Los responsables de Caja Segovia explican al juez las pensiones millonarias

Los miembros del comit¨¦ de retribuciones de la extinta Caja de Ahorros de Segovia han comenzado este lunes a prestar declaraci¨®n ante el juez imputados por un presunto delito de administraci¨®n desleal. Durante su gesti¨®n, los directivos aprobaron supuestamente prejubilaciones y planes de pensiones multimillonarias para ocho directivos que, en su conjunto, superaron los 34,1 millones de euros, seg¨²n denuncia el abogado Andr¨¦s Herzog, de Uni¨®n Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusaci¨®n particular junto con la Confederaci¨®n Intersindical de Cajas.

Los primeros en pasar ante el titular del?Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 2 y Mercantil han sido los antiguos presidente y vicepresidente de la entidad, Atilano Soto (PP) y Manuel Agud¨ªez (PSOE), que han declarado por separado ya que tambi¨¦n formaron parte de la comisi¨®n de retribuciones. En los pr¨®ximos d¨ªas siguientes, explicar¨¢n su versi¨®n de los hechos al juez Jes¨²s Marina Reig la secretaria de la comisi¨®n, Elena Garc¨ªa Gil, que tambi¨¦n fue vicesecretaria provincial del PP, y el exdirector y el exsecretario Manuel Escribano y Antonio Tapia, ambos beneficiados por las pensiones. El magistrado decidir¨¢ despu¨¦s si toma declaraci¨®n a todos los miembros del consejo de administraci¨®n, como le pidieron el fiscal y las acusaciones.

A la vista de las primeras declaraciones, Herzog mantiene la teor¨ªa de que los directivos trataban bien a los miembros del consejo de administraci¨®n a trav¨¦s de ¡°viajes y prebendas¡± para que, a su vez, ¨¦stos les aprobaran las aportaciones pertinentes a sus planes de pensiones. Esto, ha a?adido, se decid¨ªa sin hacer demasiadas preguntas, hasta el punto de que los debates en el consejo se limitaban a ratificar lo que presentaban estos altos cargos.

En su opini¨®n, Atilano Soto, que ha asegurado que ejerc¨ªa una presidencia honor¨ªfica y sin responsabilidades ejecutivas, ha reconocido que en 2008, cuando se modifica por primera vez el plan de prejubilaciones y se flexibilizan todos los requisitos para poder acceder a ¨¦l, ya se sab¨ªa que Caja Segovia iba a integrarse en una entidad superior ¡ªBankia¡ª, como as¨ª fue. Por este motivo la acusaci¨®n piense que, en vez de rescatar el plan, se aceleraron las dotaciones hasta el punto de que, solo en 2010, alcanzaron los 11 millones de euros para prejubilaciones de ocho personas.

Seg¨²n Herzog, los directivos, "sabiendo que se les acababa el chollo, en vez de velar por los intereses de la entidad, lo hicieron por los suyos personales, otorg¨¢ndose cantidades estratosf¨¦ricas y fuera de lugar para una caja que lo ha perdido todo y con una fundaci¨®n al borde de la quiebra".

Argumento de la defensa

Para la defensa de la mayor¨ªa de los miembros de la comisi¨®n, a excepci¨®n de Garc¨ªa Gil, ejercida por el letrado Luis Rodr¨ªguez Ramos, ¡°es absolutamente insostenible" que pueda haber administraci¨®n fraudulenta, tipificada en el art¨ªculo 295 del C¨®digo Penal, teniendo en cuenta la jurisprudencia al respecto emitida por el Tribunal Supremo. Por el contrario, piensa que hay ¡°temeridad¡± en el ejercicio de acciones penales por parte de las acusaciones denunciantes, lo que est¨¢ originando ¡°graves da?os morales y materiales" a sus defendidos.

De hecho, seg¨²n los letrados, al ser preguntados al respecto por la defensa, Soto explic¨® que hab¨ªa sido insultado en la calle, cuando acud¨ªa al juzgado, y Agud¨ªez rompi¨® a llorar, sin poder articular palabra, por lo que el juez dio por concluida su declaraci¨®n. Seg¨²n Rodr¨ªguez Ramos, "es absolutamente injusto que a una persona honrada le digan que ha cometido delitos cuando se ha limitado simplemente a cobrar unas dietas por asistir a unas reuniones (¡­) est¨¢n sufriendo vejaciones absolutamente injustas porque no han cometido ning¨²n delito y, aclarado todo y agotada la investigaci¨®n, lo l¨®gico ser¨ªa que termine en archivo y sobreseimiento".

Por su parte, Herzog ha lamentado que Soto y Agud¨ªez se hayan negado a responder a las acusaciones lo que, en su opini¨®n, les ha impedido preguntar sobre muchas cuestiones, como viajes o si hab¨ªa tarjetas de cr¨¦dito opacas. Tampoco han explicado cual era el beneficio de abonar estas altas cifras de prejubilaciones para Caja Segovia.

Torre¨®n de Lozoya

Soto y Agud¨ªez, junto a los miembros que estaban en el consejo de administraci¨®n el 17 de julio de 2012, tambi¨¦n deber¨¢n declarar ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Segovia, el pr¨®ximo 5 de febrero. El magistrado ha dictado un auto en el que se imputa formalmente la comisi¨®n de un presunto delito societario a todos los consejeros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le¨®n ha informado que la imputaci¨®n se basa en que el consejo adopt¨® un acuerdo para solicitar de Banco Financiero y de Ahorros, del que Bankia es filial, un pr¨¦stamo con garant¨ªa hipotecaria por importe de 6.864.611,04 euros. Como garant¨ªa, entre los bienes hipotecados, figuran inmuebles emblem¨¢ticos de lo que fue obra social, como el torre¨®n medieval de Lozoya, ahora convertida en fundaci¨®n pero sin apenas personal y actividad, asfixiada por el pago de intereses.

El importe del pr¨¦stamo se destin¨® a garantizar el pago de la deuda tributaria atribuida a Navicoas Asturias, donde Caja Segovia participaba en un 50%, por el impuesto de sociedades de 2007. El Juzgado considera que el consejo de administraci¨®n concert¨® el pr¨¦stamo sin una base legal s¨®lida y en grave perjuicio econ¨®mico de Caja Segovia. Asimismo, de acuerdo con las fuentes judiciales, entiende que el consejo de administraci¨®n no actu¨® de la mejor de las formas a la hora de velar por los intereses de la Caja, de sus socios y de sus depositarios.