El Gobierno luso busca medidas para ahorrar 900 millones por una ley anulada

El primer ministro portugu¨¦s, el conservador Pedro Passos Coelho, afirm¨® hoy que estudia medidas alternativas para el ahorro de los 900 millones de euros previstos en una ley declarada ilegal por el Tribunal Constitucional luso.

El jefe del Ejecutivo dijo que analiza la decisi¨®n judicial hecha p¨²blica ayer y a¨²n no tiene alternativas planeadas, pero descart¨® una subida de impuestos por considerar que el pa¨ªs "no aguanta" m¨¢s carga fiscal, que se ha disparado en los ¨²ltimos a?os.

"Hay siempre otras medidas que se pueden encontrar, que pueden no ser tan justas o tan eficaces", se?al¨® en declaraciones a periodistas.

La ley ilegalizada, que pretend¨ªa disminuir el peso de los funcionarios (actualmente unos 600.000, el 13 % de la poblaci¨®n activa lusa), facilitaba la salida de empleados p¨²blicos a la espera de ser recolocados y permit¨ªa un ahorro en las arcas p¨²blicas de unos 900 millones de euros en tres a?os, hasta 2015.

El Gobierno quiere estudiar "exactamente" cu¨¢les son las objeciones del alto tribunal para "corregir los fundamentos de inconstitucionalidad" de la norma.

Passos Coelho espera que la lectura del tribunal no sea "demasiado restrictiva" porque, de lo contrario, dificultar¨ªa futuras medidas en el mismo ¨¢mbito y el pa¨ªs deber¨ªa enfrentarse al "calvario" de negociar un segundo rescate.

El Ejecutivo portugu¨¦s tiene pendiente la aprobaci¨®n de una reforma del Estado que reduzca de manera permanente el gasto p¨²blico en 4.700 millones de euros, para cumplir con los compromisos contra¨ªdos con la UE y el Fondo Monetario Internacional para recibir un rescate.

Sin esos recortes, Portugal, cuyos fondos del rescate acaban a mediados del 2014, "no estar¨¢ en condiciones de seguir sin m¨¢s financiaci¨®n", dijo el primer ministro, que augur¨® condiciones "m¨¢s dif¨ªciles" para el pa¨ªs si hubiera un nuevo programa de asistencia.

El rev¨¦s judicial de ayer es el segundo este a?o del Constitucional a los recortes del Gobierno conservador despu¨¦s de que en abril ilegalizara una bajada de salarios a funcionarios y pensionistas y obligara a buscar medidas adicionales de ahorro equivalentes a 1.300 millones de euros.

La aplicaci¨®n de la ¨²ltima norma invalidada -conocida como r¨¦gimen de movilidad especial- facilitaba la desvinculaci¨®n laboral de funcionarios, en su mayor¨ªa de profesores (40 % de los trabajadores p¨²blicos).

La ley ilegalizada daba a trabajadores que se encuentran actualmente a la espera de ser colocados un m¨¢ximo de 12 meses para encontrar un puesto de trabajo, periodo durante el cual recibir¨ªan un salario inferior al vigente.

Una vez finalizado este periodo, los funcionarios podr¨ªan optar por integrar una lista de espera sin recibir sueldo o por cesar su relaci¨®n laboral con derecho a la prestaci¨®n de desempleo.

El Partido Socialista -el principal opositor-, el Partido Comunista Portugu¨¦s, el marxista Bloque de Izquierda y los sindicatos han expresado su rechazo a los cortes en el funcionariado e instar¨¢n a que el Constitucional act¨²e en la subida de la carga laboral de 35 a 40 horas semanales entre estos trabajadores.

Esta ley ya fue promulgada por el presidente portugu¨¦s, An¨ªbal Cavaco Silva, pero podr¨ªa quedar paralizada en caso de que el Constitucional decida su fiscalizaci¨®n preventiva.