Industria pide reunirse con Almunia y Barroso por las ayudas al sector naval
El ministro de Industria forma un frente com¨²n con Pa¨ªs Vasco, Galicia, Asturias y la patronal Piden que la UE "reconsidere" la devoluci¨®n de estos incentivos fiscales para construir buques
Con una imagen de unidad y al m¨¢s alto nivel. As¨ª han respondido el ministerio de Industria y las autonom¨ªas afectadas a?la intenci¨®n de la Comisi¨®n Europea de obligar a devolver las bonificaciones fiscales ¡ªconocidas como tax lease¡ª que el sector naval espa?ol recibi¨® entre 2005 y 2011. El ministro Jos¨¦ Manuel Soria, se ha reunido hoy en Madrid con los presidentes auton¨®micos de Pa¨ªs Vasco, Galicia y Asturias, para formar un frente com¨²n y firmar una declaraci¨®n conjunta en la que piden al Ejecutivo comunitario que "reconsidere" la propuesta avanzada la semana pasada por el con el comisario europeo de Competencia, el espa?ol Joaqu¨ªn Almunia.
Los firmantes, entre los que tambi¨¦n est¨¢ el presidente de la patronal de astilleros privados Pymar, ?lvaro Platero, han pedido adem¨¢s reunirse con Almunia antes del 4 de julio y con el presidente de la Comisi¨®n, el portugu¨¦s Jos¨¦ Manuel Durao Barroso, antes del d¨ªa 15 para trasladarles su petici¨®n antes de que la cuesti¨®n llegue al Colegio de Comisarios europeo el pr¨®ximo d¨ªa 17.
Tanto los representantes pol¨ªticos como el dirigente patronal consideran que el planteamiento del Ejecutivo comunitario ¡ªque contempla la devoluci¨®n de cerca de 2.000 millones de euros¡ª "abocar¨ªa directamente a la ruina a un sector industrial vital para Espa?a", lo que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, ha cifrado en la puesta en peligro de 87.000 empleos.
El ministro Soria ha destacado que existen "s¨®lidos fundamentos jur¨ªdicos" para rechazar la propuesta comunitaria, que est¨¢ previsto que se apruebe el 17 de julio despu¨¦s de que en 2011 se suspendiera el tax lease espa?ol tras una denuncia de Holanda. El titular de Industria ha recordado que ha habido casos parecidos en la UE en los que no se ha exigido la devoluci¨®n de las ayudas, en alusi¨®n a un expediente similar en el que Francia fue eximida de hacerlo por respeto al principio de seguridad jur¨ªdica.
La situaci¨®n de inseguridad que crear¨ªa la decisi¨®n anunciada por Almunia es uno de los principales argumentos jur¨ªdicos, junto a la posible discriminaci¨®n de Espa?a respecto a Francia y al hecho de que no la Comisi¨®n no actuar¨¢ antes contra las ayudas. En este sentido, se ha se?alado que la holandesa Neelie Kroes, la antecesora del espa?ol como comisaria de Competencia, declar¨® en 2009 que las bonificaciones fiscales espa?olas eran legales.
Feij¨®o, ha rechazado que se sancione a armadores, inversores o astilleros "por cumplir la ley tributaria espa?ola". El dirigente popular tambi¨¦n ha vaticinado que, aunque el comisario haya dicho que los que tendr¨¢n que devolver dinero ser¨¢n armadores e inversores, los que perder¨¢n ser¨¢n los astilleros. "Les ser¨¢ pr¨¢cticamente imposible contratar un barco por la inseguridad jur¨ªdica que se crea".
En la misma l¨ªnea se ha expresado el lehendakari del Gobierno Vasco. El peneuvista I?igo Urkullu ha contestado a la insistencia de Almunia en que los constructores de barcos no pagar¨¢n afirmando que "por m¨¢s recovecos y circunloquios que se quieran utilizar sobre a qui¨¦n afecta la sanci¨®n, esta afectar¨¢ a la carga de trabajo del sector".?
El jefe del Ejecutivo auton¨®mico vasco se ha explicado que todas las partes se han quedado "sorprendidas" por la propuesta de resoluci¨®n de la Comisi¨®n, dados los informes jur¨ªdicos y las negociaciones que se han mantenido en los ¨²ltimos a?os.
Urkullu, como Feij¨®o, ha criticado que el sector tenga que soportar esto despu¨¦s de la reestructuraci¨®n que ha llevado a cabo en la ¨²ltima d¨¦cada para competir con los pa¨ªses emergentes y despu¨¦s, "del castigo que suponen los dos a?os de indefinici¨®n sobre el tax lease", en palabras del presidente de la Xunta. El socialista Javier Fern¨¢ndez, presidente del Gobierno del Principado de Asturias ha sentenciado que la decisi¨®n supondr¨¢ "el colapso" de la mayor parte de los astilleros privados espa?oles.
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