Un juez deja a un funcionario compaginar dos trabajos por el recorte salarial

Un juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n¨²mero siete de Barcelona ha dictado sentencia favorable a un funcionario que quer¨ªa compaginar su puesto con una actividad asalariada. El magistrado ha considerado que el trabajador ha sufrido una p¨¦rdida de poder adquisitivo durante los ¨²ltimos a?os, por las rebajas salariales y congelaciones, que hace necesaria una interpretaci¨®n m¨¢s flexible de la regulaci¨®n sobre incompatibilidades en el sector p¨²blico.

Se trata de un agente de la Guardia Urbana que quer¨ªa compaginar esta actividad principal con otra como abogado y que hab¨ªa demandado al Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio le hab¨ªa negado esta posibilidad por silencio administrativo en aplicaci¨®n de la Ley 53/1984 sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones P¨²blicas.

Seg¨²n explica la sentencia, con fecha del 19 de marzo, la regulaci¨®n se?ala que en los supuestos de incompatibilidad por desempe?o de otra actividad en el sector privado, caben dos supuestos. El primero, que ambas actividades sean la misma, aunque en diferentes ¨¢mbitos, lo que ser¨ªa incompatible. Para el resto de las actividades privadas que no tengan nada que ver con la que se desempe?a en la funci¨®n p¨²blica la regla general es la compatibilidad, pero se exige su previo reconocimiento, algo que no hizo el Ayuntamiento de Barcelona.

El juez menciona una serie de sentencias previas que dieron v¨ªa libre a este tipo de compatibilidad e incluso jurisprudencia del Tribunal Supremo que ratificaba la posibilidad de ejercer la abogac¨ªa a un agente de la Guardia Civil, cuerpo en el que la restricci¨®n es todav¨ªa mayor a la de los polic¨ªas locales.

El juez se basa en los recortes

La diferencia en este caso es que el juez argumenta que "la funci¨®n p¨²blica espa?ola ha retrocedido a los niveles retributivos propios de los a?os 2003 y anteriores", con una ca¨ªda de entre el 8% y el 20%, desde la primera congelaci¨®n salarial en 1996, para cumplir los criterios de convergencia para la entrada en el euro, pasando por la bajada salarial de entre el 5% y el 10%, en mayo de 2010, y continuando con las sucesivas congelaciones, con lo que ya no es una "remuneraci¨®n suficiente".

"Es evidente que lo que era suficiente en 2003 y en a?os anteriores no puede serlo en modo alguno en 2012. Ante ello seguimos teniendo con plena vigencia normas como la Ley socialista de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones P¨²blicas, que parten de un supuesto que sencillamente no se da, y es el de que no se puede (como regla general) desempe?ar puesto de trabajo distinto que el ocupado en la funci¨®n p¨²blica", se?ala.

As¨ª pues, el juez considera que "cuando las retribuciones de los funcionarios son usadas, congeladas y reducidas por los gobiernos de la Naci¨®n como un elemento m¨¢s de pol¨ªtica econ¨®mica, ya no puede seguir sosteni¨¦ndose una aplicaci¨®n a rajatabla de normas como la Ley de Incompatibilidades de 1984, porque los presupuestos de los que la misma parte no existen en la realidad de la actual funci¨®n p¨²blica espa?ola".

Por otro lado, la sentencia acaba por reprochar al Ayuntamiento de Barcelona que "lo que no pueden pretender las distintas Administraciones P¨²blicas es tener a un personal al cual se le est¨¢ exigiendo cada vez m¨¢s pag¨¢ndole menos, y mantener a su vez un r¨¦gimen de incompatibilidades que resulta (valga la redundancia) incompatible con la realidad social actual". "Como dice el refr¨¢n castellano, estamos ante la situaci¨®n del perro del hortelano, que ni come la hierba ni deja de comerla", a?ade.

Actualmente hay en Espa?a m¨¢s 246.000 miembros de la Polic¨ªa Nacional, la Guardia Civil, polic¨ªas auton¨®micas y locales, seg¨²n datos del Ministerio del Interior. A ra¨ªz de esta sentencia, el sindicato de funcionarios CSI-F propone al Gobierno, en primer lugar, que compense a los empleados p¨²blicos por la p¨¦rdida de poder adquisitivo y, en segundo lugar, que flexibilice la aplicaci¨®n de la Ley de Incompatibilidades con criterios m¨¢s razonables y acordes a la realidad social. "Es muy significativo que los jueces cifren la p¨¦rdida de poder adquisitivo y el Gobierno deber¨ªa tomar nota", han indicado fuentes del sindicato.

CSI-F reclama la apertura del di¨¢logo social en las administraciones p¨²blicas para dar carpetazo a los recortes de manera definitiva y establecer una hoja de ruta para compensar el esfuerzo realizado por los empleados p¨²blicos de manera paulatina a la recuperaci¨®n.