Los gestores de fincas defienden la colegiaci¨®n

Los alrededor de 16.000 administradores de fincas, que administran y gestionan el 80% del parque de viviendas que hay en Espa?a, ven con cierto recelo el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, promovida desde el Ministerio de Econom¨ªa. La propuesta legal reserva la colegiaci¨®n para las profesiones relacionadas con la salvaguarda de intereses generales como la protecci¨®n del medioambiente y del entorno urbano, la protecci¨®n de la salud y la seguridad f¨ªsica y jur¨ªdica de los consumidores y usuarios. En los dem¨¢s casos, liberaliza la actividad.

Los administradores colegiados sostienen en su defensa que "la principal inversi¨®n de una familia es la vivienda, un bien a proteger y que debe estar debidamente gestionado por profesionales capacitados. Si se quita la obligatoriedad de la capacitaci¨®n, el usuario ver¨¢ limitada su capacidad de reclamar", apunta Salvador D¨ªez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de Espa?a (CGAFE).

El proyecto de liberalizaci¨®n se produce, adem¨¢s, en un momento en que la crisis tambi¨¦n se ha dejado sentir en el negocio. "Si hace tres a?os se cobraba 4,5 euros por vecino al mes, ahora se ajusta a poco m¨¢s de 3 euros", reconoce D¨ªez. Una rebaja de en torno a un 25% que puede variar, al alza o a la baja, en funci¨®n de las caracter¨ªsticas de la comunidad y de la zona en que se encuentre.

Los representantes de los administradores colegiados arguyen que sus afiliados son personas que han recibido la correspondiente titulaci¨®n oficial o t¨ªtulo superior universitario y que, a trav¨¦s de sus colegios profesionales, tienen concertado un seguro de responsabilidad civil en caso de haber incurrido por omisi¨®n o negligencia en su actuaci¨®n profesional. En algunos casos, adem¨¢s, cuentan con otro seguro de cauci¨®n para responder de su gesti¨®n econ¨®mica.

La liberalizaci¨®n, en opini¨®n de los colegiados, pone en riesgo la seguridad que suponen las exigencias con las que trabajan los colegiados. As¨ª que con motivo del cambio de regulaci¨®n que pretende aplicar el Gobierno, los administradores de fincas quisieron testar la evaluaci¨®n que los ciudadanos tienen de su actividad.

En su propio sondeo, un 79,8% de los espa?oles considera que la profesi¨®n de administrador de fincas deber¨ªa incluirse entre aquellas para las que es obligatorio estar colegiado. Y, en el supuesto de que el Gobierno liberalizara la actividad y ¨¦sta pudiera ser ejercida por personas que no estuvieran colegiadas, el 66,8% piensa que ser¨ªa perjudicial para la calidad del servicio que se presta a los propietarios.

La Ley de Propiedad Horizontal ya prev¨¦ que cualquier propietario, por el hecho de serlo y sin tener cualificaci¨®n suficiente, puede ejercer como administrador. En cambio, si el cargo lo ejerce una persona, f¨ªsica o jur¨ªdica, ajena a la comunidad, s¨ª debe contar con la acreditada cualificaci¨®n profesional.?