Asalto al poder de los colegios profesionales

A la decoraci¨®n de interiores no puede dedicarse cualquiera, aunque decirlo se preste a la broma. Y no puede, por ley. Al menos hasta ahora. Los decoradores de interiores tienen en Espa?a lo que se llama reserva de actividad, que implica que solo determinados profesionales pueden ejercer una labor con el fin de garantizar la seguridad y la calidad de un servicio, como la los m¨¦dicos tiene la reserva de actividad de la medicina y los arquitectos la de la edificaci¨®n. Pero ahora, los decoradores de interior son una de las decenas de profesiones que el Ejecutivo ha decidido liberalizar en el marco del anteproyecto de ley de de Servicios y Colegios Profesionales. Esta normativa da un tijeretazo a los oficios con obligaci¨®n de colegiarse, pone coto a las cuotas que cobra y, en pocas palabras, ha sacado de quicio al mundo colegial.

Los economistas que trabajan como economistas no pueden llamarse como tal en la placa de su despacho si no est¨¢n colegiados. Los logopedas tienen obligaci¨®n de estarlo en algunas comunidades, es voluntario en otras y en otras regiones ni siquiera existen colegios. Lo mismo les pasa a tatuadores, relojeros o periodistas¡­ Estos son algunos de los ejemplos que pone el Ministerio de Econom¨ªa para defender la necesidad de liberalizar algunas profesiones y homogeneizar las reglas de juego en aras de la unidad de mercado.

Las comunidades solo podr¨¢n obligar a la colegiaci¨®n de profesionales no universitarios

El Gobierno ha rehuido varias batallas, no ha abierto el mel¨®n de las farmacias, ha evitado que ingenieros entren en competencia con los arquitectos en la proyecci¨®n de viviendas y los abogados no podr¨¢n ejercer de procuradores de forma simult¨¢nea, pese a que se unifiquen las v¨ªas de acceso a ambos oficios. Sin embargo, muchos colegios dejan de ser obligatorios, todos pierden la cuota de inscripci¨®n y adem¨¢s el Ejecutivo les pone un l¨ªmite de 240 a sus ingresos anuales salvo que una amplia mayor¨ªa de su asamblea vote lo contrario.

¡°Hay una gran dispersi¨®n entre las cuotas de unos colegios y las de otros¡±, advierten fuentes de Econom¨ªa, que ponen ejemplos llamativos (ver cuadro): la cuota de ingreso del Colegio de Abogados de Valladolid asciende a 1.931 euros y la anual suma otros 1.050, mientras que el Colegio de M¨¦dicos de M¨¢laga, donde la cuota de inscripci¨®n es de 150 euros y la anual de 358.

¡°Los costes de ingreso a un colegio deber¨ªan estar vinculados a los costes administrativos y de gesti¨®n, y algunos son sorprendentes. No hay que olvidar que es un pago obligatorio para el que quiera ejercer una profesi¨®n¡±, a?aden fuentes del Econom¨ªa.

La Uni¨®n Profesional, que grupa a un millar de colegios, ve la normativa como una ¡°injerencia inadecuada¡± y cree que el hecho de que los profesionales puedan escoger su colegio, independientemente del lugar donde suelan desarrollar su oficio, dificulta ¡°el control deontol¨®gico efectivo por parte de los colegios profesionales¡±.

Los colegios ponen los derechos de los consumidores como argumento para mantener estas obligaciones en ciertas profesiones, mientras que el Gobierno considera que no siempre es la colegiaci¨®n la forma de controlar el buen servicio.

Los administradores de fincas son uno de los colectivos que pierden la obligaci¨®n de colegiarse y Enrique Vendrell, vicepresidente del Consejo General de Colegios de Administradores Espa?a, alerta de que ¡°si no es necesaria la colegiaci¨®n no habr¨¢ el mismo control sobre la profesi¨®n que gestiona el principal patrimonio de las familias¡±. Tambi¨¦n los colegios de ingenieros industriales creen que vulnera su autonom¨ªa. Y el Consejo General de la Abogac¨ªa tambi¨¦n alerta por ejemplo contra el refuerzo del papel de los graduados sociales como asesores legales, o que los abogados de empresa ya no tengan que colegiarse.

Agentes comerciales o administradores de fincas ya no tendr¨¢n que colegiarse

Hay m¨¢s. El hecho de que la colegiaci¨®n solo podr¨¢ hacerse obligatoria a trav¨¦s de de una ley de ¨¢mbito estatal quita poder a las autonom¨ªas. No ha gustado en Catalu?a, por ejemplo, donde el propio Gobierno catal¨¢n estaba preparando su nueva normativa. En palabras de Joan Tard¨¤, de Esquerra, ¡°se trata de competencia muy consolidadas y el Gobierno quiere homogeneizar y centralizar el marco legal¡±. Las comunidades solo mantendr¨¢n su poder para obligar a la colegiaci¨®n de profesiones no universitarias, como los buzos o los tatuadores.

La mayor liberalizaci¨®n de los servicios profesionales es una vieja demanda de Bruselas, de la OCDE y tambi¨¦n del Fondo Monetario Internacional (FMI). Econom¨ªa tiene listo el proyecto, pero Moncloa no ha confirmado la fecha para la aprobaci¨®n de una normativa que, pese a haberse descafeinado respecto a borradores anteriores, sigue pisando muchos callos.