Prisi¨®n bajo fianza de 7 millones para dos empresarios por desviar fondos de la CAM

El juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez Berm¨²dez ha ordenado el ingreso en prisi¨®n incondicional bajo fianza de 7 millones para los empresarios Vicente Ferri y Jos¨¦ Salvador Bald¨® por desviar los beneficios de inversiones hoteleras de la CAM en el Caribe.

En un auto, el magistrado les acusa de un delito contra la Hacienda P¨²blica, falsedad documental y contable o, alternativamente, de apropiaci¨®n indebida y blanqueo de capitales, cuya gravedad, junto al riesgo de fuga y su capacidad econ¨®mica, justifican la medida adoptada.

Para ilustrarlo, desvela que los empresarios abonaron en un solo mes de 2012 gastos por viajes en avi¨®n privado de m¨¢s de 445.000 d¨®lares, a lo que agrega que disponen de numerosas propiedades en el extranjero y un entramado de sociedades "todav¨ªa no suficientemente desenmara?ado que les permitir¨ªa seguir obteniendo cuantiosos fondos de forma oculta o encubierta con los que vivir c¨®modamente".

G¨®mez Berm¨²dez les ha interrogado despu¨¦s de que los dos imputados, a los que el magistrado orden¨® detener en la operaci¨®n "Mar Nuestro", iniciada el 7 de noviembre, aunque aquel d¨ªa estaban fuera de Espa?a, hayan acudido voluntariamente a declarar.

En esa operaci¨®n fueron arrestados el ex director general de la CAM Roberto L¨®pez Abad y el ex director general de Empresas Daniel Gil, a los que acus¨® de desviar de 247 millones a un para¨ªso fiscal de las Antillas Holandesas y por los que orden¨® su ingreso en prisi¨®n bajo fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros, respectivamente, que ya abonaron.

Seg¨²n G¨®mez Berm¨²dez, L¨®pez Abad y Gil desempe?aron un papel esencial en las decisiones sobre la financiaci¨®n de proyectos por parte de Valfensal, de la que la CAM pose¨ªa el 30 %.

Eso sucedi¨® cuando los empresarios les informaron de su intenci¨®n de adquirir una sociedad a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en M¨¦xico, Costa Rica y la Rep¨²blica Dominicana.

La estructura fiscal fue creada por Ferri y Bald¨® mediante una sociedad pantalla, Jacksonport, situada en Curazao, en las Antillas Holandesas, para eludir las obligaciones fiscales en Espa?a.

Fue posible con el asesoramiento "del despacho Garrigues" y concretamente de Jaime Escriv¨¢, que defendi¨® en varios informes la legalidad de la utilizaci¨®n de esta sociedad para canalizar los beneficios de Valfensal y que fueron utilizados por L¨®pez Abad y Gil para justificarla ante los ¨®rganos de control de CAM.

"Desde el primer momento", sostiene el juez, "planificaron la adquisici¨®n de la sociedad Valfensal con el objetivo fundamental de utilizarla como veh¨ªculo a trav¨¦s del cual obtener financiaci¨®n necesaria" para posteriormente transferir el flujo de capital a sus participadas radicadas en el extranjero "sin que la caja obtuviera una contraprestaci¨®n l¨®gica y equilibrada con dicho pacto".

Una vez conseguido, se concentr¨® en Jacksonport la facturaci¨®n de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en M¨¦xico.

Jacksonport obtuvo entre 2004 y 2011 unos ingresos de 333 millones de d¨®lares -247 millones de euros-, afirma el juez, que pone como ejemplo las cuotas tributarias supuestamente defraudadas en 2009, 2010 y 2011, que ascienden a 1,2 millones, 1,3 millones y 2,7 millones, respectivamente.

Los imputados decidieron tambi¨¦n que Valfensal no repartiera dividendo, alterando para ello "conscientemente" la contabilidad.

Por ¨²ltimo, en 2010, "aprovechando la dif¨ªcil situaci¨®n" de CAM, suscribieron un contrato entre Valfensal y la sociedad Seabreze, por la que esta ¨²ltima se encargar¨ªa de la gesti¨®n de todos los hoteles del grupo.

As¨ª, facturaron a Seabrezee "en concepto de prestaci¨®n de servicios una importante suma econ¨®mica sin que existiese una contraprestaci¨®n similar en el caso de la CAM".

Pese a que ambos han alegado que el inter¨¦s econ¨®mico para CAM estaba en la realizaci¨®n de la participaci¨®n, el magistrado estima que ello no justifica "ni la defraudaci¨®n fiscal ni el negocio para la CAM, que durante casi diez a?os no ha obtenido rentabilidad por su inversi¨®n".

Adem¨¢s, existen "fuertes indicios" de que los empresarios "tienen cuentas bancarias en Andorra y que podr¨ªan haber cometido un delito de blanqueo", concluye.