Econom¨ªa revisar¨¢ las leyes para desligar del IPC precios y servicios regulados
El Ejecutivo se da nuevos plazos para medidas anunciadas y que ya deb¨ªan haberse aprobado
Los gobernantes han plagado el vocabulario de la crisis econ¨®mica de eufemismos para que las palabras oscurezcan el alcance real de las medidas que adoptan. El Ejecutivo del PP aport¨® ayer un nuevo t¨¦rmino, la desindexaci¨®n, a este peculiar vocabulario. Lo que esconde es la idea de que hay que acabar con la subida autom¨¢tica de precios y servicios regulados que decenas de leyes, decretos y reglamentos vinculan a la variaci¨®n anual del ?ndice de Precios de Consumo, el medidor m¨¢s frecuente de la inflaci¨®n.
La indexaci¨®n es uno de los demonios recurrentes de bancos centrales y organismos internacionales, como el FMI o la Comisi¨®n Europea, que sostienen que el argumento de evitar la p¨¦rdida de poder adquisitivo se usa de forma indebida en todo tipo de actividades para subir precios sin justificaci¨®n.
La subida del alquiler, cuando arrendador y arrendatario no han pactado su revisi¨®n, el precio al que la Administraci¨®n paga el cemento a proveedores o las tarifas de los servicios de autobuses fueron los ejemplos que brindaron fuentes de La Moncloa en los que rige el IPC como referencia autom¨¢tica.
El Ministerio de Econom¨ªa ya ha espigado normas estatales, auton¨®micas y locales para sacar a la luz este tipo de subidas autom¨¢ticas amparadas por la legislaci¨®n. Fuentes del Gobierno admitieron que queda ¡°mucho trabajo t¨¦cnico por delante¡±, incluido el de decidir si el IPC se sustituye por otros ¨ªndices o si es posible actuar de forma retroactiva en contratos ya establecidos. Y el Ejecutivo se ha dado hasta final de a?o para aprobar la Ley de Desindexaci¨®n.
Las pensiones, otra batalla
La nueva norma se superpone al deseo del Gobierno (y de Bruselas) de debatir en el Congreso una f¨®rmula para desvincular tambi¨¦n la revalorizaci¨®n de las pensiones del IPC. Pero el Ejecutivo insisti¨® en que la Ley de Desindexaci¨®n no afectar¨¢ a este debate, ni ser¨¢ aplicable a la fijaci¨®n del salario m¨ªnimo (donde no hay una cl¨¢usula autom¨¢tica de subida) ni del sueldo de los funcionarios (que dependen de la decisi¨®n del Gobierno a?o a a?o).
El otro motivo por el que la norma concentr¨® la atenci¨®n fue porque era una de las escasas novedades incluidas en el nuevo plan de reformas. El plan ser¨¢ muy distinto al que el Gobierno remiti¨® a Bruselas hace un a?o. Pero, al mismo tiempo, la inmensa mayor¨ªa de las numerosas medidas que incorpora son conocidas, ya que el Ejecutivo las anunci¨® en septiembre pasado o en el debate del estado de la Naci¨®n, por boca de su presidente, Mariano Rajoy, en febrero.
Adem¨¢s de la Ley de Desindexaci¨®n, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, anunci¨® un nuevo c¨®digo de buenas pr¨¢cticas para las empresas p¨²blicas.
S¨¢enz de Santamar¨ªa asegur¨® que se acelerar¨¢ la tramitaci¨®n de la autoridad fiscal independiente o de la ley de Transparencia (que est¨¢ en el Congreso). Son cambios ya previstos en el anterior programa de reformas o en el plan con 72 medidas (entre ellas, una nueva reforma de las pensiones o una ley de colegios profesionales ) que anunci¨® el Gobierno en septiembre. Y que deb¨ªan haberse aprobado ya en marzo. Tambi¨¦n se incluyen las que anticip¨® Rajoy hace dos meses para facilitar la financiaci¨®n a emprendedores.
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