El Gobierno ofrece rescatar las autopistas con una quita del 50% de la deuda

El Gobierno intenta cerrar cuanto antes un acuerdo con las concesionarias y la banca acreedora para rescatar a las autopistas en quiebra. La ¨²ltima propuesta de los ministerios implicados en la negociaci¨®n, Hacienda y Fomento, establece la creaci¨®n de una empresa de capital 100% p¨²blico que aglutine a las nueve carreteras de peaje y su deuda, aunque tras imponer una quita del 50% sobre el pasivo, que asciende a m¨¢s de 3.900 millones en manos de la banca, y otros 500 millones de las constructoras, seg¨²n confirman fuentes cercanas a estas conversaciones.

La oferta fue analizada este martes en una reuni¨®n mantenida con representantes de las constructoras y de la banca nacional y a la que tambi¨¦n acudi¨® la responsable de Fomento, Ana Pastor, aunque no se la esperaba. Las entidades reconocen que la propuesta es un ¡°mal menor¡± tras la irrupci¨®n de Hacienda en las negociaciones a finales de 2013 y el rechazo de este Miniserio a la propuesta inicial de la ministra.

Tras la reuni¨®n, la banca, que ya tiene provisionada por imperativo legal el 50% de los cr¨¦ditos concedidos a las concesionarias, tiene hasta el lunes para dar una respuesta al Ejecutivo. En caso de ser positiva, las partes dar¨ªan un paso decisivo para superar el concurso de acreedores y evitar la liquidaci¨®n de las concesionarias.

La propuesta, de salir adelante, prev¨¦ que los acreedores reciban un bono negociable a 30 a?os con una rentabilidad m¨ªnima del 1%. Este inter¨¦s, a?aden las mismas fuentes, aumentar¨ªa si se recupera el tr¨¢fico de los peajes. La banca aspira a negociar en los pr¨®ximos d¨ªas para lograr un aumento de esta rentabilidad, hasta acercarla al m¨¢ximo a los intereses de los bonos del Tesoro a 30 a?os en el mercado, seg¨²n fuentes financieras.

Por el otro lado, se calcula que la deuda que pasar¨ªa a ser responsabilidad del Estado es de 2.400 millones, una cifra que incluye los costes financieros de alargar los vencimientos. La empresa p¨²blica de autopistas ser¨ªa constituida, adem¨¢s, con la deuda pendiente con los propietarios de los terrenos expropiados y que oscilar¨ªa entre 1.200 y 1.800 millones de euros, seg¨²n la propuesta, que fue adelantada en su edici¨®n de este martes por La Vanguardia.

En su ¨²ltima propuesta, el Gobierno ha optado por una sociedad de capital 100% p¨²blico, frente a la posibilidad inicial de que un 20% quedara en manos de las empresas. El motivo del cambio de planteamiento es que la soluci¨®n mixta corr¨ªa el riesgo de ser considerada por Bruselas como ayuda de Estado. La oferta, sin embargo, no gusta entre la banca extranjera, seg¨²n recuerdan desde el despacho Olswang, uno de los representantes de este colectivo y que recuerdan que el acuerdo definitivo tambi¨¦n de ellos en algunas de las concesionarias.

La nueva empresa 100% p¨²blica integrar¨ªa a nueve v¨ªas que suman 748 kil¨®metros

En cuanto al anclaje de la soluci¨®n en las delicadas finanzas p¨²blicas, obligadas a cumplir rigurosamente con los objetivos de consolidaci¨®n fiscal, el dinero para rescatar a las autopistas no computar¨ªa como d¨¦ficit al no ser un pago inmediato y ¨²nico. Adem¨¢s, tampoco se sumar¨ªa al volumen de deuda del Estado, ya que cuelga de una empresa p¨²blica. Esto, sin embargo, no evita que sea la Administraci¨®n quien tenga que pagar a los acreedores con dinero de los contribuyentes y los an¨¦micos ingresos por el paso de veh¨ªculos.

La nueva sociedad de v¨ªas de pago integrar¨ªa al menos a nueve empresas concesionarias que suman 748 kil¨®metros de autopistas, m¨¢s de una quinta parte de la red de pago. Se trata de las radiales de acceso a Madrid, la autopista que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Oca?a-la Roda, la Cartagena-Vera y la circunvalaci¨®n de Alicante.

Estas autopistas se encuentran en concurso de acreedores por el desequilibrio econ¨®mico que les ocasion¨® el sobrecoste de las expropiaciones y un tr¨¢fico mucho menor del esperado. El problema para el Estado es que, en caso de liquidaci¨®n, se activar¨ªa la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administraci¨®n, lo que obligar¨ªa a asumir el 100% de la deuda. Esta opci¨®n costar¨ªa 5.000 millones a las arcas p¨²blicas, seg¨²n los c¨¢lculos del sector.