La PAC toma tierra

La reforma de la Pol¨ªtica Agr¨ªcola Com¨²n (PAC) ha constituido, desde la presentaci¨®n de la primera propuesta en oto?o de 2011 por el comisario Dacian Ciolos, el eje de las actividades del Ministerio de Agricultura y la principal preocupaci¨®n del conjunto del sector agrario.

M¨¢s de dos a?os despu¨¦s del arranque de los debates, por fin, la reforma ha tomado tierra. Agricultura y comunidades aut¨®nomas, tras unas negociaciones que se han desarrollado en los ¨²ltimos seis meses, con las organizaciones agrarias informadas, pero m¨¢s bien como oyentes, suscrib¨ªan la pasada semana un acuerdo por el que se define lo que es actividad agraria y agricultor activo y, en definitiva, se ponen nombres y apellidos a los destinatarios de los fondos, superficies, activos y comunidades aut¨®nomas.

Sobre el papel, en lo que afecta a los pagos directos, la reforma de la PAC supon¨ªa un cambio radical al sustituir el anterior modelo de pagos por derechos hist¨®ricos a otro basado en las superficies. Sin embargo, en la pr¨¢ctica, con el apoyo de los pa¨ªses que han estado recibiendo las mayores ayudas tradicionalmente, entre ellos Espa?a, la reforma ha supuesto una estabilidad en la distribuci¨®n de los fondos. La novedad m¨¢s importante ha sido el compromiso de la Comisi¨®n Europea de evitar conceder ayudas a superficies abandonadas, as¨ª como a personas o empresas no ligadas a la actividad agraria, que han sido motivo de esc¨¢ndalos y que deslegitimaban los pagos de la PAC.

Bruselas hizo una lista negra sobre superficies como campos de golf, aeropuertos, instalaciones ferroviarias o terrenos de empresas constructoras que deb¨ªan eliminarse de las ayudas, y dejaba la puerta abierta a cada pa¨ªs para incrementar la misma. En Espa?a, Agricultura consider¨® que no era necesario ampliarla y, de acuerdo con la reglamentaci¨®n comunitaria, negoci¨® con las comunidades aut¨®nomas la definici¨®n de lo que se deber¨ªa entender como actividad agraria y como agricultor o ganadero activo, condiciones que se acordaron en la ¨²ltima conferencia sectorial y que han supuesto la cuenta atr¨¢s para aplicar la reforma.

En relaci¨®n con la concesi¨®n de las ayudas previstas, que se pagar¨¢n en oto?o de 2015, el solicitante de las ayudas deber¨¢ justificar que desarrolla una actividad agraria. En el caso de la agricultura, mediante declaraci¨®n de cultivo o de barbecho, pero siempre justificando los gastos realizados en labores o medios de producci¨®n de esa actividad. Si se trata de explotaciones ganaderas, deber¨¢ justificar su existencia en el registro correspondiente y que las caba?as sean compatibles con la dimensi¨®n de la finca, con una carga ganadera m¨ªnima de 0,20 unidades de ganado mayor (UGM) por hect¨¢rea, es decir, el equivalente a una vaca por cada cinco hect¨¢reas.

Junto a la actividad agraria como condici¨®n indispensable para recibir la ayuda, Espa?a ha marcado las exigencias para ser considerado agricultor activo y destinatario prioritario de las ayudas. Seg¨²n el acuerdo adoptado, el agricultor o ganadero cuyos cobros por ayudas supongan m¨¢s del 80% del total de los ingresos de la explotaci¨®n no tendr¨¢ derecho a considerarse activo. Esta medida afectar¨¢ a 71.476 productores que dejar¨¢n de percibir unos 550 millones de euros, que pasar¨¢n a los agricultores activos de las mismas comarcas agrarias.

Agricultura y las comunidades aut¨®nomas hab¨ªan marcado inicialmente ese porcentaje en el 90%. Pero las organizaciones agrarias se opusieron, al creer que se dejaba la puerta abierta para recibir ayudas a personas no profesionales, a los denominados cazaprimas, al tener solamente un 10% de ingresos ligados a la actividad agraria. Esta medida se aplicar¨¢ igualmente a las empresas que optan por las ayudas directas. COAG y UPA valoran positivamente esas mayores exigencias, aunque las consideran insuficientes si lo que realmente se pretende es que los activos sean los profesionales del campo, unos 300.000, frente a los 900.000 perceptores actuales de ayudas.

Esta exigencia no se aplicar¨¢ a los agricultores que reciben ayudas inferiores a los 1.250 euros, m¨¢s de 407.000, calificados como peque?os productores.

Para concentrar los recursos sobre los activos y la actividad agraria, se eliminar¨¢n tambi¨¦n progresivamente los pagos a quienes perciban menos de 100 euros en 2015; de 200 euros en 2016, y de 300 en 2017, unos 100.000 perceptores.

El acuerdo no prev¨¦ la posibilidad de aplicar una modulaci¨®n superior al 5% para quienes perciban ayudas superiores a 150.000 euros, algo que era optativo en cada Estado miembro y que en Espa?a afecta a poco m¨¢s de 200 solicitantes.

La aplicaci¨®n de la reforma de la PAC en Espa?a para la distribuci¨®n de los fondos, en realidad ya estaba casi marcada de antemano, tanto desde las instancias comunitarias como por el propio ministro de Agricultura, que hab¨ªa reiterado la necesidad de una reforma que no supusiera un trasvase de fondos entre territorios o sectores para evitar inseguridad en las explotaciones. Bajo este planteamiento acudieron a la Conferencia Sectorial los consejeros de Agricultura regionales para lograr un acuerdo que solo prev¨¦ oscilaciones del 0,67 al alza o a la baja en los pagos en relaci¨®n con los actuales. Por esta raz¨®n, COAG entiende que se han tenido m¨¢s en cuenta los intereses regionales que los de los agricultores activos.

Tras este acuerdo falta la territorializaci¨®n de Espa?a en m¨¢s de veinte regiones, donde debe producirse una convergencia discreta de ayudas.