La nueva ley ampliar¨¢ el campo de acci¨®n de las empresas de seguridad privada

La vigilancia exterior de las c¨¢rceles y de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la realizaci¨®n de labores de investigaci¨®n privada hasta ahora reservadas a los detectives, son algunas de las novedades del anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que ampl¨ªa el campo de acci¨®n de las empresas.

Pero tambi¨¦n, seg¨²n el borrador de la futura ley al que ha tenido acceso Efe, establece un mayor control de la actividad, sobre todo de los detectives, y adec¨²a la legislaci¨®n actual a las innovaciones tecnol¨®gicas y a un sector que da trabajo a 90.000 personas y factura 3.600 millones de euros anuales.

Un texto que, seg¨²n reconocen sus redactores, quiere tambi¨¦n dar respuesta a una reivindicaci¨®n hist¨®rica del sector y, as¨ª, deja claro que el personal de seguridad tendr¨¢ consideraci¨®n legal de agente de la autoridad, eso s¨ª, siempre que act¨²e debidamente identificado con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, ya present¨® la semana pasada el borrador al Consejo de Ministros y lo ha elevado a dictamen de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos.

La propuesta, que tendr¨¢ que volver al Consejo de Ministros y pasar luego el correspondiente tr¨¢mite parlamentario, quiere aprovechar el potencial "informativo, de recursos humanos y de medios materiales" de la seguridad privada en Espa?a para "la protecci¨®n y seguridad del conjunto de la ciudadan¨ªa".

Y por ello, Interior matiza en el borrador el principio general de exclusi¨®n de la seguridad privada en los espacios p¨²blicos, ya que considera que la formulaci¨®n en la actual ley, que data de 1992 y es "excesivamente r¨ªgida, ha dificultado o impedido la necesaria autorizaci¨®n de servicios en beneficio del ciudadano".

De este modo, la iniciativa enumera las actividades que pueden desarrollar las empresas de seguridad, entre ellas "la vigilancia y protecci¨®n de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto p¨²blicos como privados, as¨ª como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos".

La diferencia con la normativa todav¨ªa vigente es que ¨¦sta no hac¨ªa la precisi¨®n de "tanto p¨²blicos como privados".

Por eso, el borrador incluye la posibilidad de que las empresas privadas puedan llevar a cabo, en cooperaci¨®n y bajo el mando de las fuerzas de seguridad del Estado, la vigilancia perimetral de las c¨¢rceles y de los centros de extranjeros y la vigilancia de otros edificios o instalaciones de organismos p¨²blicos.

Otra de las novedades es la obligaci¨®n que establece el anteproyecto de contar con la titulaci¨®n de grado universitario en la especialidad para poder ejercer como investigador privado o como director de seguridad.

Adem¨¢s, se contempla la posibilidad de acceder a la profesi¨®n mediante una formaci¨®n reglada propuesta por el Ministerio de Educaci¨®n, frente al actual sistema que regula ese acceso a trav¨¦s de unas normas que fija el Ministerio del Interior.

Como ya se hab¨ªa anunciado, la intenci¨®n de Interior en el caso de los detectives privados es establecer un mayor control de sus investigaciones, por lo que tendr¨¢n que dar cuenta al ministerio de los encargos que reciben, los medios que emplean y los resultados obtenidos.

Adem¨¢s, deber¨¢n destruir los sonidos e im¨¢genes grabados durante sus vigilancias un a?o despu¨¦s de la finalizaci¨®n de su informe.

Las medidas no han gustado a los detectives, seg¨²n han expresado a Efe algunos de ellos, como tampoco que la parcela de la investigaci¨®n privada reservada hasta ahora a este colectivo puedan desarrollarla cuando se apruebe la nueva ley las empresas de seguridad privada.

En la ley vigente se dejaba claro que, "en ning¨²n caso, las empresas de seguridad podr¨¢n realizar las funciones de informaci¨®n e investigaci¨®n propias de los detectives privados".

Seg¨²n han explicado algunos detectives, las investigaciones y vigilancia que se les encargaba en exclusiva en ferias, hoteles o centros de ocio podr¨¢n ya realizarlas las empresas, lo que podr¨ªa redundar en un descenso de la actividad del colectivo, de por s¨ª ya afectada por la crisis econ¨®mica.

La regulaci¨®n de los servicios de videovigilancia es otro de los aspectos que prev¨¦ el anteproyecto, que insiste en la necesidad de que estos elementos se utilicen bajo los principios de proporcionalidad, idoneidad e "intervenci¨®n m¨ªnima".

No se podr¨¢n utilizar, de todos modos, con fines de seguridad privada para tomar im¨¢genes y sonidos de v¨ªas y espacios p¨²blicos o de acceso p¨²blico, salvo en los t¨¦rminos que regula la ley de seguridad ciudadana.

Hace referencia el texto a la coordinaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas y asegura que se "afianza" la competencia exclusiva del Estado en materia normativa.

Una comunidad, Catalu?a, ya ha reaccionado al borrador que, seg¨²n su conseller de Interior, supone un "paso atr¨¢s" en materia competencial, y ha reivindicado para la Generalitat las competencias previstas en el Estatut de autorizaci¨®n, inspecci¨®n y sanci¨®n en materia de seguridad privada.