Suiza se plantea colaborar contra la evasi¨®n aflorada con datos robados
Berna estudia levantar el veto a pa¨ªses que no paguen por lograr la informaci¨®n
¡°Suiza y otras 13 jurisdicciones, de muchas de ellas no habr¨¢n o¨ªdo ni el nombre¡±. El director del centro de pol¨ªtica fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, se?al¨® as¨ª en septiembre qu¨¦ pa¨ªses o territorios a¨²n no hab¨ªan adaptado sus leyes a las reglas internacionales contra la opacidad financiera. Y cuando busc¨® un ejemplo para explicar c¨®mo el intercambio autom¨¢tico de datos ¡ªnuevo objetivo del G20¡ª acabar¨¢ en el futuro con pr¨¢cticas oscurantistas que cobijan la evasi¨®n fiscal, lo encontr¨®... en un banco suizo.
Berna se sabe bajo el punto de mira, pero reivindica haber hecho mucho m¨¢s que otras jurisdicciones opacas. ¡°Y vamos a adoptar todas las reglas internacionales, pero el sistema pol¨ªtico en Suiza es peculiar¡±, aduce Catherine Chammartin, del Secretariado para Asuntos Financieros Internacionales, en referencia a un sistema que prima el consenso, en el que cada cambio legislativo puede someterse a referendum. En sucesivos encuentros con la prensa espa?ola esta semana en Berna, en un viaje organizado por el Gobierno suizo, altos funcionarios detallan nuevos proyectos legislativos. Como la posibilidad de dar informaci¨®n a pa¨ªses que la reclamen en base a datos robados de cuentas bancarias en Suiza, siempre que el pa¨ªs reclamante acceda a ella de ¡°forma pasiva¡±.
El proyecto depende del Parlamento suizo y no tendr¨¢ car¨¢cter retroactivo
La propuesta hace recordar a lo que ocurri¨® con la lista Falciani, los datos de 130.000 cuentas bancarias extra¨ªdos por el inform¨¢tico Herv¨¦ Falciani de la sede del banco brit¨¢nico HSBC en Ginebra. El inform¨¢tico ofreci¨® su informaci¨®n a Francia y Estados Unidos, y Par¨ªs, adem¨¢s, la comparti¨® con Italia, Alemania y Espa?a a trav¨¦s de los convenios que promueven el intercambio de datos. Las sanciones y regularizaciones fiscales a evasores han suministrado m¨¢s de 2.000 millones a las arcas p¨²blicas de estos pa¨ªses, pese a que no consiguieron colaboraci¨®n alguna de Suiza.
En este caso, con la nueva propuesta, al menos las agencias tributarias de Italia, Alemania y Espa?a, que accedieron a los datos robados de ¡°forma pasiva¡±, habr¨ªan podido optar a la colaboraci¨®n suiza. Pero los altos funcionarios de Berna matizan: la propuesta no tendr¨¢ car¨¢cter retroactivo, depende a¨²n del visto bueno del Parlamento helv¨¦tico y la colaboraci¨®n no podr¨¢ hacerse efectiva si se demuestra que quien extrajo los datos recibi¨® recompensa. En el caso Falciani, Suiza acusa al inform¨¢tico de intentar vender la lista, pero al rechazar la demanda de extradici¨®n, la Justicia espa?ola (Falciani fue detenido en Barcelona en 2012) lo neg¨®.
La presi¨®n contra el secreto bancario lleva a tomar nuevas medidas
Otras de las quejas habituales de los pa¨ªses que acuden a Berna en busca de colaboraci¨®n, es que la legislaci¨®n suiza obliga a advertir al cliente cuyos datos bancarios se quieren investigar, lo que, en algunos casos, da al traste con las pesquisas. ¡°En casos excepcionales no informaremos de la petici¨®n de datos a la persona investigada¡±, asegura Daniel Ruffi, del servicio de intercambio de informaci¨®n del Gobierno suizo. Un proyecto, de nuevo, que depende del aval del Parlamento.
Berna tiene en marcha otras propuestas, que responden a las nuevas exigencias de regulaci¨®n internacional, como limitar las operaciones con dinero en efectivo (aunque el tope, unos 80.000 euros, es mucho m¨¢s generoso que en otros pa¨ªses como Espa?a, apenas 2.500 euros) o endurecer y ampliar las normas que obligan a los bancos suizos a informar de movimientos de dinero il¨ªcito en cuentas de responsables pol¨ªticos y altos funcionarios extranjeros.
Una alerta que no funcion¨® en algunos de los grandes casos de corrupci¨®n que investigan ahora jueces espa?oles, como el del extesorero del PP, Luis B¨¢rcenas (8,2 millones en cuentas suizas) o del expresidente del Palau de la M¨²sica, F¨¦lix Millet (3,2 millones), vinculado a CDC. Las autoridades suizas prefieren resaltar que luego s¨ª ha habido cooperaci¨®n con los jueces espa?oles.
El panorama cambiar¨¢ de forma radical en los pr¨®ximos a?os, si se adopta el sistema autom¨¢tico de intercambio de datos, que el G20 plantea para 2016. Un sistema que obligar¨ªa a las entidades financieras a poner la informaci¨®n m¨¢s relevantes de sus cuentas en una base de datos internacional a la que podr¨ªan acceder las agencias tributarias de todos los pa¨ªses incluidos en el sistema. Un misil a la l¨ªnea de flotaci¨®n del secreto bancario suizo.
¡°Cooperaremos en el debate sobre este nuevo sistema¡±, dice Chammartin, sin dejar de subrayar los recelos helv¨¦ticos: ¡°Se debe garantizar la transparencia sobre quienes son los propietarios reales de todas las entidades financieras¡±, un recado a los trusts y fundaciones habituales en otros pa¨ªses. Suiza mira de reojo a los competidores, otras jurisdicciones opacas: ¡°Las nuevas reglas deben aplicarse en todo el mundo¡±.
El bot¨ªn de Duvalier, m¨¢s cerca de Hait¨ª
Las revueltas de la primavera ¨¢rabe no cogieron a Suiza desprevenida. ¡°Fuimos los primeros en congelar el acceso a cuentas bancarias, en el caso de Siria antes incluso de que hubiese sanciones europeas¡±, recalca en Berna Pascale Baeriswyl, que dirige el equipo de trabajo suizo para la recuperaci¨®n de activos. Un equipo que se cre¨® en 2011, precisamente tras la ca¨ªda de los reg¨ªmenes tunecino y egipicio.
Porque el secreto bancario suizo fue, durante d¨¦cadas, el refugio favorito del dinero p¨²blico desviado por reg¨ªmenes dictatoriales y autoritarios. Y, cuando hay un cambio hacia sistemas m¨¢s democr¨¢ticos, Suiza suele afrontar exigencias de que se devuelva el dinero robado. El Gobierno helv¨¦tico, que reivindica haber sido responsable de la devoluci¨®n de un tercio de los cerca de 4.000 millones de euros reintegrados en los ¨²ltimos a?os, aprendi¨® las lecciones del caso Duvalier, el tortuoso proceso para restituir a Hait¨ª unos 4 milones de euros hallados en cuentas suizas del depuesto dictador. Tras m¨¢s de una d¨¦cada en litigio, los tribunales administrativos suizos acaban de dar la raz¨®n al Gobierno frente a la apelaci¨®n de los abogados de Baby Doc, como se conoci¨® a Jean-Claude Duvalier. Solo queda el recurso al Supremo, que podr¨ªa dictaminar este mismo a?o.
Berna se vio forzada a actuar de urgencia en 2010, cuando la Justicia suiza dictamin¨® que los activos financieros de Duvalier (apenas una fracci¨®n de los 500 millones de euros que varias organizaciones estiman que se desviaron bajo su mandato) no pod¨ªan seguir congelados, ya que la Administraci¨®n haitiana, copada por funcionarios del antiguo r¨¦gimen, no avanzaba en la justificaci¨®n de que el dinero retenido se hab¨ªa captado de forma il¨ªcita, algo que s¨ª se hizo en los casos de Ferdinand Marcos, en Filipinas, Sani Abacha en Nigeria o Ra¨²l Salinas en M¨¦xico.
Para evitar que los Duvalier accedieran al dinero, el Gobierno suizo prepar¨® una nueva norma (conocida como Ley Duvalier), que permit¨ªa alterar el sentido de la carga de la prueba en ¡°Estados fallidos¡±. En esos casos, son los dictadores depuestos y sus familiares los que deben demostrar que el dinero congelado en cuentas suizas se logr¨® de forma legal.
El problema es que, por ejemplo, ni el Gobierno tunecino ni el egipcio, se consideran pertenecientes a un Estado fallido (su Administraci¨®n funciona), pese a las enormes dificultades t¨¦cnicas para sustentar el origen il¨ªcito del dinero que demandan. Y sobre todo, que la primavera ¨¢rabe ha vuelto a dejar al descubierto que algunos bancos suizos hab¨ªan vuelto a cobijar dinero il¨ªcito, sin dar cuenta a las autoridades. Las multas impuestas empeque?ecen cuando se comparan con los fondos gestionados. Y, pese a que Berna alude al da?o a la reputaci¨®n como principal castigo, se resiste a publicar los nombres de las entidades que guardaron el dinero sucio de dictadores. ¡°No es nuestra forma de hacer las cosas¡±, puntualiza Baeriswyl.
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