El Gobierno venezolano busca regular la compra de alimentos para frenar el contrabando

El Gobierno de Venezuela lanz¨® hoy un nuevo sistema para controlar la compra de alimentos en la red de supermercados p¨²blicos y luchar as¨ª contra el contrabando que ha llevado al desabastecimiento de productos b¨¢sicos para la poblaci¨®n.

El presidente venezolano, Nicol¨¢s Maduro, quien present¨® el 16 de marzo pasado la "tarjeta electr¨®nica de Abastecimiento Seguro", dijo hoy que el nuevo sistema lleg¨® para acabar con las "irregularidades" y el contrabando, y garantizar as¨ª los alimentos a los ciudadanos.

La tarjeta forma parte del Sistema Superior de Abastecimiento Seguro que controlar¨¢ la compra de alimentos en la red de supermercados del Estado (abastos y supermercados Mercal, PDVAL y Bicentenario) para eliminar el contrabando de productos destinados a esos establecimientos y que ronda el 40 %, seg¨²n datos oficiales.

Este martes comenz¨® el registro de los usuarios de la red p¨²blica de supermercados en 156 puntos del pa¨ªs a trav¨¦s de la captaci¨®n de huellas dactilares.

La afiliaci¨®n al sistema permitir¨¢ registrar la cantidad de alimentos y la frecuencia con la que son adquiridos, para generar una alerta si el consumidor tiene patrones de compra at¨ªpicos.

Para incentivar el registro de los consumidores, habr¨¢ rifas de autom¨®viles o apartamentos, as¨ª como descuentos en alimentos y paquetes tur¨ªsticos.

Seg¨²n las autoridades, los productos son adquiridos en la red de supermercados p¨²blicos, donde los precios de los alimentos est¨¢n por debajo del resto comercios porque est¨¢n subsidiados, y llevados a Colombia a trav¨¦s de la frontera para revenderlos a precios mayores.

Maduro asegur¨® recientemente que "un kilo de az¨²car de Mercal est¨¢ en 2 bol¨ªvares y en Medell¨ªn lo venden a 150 bol¨ªvares, da m¨¢s plata que la coca¨ªna, da m¨¢s plata que la droga".

Venezuela comparte una amplia frontera con Colombia por la que pasan de manera ilegal una amplia gama de productos, pero sobre todo alimentos y combustibles.

El l¨ªder opositor Henrique Capriles critic¨® el nuevo sistema, que calific¨® como un instrumento de "racionamiento", y destac¨® que "deja claro que la escasez no es una contingencia de corto plazo, sino algo permanente".

El presidente de la Asociaci¨®n Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto Le¨®n, coincidi¨® en que "esto no es abastecer", sino "racionar".

"El Estado es quien tiene el deber de luchar contra el delito ll¨¢mese contrabando, ll¨¢mese especulaci¨®n, acaparamiento", dijo a Efe.

El ministro de Alimentaci¨®n, F¨¦lix Osorio, ha se?alado que el sistema impedir¨¢ "compras excesivas". La frecuencia de compra "l¨®gica" es de entre cuatro y siete d¨ªas y quien "quiera comprar todos los d¨ªas no va a poder porque es un revendedor", asever¨®.

El Gobierno estima alcanzar los 15 millones de afiliados al nuevo sistema, solo cuatro millones por debajo de la poblaci¨®n que atiende la red p¨²blica de alimentaci¨®n a trav¨¦s de 22 mil puntos de venta.

Con una inflaci¨®n de m¨¢s del 50 % en 2013 y un crecimiento del PIB de apenas el 1,6 %, Venezuela sufre recurrentes episodios de desabastecimiento de productos de consumo, como papel higi¨¦nico y leche, que obligan a los ciudadanos a recorrer varios supermercados para encontrar lo que necesitan y hacer largas filas.

El a?o pasado hubo una escasez de bienes b¨¢sicos del 28 %, seg¨²n el Banco Central de Venezuela, algo que el Gobierno atribuye a una guerra econ¨®mica para desestabilizar al pa¨ªs.

En tanto, los empresarios responsabilizan al Ejecutivo de la situaci¨®n con el argumento de que no reciben del Estado las divisas necesarias para producir o importar.

Seg¨²n el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Mauricio Tancredi, el sistema restringe la libertad de los consumidores y no resuelve el problema de ra¨ªz, que es la de escasez de productos.

Se pronunci¨®, en su lugar, por "una pol¨ªtica de flexibilizaci¨®n de los precios de los productos controlados" y medidas para impulsar la producci¨®n".

En enero pasado el Gobierno impuls¨® la Ley de Precios Justos, que busca controlar los precios y acabar con la escasez, al prohibir ganancias superiores al 30 % y estipular sanciones de hasta 10 a?os de c¨¢rcel para los acaparadores.