La culpa es de Espa?a

De entrada, clarito: en el desaguisado de los astilleros, la mayor culpa es de Espa?a. Y no de Bruselas, como pretendi¨® la cruzada nacional-nacionalista que colg¨® el sambenito de antiespa?ol y antiobrero al comisario Joaqu¨ªn Almunia, para expiar as¨ª los errores propios del terru?o.

Fijemos antes la responsabilidad (menor) de la Comisi¨®n: haber arrastrado los pies, al menos desde 2006 en que empez¨® a pedir informaci¨®n a Madrid sobre el tax lease ¡ªbeneficios fiscales a los astilleros y sus inversores¡ª y hasta que en 2011 le abri¨® procedimiento de infracci¨®n. Son cinco a?os, un periodo a todas luces excesivo, contra lo que sostiene Bruselas (Memo 13/696de ayer) escud¨¢ndose sin mucha base en el n¨²mero de medidas, su complejidad y opacidad. Y entre el cruce de notas, la comisaria Neelie Kroes emiti¨® una ambigua, poco contundente e infausta carta susceptible de varias lecturas, tambi¨¦n la favorable a la posici¨®n espa?ola. Bruselas: lentitud y torpezas.

Pero eso son peanuts si se compara con el continuo desatino espa?ol. Primero, fue el Gobierno de Aznar el que estableci¨® ilegalmente el r¨¦gimen de bonificaciones fiscales (sistema espa?ol de arrendamiento fiscal para las empresas navieras, SEAF) desde 2002, violando el Tratado de la UE. Su art¨ªculo 108.3 obliga a los Estados a notificar a Bruselas las ayudas de Estado con antelaci¨®n, para ser aprobadas o denegadas. No lo hizo.

Luego, el Gobierno de Zapatero no corrigi¨® la normativa, ya ilegal desde su gestaci¨®n: deber¨ªa haberlo hecho al menos desde el 30 de abril de 2007, cuando el sistema franc¨¦s, muy parecido, fue parcialmente prohibido. Podr¨ªa haber alegado el art¨ªculo 107.3, que prev¨¦ exenciones a la regla general de que las ayudas de Estado est¨¢n prohibidas ¡ªpara evitar distorsiones a la competencia¡ª, entre ellas, la ¡°grave situaci¨®n de subempleo¡± en una o varias regiones (sobre todo, Galicia).

El Gobierno de Rajoy no reaccion¨® tampoco con acciones de provecho en 2012, pese a que el expediente se abri¨® en 2011.

En la cruzada corporativa espa?ola del Gobierno, autonom¨ªas, dirigentes socialistas locales, sindicatos y afectados, los datos brillaron por su ausencia y/o su falsedad. Nadie ha recordado que las amortizaciones anticipadas de los barcos y las exenciones de plusval¨ªas a las agrupaciones de inversores abarataban ilegalmente los buques entre un 20% y un 30% y produc¨ªan rendimientos financieros a los inversores privados del orden del 15%, el doble de una rentabilidad elevada en Bolsa.

Los gur¨²s de la protesta nacional, manipulando la sensibilidad al desempleo, han inventado cifras, como los 3.000 millones de p¨¦rdidas para el sector. Y han alegado que se destruir¨¢n 80.000 empleos, cuando el sector, en el momento boyante de 2010 ocupaba a 7.657 trabajadores y generaba 38.000 empleos indirectos (ICEX, Notas sectoriales, Sector de construcci¨®n naval).

Arguyeron tambi¨¦n que los inversores, escaldados por tener que devolver el dinero de las ayudas fiscales, huir¨¢n del sector. No ser¨¢ eso, sino que no podr¨¢n invertir as¨ª, pues el sistema ha sido declarado ilegal; pero podr¨¢n hacerlo mediante el nuevo sistema de 2012, ya validado por la Comisi¨®n. Adem¨¢s, tienen bazas para ganar pleitos al Gobierno, pues la Direcci¨®n General de Seguros autoriz¨® cada una de las 273 operaciones de bonificaci¨®n fiscal realizadas. Eso s¨ª, no podr¨¢n repercutir su eventual coste a los astilleros, aunque tengan cl¨¢usulas contractuales de garant¨ªa, pues Bruselas lo proh¨ªbe espec¨ªficamente.

La cuesti¨®n de fondo estriba en si nuestras constructoras navales pueden sobrevivir sin ayudas exorbitantes. Si no pueden, el drama es estructural. ?Por qu¨¦ las de pa¨ªses vecinos aguantan, acogi¨¦ndose a las ayudas normales permitidas? Son muy abundantes: v¨¦ase la Comunicaci¨®n C(2004)-43 de la Comisi¨®n. Desmienten la demagogia de un total desarme neoliberal europeo frente a competidores coreanos desleales, con salarios esclavistas.

En todo el episodio, lo m¨¢s genial fue lo de Mariano Rajoy. Dijo que las decisiones de Bruselas deben ser ¡°ajustadas a las realidades¡± (?ilegales?) de los pa¨ªses, en vez de al Tratado; y que deben defender ¡°un sector estrat¨¦gico, como el naval¡±. ?Estrat¨¦gico? ?Pero tiene Espa?a sectores estrat¨¦gicos? ?D¨®nde los define as¨ª el Gobierno? ?Acaso hay pol¨ªtica industrial?