Territorio y ciudad para despu¨¦s de la crisis

Desde hace a?os, el modelo territorial espa?ol viene girando hacia una ciudad cada vez m¨¢s dispersa. El gran protagonista de la reciente fase expansiva de la econom¨ªa espa?ola ha sido el sector de la construcci¨®n, debido a la conjunci¨®n de tres factores: nuestra integraci¨®n en la zona euro, que ha permitido disponer de financiaci¨®n abundante y barata; las pol¨ªticas de liberalizaci¨®n del suelo, que han puesto en el mercado ingentes cantidades de suelo, y la extrema descentralizaci¨®n de las decisiones de planeamiento urban¨ªstico, que han hecho del suelo y de la vivienda un simple subyacente sobre el que se ha construido una inmensa burbuja inmobiliaria y financiera.

En el periodo 1997-2007, la contribuci¨®n directa de la construcci¨®n al crecimiento econ¨®mico ha sido superior a un 20%. Un 53% del aumento de la inversi¨®n se debi¨® a la construcci¨®n, que pas¨® del 12% al 15,5% del PIB. De los m¨¢s de seis millones de nuevos empleos creados, el 23% lo fue en la construcci¨®n. Y a ello hay que a?adir los efectos arrastre, que elevaron el peso de la construcci¨®n y de los sectores ligados a ella hasta algo m¨¢s de un tercio del valor a?adido bruto (VAB). La vivienda, en particular, ha desempe?ado un papel fundamental, aumentando su participaci¨®n en el PIB del 5% tradicional al 7,5%.

Los efectos de este proceso sobre el territorio han sido devastadores. Seg¨²n el proyecto Corine Land Cover, entre 1987 y 2006 ha tenido lugar un consumo de suelo de 307.065 hect¨¢reas, elev¨¢ndose la superficie artificial de Espa?a a 1.017.400 hect¨¢reas, un 2,01% del total del territorio nacional, cifras que otros organismos elevan casi al doble. Y los efectos econ¨®micos est¨¢n a la vista: una econom¨ªa arrastrada en su totalidad por el colapso de la construcci¨®n y del sistema financiero; un sistema regulatorio que ha puesto al descubierto sus ineficiencias, al haber creado incentivos perversos para hacer de la ciudad dispersa el combustible necesario del desastre, y un sistema pol¨ªtico inerme ante la corrupci¨®n que ha propiciado este fest¨ªn inmobiliario.

Despu¨¦s de seis largos a?os de crisis, el subsector residencial no ha alcanzado a¨²n su suelo. El n¨²mero de viviendas nuevas pendientes de venta est¨¢ en torno a 800.000, pese a que solo se construyen unas 40.000 anuales, menos de un 5% de las que se promov¨ªan en la fase expansiva. Los actuales excedentes de viviendas est¨¢n localizados en amplias zonas del litoral y en urbanizaciones pr¨®ximas a las ciudades, lo que limita las posibles salidas. La ca¨ªda de precios de la vivienda nueva ha sido del 36%, y se estima que a¨²n podr¨ªan caer un 20% m¨¢s. Y persisten las restricciones financieras, por el alto endeudamiento de las familias espa?olas y por la propia situaci¨®n de las entidades financieras, embarcadas en una pol¨ªtica de desapalancamiento y liquidaci¨®n de sus grandes stocks de viviendas.

Pese a lo ocurrido, son muchos los que, bien con la finalidad de reducir las altas tasas de paro existentes, bien para detener la ca¨ªda de los precios de la vivienda por su efecto riqueza, est¨¢n pensando todav¨ªa en volver al urbanismo de los ¨²ltimos a?os, con ligeras variantes, como la reconversi¨®n de parques comerciales no rentables en nuevos complejos residenciales, la rezonificaci¨®n de espacios obsoletos o la construcci¨®n de nuevas infraestructuras que hagan comercializables los activos improductivos existentes. Sin embargo, parece claro que las soluciones no pueden venir de estas medidas, sino de pol¨ªticas muy distintas.

Hay que poner fin a un modelo territorial y urban¨ªstico nocivo para la econom¨ªa espa?ola

En un reciente informe de la Comisi¨®n Europea sobre las ciudades del ma?ana, Retos, visiones y caminos a seguir (1911), se se?alan las causas de la creciente dispersi¨®n de las ciudades europeas y la amenaza que ello representa para un desarrollo territorial sostenible: hace m¨¢s caros servicios esenciales como la ense?anza primaria y secundaria; exige incesantemente nuevas infraestructuras y mayor consumo energ¨¦tico; produce una sobreexplotaci¨®n de los recursos naturales y una expansi¨®n creciente de las superficies artificiales; genera segregaci¨®n espacial y exclusi¨®n social para quienes no tienen posibilidades de salvar la distancia que los separa de los centros suministradores de servicios, y contribuye al declive econ¨®mico de los centros urbanos hist¨®ricos, con el consiguiente despilfarro de recursos y creciente fragmentaci¨®n entre lugar de residencia y lugar de trabajo.

Debido a todo ello, el consenso cient¨ªfico sobre las ventajas de la ciudad compacta se ha hecho pr¨¢cticamente un¨¢nime, y en Espa?a, como en buena parte del mundo, se vuelve la mirada a la ciudad existente con dos visiones distintas, no necesariamente opuestas entre s¨ª: como un ¨¢mbito para crear nuevos empleos y relanzar la construcci¨®n en un campo insuficientemente explotado, la rehabilitaci¨®n, y como una oportunidad para cambiar la mentalidad sobre el urbanismo y para crear un nuevo marco legal que contemple los procesos de intervenci¨®n de forma coordinada.

En la primera de estas visiones pueden inscribirse las propuestas de la patronal CEOE y del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que han pedido recientemente un plan general de rehabilitaci¨®n. Una actuaci¨®n sobre 250.000 viviendas al a?o podr¨ªa crear 135.000 empleos directos y reducir en casi 70 millones de toneladas las emisiones de CO2. Esta fue antes la orientaci¨®n de la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Econom¨ªa Sostenible. Y esta parece ser tambi¨¦n la del anteproyecto de Ley de Rehabilitaci¨®n, Regeneraci¨®n y Renovaci¨®n Urbanas, aprobado por el Gobierno en abril de este mismo a?o.

Pero ello no es suficiente. De la actual crisis inmobiliaria deber¨ªan sacarse algunas conclusiones para formular propuestas de mayor calado con el objetivo de poner fin a un modelo territorial y urban¨ªstico que se viene mostrando extraordinariamente nocivo para la econom¨ªa espa?ola en los ¨²ltimos 50 a?os. Entre otras, las siguientes: el urbanismo de difusi¨®n, al servicio de la creaci¨®n de productos urbanos como simples valores de cambio, deber¨ªa dar paso a un urbanismo de car¨¢cter integrado, en el que las acciones urban¨ªsticas se combinen con las de desarrollo econ¨®mico y social en el marco de una pol¨ªtica de cohesi¨®n territorial; esto no deber¨ªa ser incompatible con intentar recuperar el nivel hist¨®rico de actividad del subsector residencial de la construcci¨®n, mediante un plan general de rehabilitaci¨®n de la ciudad compacta que diera respuesta a los excesos de a?os pasados; las actuales competencias territoriales de las administraciones p¨²blicas deber¨ªan revisarse para evitar que contin¨²en produci¨¦ndose desequilibrios territoriales, econ¨®micos y fiscales; deber¨ªa incentivarse una reestructuraci¨®n empresarial con medidas tales como certificaciones de calidad, o exigencia de requisitos m¨ªnimos de entrada, para tener un empresariado m¨¢s profesional y menos vulnerable al ciclo econ¨®mico, y, en todo caso, las pol¨ªticas que se arbitren deber¨ªan tener un sesgo redistributivo a favor de los espa?oles que m¨¢s han sufrido en esta crisis inmobiliaria y financiera. J

Manuel Mart¨ªn Rodr¨ªguez y Jos¨¦ Luis Garc¨ªa Delgado son catedr¨¢ticos de Econom¨ªa Aplicada, en nombre del C¨ªrculo C¨ªvico de Opini¨®n.