seis pisos. El resto apenas ha tenido solicitudes.

La Comisi¨®n de Seguimiento del plan se reuni¨® a finales de esta semana y admiti¨® la baja acogida, ante lo que determin¨® intensificar la informaci¨®n sobre este Fondo. Se intentar¨¢ que los servicios sociales de los ayuntamientos, C¨¢ritas y ONG den a conocer este plan.

Los bancos culpan del fracaso a las excesivas condiciones impuestas por la Administraci¨®n para poder beneficiarse de una vivienda en alquiler, que tiene un coste de entre 150 y 450 euros al mes. Otros apuntan que algunos bancos han colocado casas en pueblos o zonas residenciales donde no hay demanda y faltan m¨¢s viviendas en los n¨²cleos urbanos. Lo cierto es que la situaci¨®n no beneficia a nadie: ni a los desahuciados, ni a la banca que ha invertido en arreglar las viviendas y est¨¢ pagado los gastos generales, ni al Gobierno, que no mitiga el problema.

Fuentes gubernamentales admiten que pueden flexibilizar los actuales requisitos para acceder a las viviendas. Ahora se pueden beneficiar las personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual como consecuencia de una demanda de ejecuci¨®n, por impago de un pr¨¦stamo hipotecario, que se haya producido a partir del d¨ªa 1 de enero de 2008. El conjunto de los ingresos mensuales de los miembros de su unidad familiar no debe superar los 1.597 euros y ninguno de ellos debe disponer de vivienda en propiedad. Deben ser familias numerosas, al menos, con un menor de tres a?os. Pero hay muchas m¨¢s condiciones, que alg¨²n banco admite haberse saltado para poder alquilar alg¨²n piso.