Su se?or¨ªa castiga la venta de preferentes

Gota a gota, pero sin tregua, los juzgados de Espa?a empiezan a acumular un importante n¨²mero de sentencias que analizan uno de los resultados de la alegr¨ªa financiera de bancos y cajas de ahorros de la ¨²ltima d¨¦cada, los abusos en la venta de participaciones preferentes. Un producto de riesgo destinado a inversores experimentados cuyo comercio irregular ha creado un agujero de miles de millones de euros en las cuentas de los clientes. Al margen del resultado de los arbitrajes masivos patrocinados por el Gobierno y algunas comunidades aut¨®nomas, los jueces empiezan a responder y lo hacen mayoritariamente a favor de quienes reclaman.

Aunque el grueso de los afectados son clientes de entidades nacionalizadas, durante esta semana se esperaba con inter¨¦s el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la materia, en un caso que afectaba al Banco Santander. Las decisiones del m¨¢ximo ¨®rgano judicial sientan jurisprudencia y el caso de una pareja de Mah¨®n con m¨¢s de 200.000 euros en preferentes ya hab¨ªa pasado por un juzgado y la Audiencia Provincial. Los afectados hab¨ªan tratado de recuperar el dinero, invertido en 2005, para comprar un apartamento, pero la entidad se lo impidi¨®. Tres d¨ªas antes del pleno del Supremo, el banco renunci¨® a la causa.

Los argumentos jur¨ªdicos var¨ªan levemente de un caso a otro, pero todos tienen de fondo el del vicio del consentimiento. Un error a la hora de entender qu¨¦ es una participaci¨®n preferente y sus condiciones achacable al vendedor, en supuestos en los que los clientes no pod¨ªan saber que les estaban dando gato por liebre. Pero entre el caso de Mah¨®n y los que vienen relatando las resoluciones de los ¨²ltimos meses hay una diferencia: los jueces empiezan a tener en cuenta el contexto y a censurar expresamente a las entidades, m¨¢s all¨¢ de fallar en su contra.

Un juez de Vigo se expresaba as¨ª en una sentencia de febrero pasado: ¡°Todo ha sido fruto de un burdo enga?o con la ¨²nica finalidad de, abusando de la confianza de la demandante, tomar su dinero para invertirlo en un producto bancario de tal complejidad que incluso ha provocado que los actuales m¨¢ximos dirigentes de Novagalicia Banco hayan pedido p¨²blicamente perd¨®n a sus clientes por haber ofrecido a los clientes con m¨ªnimos niveles de formaci¨®n estos productos, con enga?o y malas artes¡±.

El caso anterior responde a la gravedad del problema en Galicia, donde est¨¢n documentados los abusos m¨¢s graves, desde ventas a analfabetos que firmaban con la huella dactilar a contratos a octogenarios con la visi¨®n afectada, pasando por falsas cartillas de ahorro para menores. El sistema de arbitraje en la comunidad entr¨® en funcionamiento en el verano de 2012 y adquiri¨® velocidad de crucero en las fechas previas a las elecciones auton¨®micas de oto?o, dando soluci¨®n a los casos m¨¢s sangrantes. Despu¨¦s volvi¨® a caer. En la actualidad hay una media de 70 arbitrajes diarios, pero los afectados llevan casi un a?o y medio esperando y les falta paciencia.

Los afectados se han encontrado, adem¨¢s, con una ventaja en los juzgados: la posibilidad ¡ªde momento testimonial¡ª de que el fallo obligue al banco a devolver no solo el principal de la inversi¨®n, sino tambi¨¦n los intereses cobrados. As¨ª resolvi¨® un juzgado de Cambados en un caso tan evidente que la propia libreta del cliente ten¨ªa escrito ¡°plazo fijo¡± en la tapa. El juez entendi¨® que el supuesto entraba dentro de lo que en derecho civil se entiende como ¡°causa torpe¡± de un contrato. De nuevo, rapapolvo a la entidad: ¡°Las normas deontol¨®gicas permiten decir si una causa es o no contraria a la moral, y en el supuesto analizado se produce una contravenci¨®n absoluta de las mismas al omitir informaci¨®n, dar informaci¨®n incorrecta e imprecisa y colocar este producto a personas a las que en absoluto iba dirigido¡±.

En alguna ocasi¨®n la entidad financiera vio tan improbable su victoria que acept¨® las pretensiones de los clientes, como hizo Catalunya Banc con un afectado de Barcelona. El juez solo tuvo que certificar el allanamiento en una sentencia de enero que figura en la base de datos que mantiene en Internet la Asociaci¨®n de Afectados por Permutas y Derivados Financieros (Asuapedefin).

Cuando s¨ª pleitean, las entidades suelen reclamar que se declare prescrita la acci¨®n de nulidad, sin demasiado ¨¦xito. Tambi¨¦n tienen que hacer frente a que en este tipo de contratos son ellos quienes deben probar que el cliente fue informado convenientemente de los riesgos cuando se firma el contrato y tambi¨¦n despu¨¦s, en las comunicaciones peri¨®dicas entre banco y cliente. As¨ª lo apreci¨® un juzgado de Castell¨®n en un caso en que un intermediario coloc¨® irregularmente productos de Kaupthig Bank y Landsbanki Island, protagonistas centrales del hundimiento del sistema financiero de Islandia.

As¨ª y todo, hay veces en que los jueces entienden que los clientes s¨ª sab¨ªan lo que compraban, como estableci¨® un juzgado de Ourense en una resoluci¨®n dictada este a?o. La sentencia admite que el cliente era minorista y que no ten¨ªa una formaci¨®n espec¨ªfica, pero repara en que en la d¨¦cada previa diversific¨® sus inversiones para buscar mayor rentabilidad. Lo que decanta finalmente la decisi¨®n a favor del banco es el factor sangu¨ªneo. ¡°Juega un papel importante el hecho de que su hijo fuese el director de la sucursal¡±, concluye el fallo.