El oligopolio de las ITV se tambalea
El sector est¨¢ copado por empresas que temen la apertura salvaje del mercado Cada a?o se revisan en Espa?a 17 millones de veh¨ªculos
Pruebe a pasar la ITV en Navarra o Extremadura: le cobrar¨¢n poco m¨¢s de 29 euros (25 por un turismo). Si se desplaza a Castilla y Le¨®n o Valencia tendr¨¢ que abonar un 84% m¨¢s por id¨¦ntico servicio. Seg¨²n un estudio de Facua, en la revisi¨®n de motocicletas la diferencia de precio entre distintas ITV puede llegar a ser del 202%. ?Por qu¨¦? Entramos en las arenas movedizas de un sector dominado por concesiones que han creado rentables monopolios u oligopolios y, en los ¨²ltimos a?os, tendente a experimentos liberalizadores con dudosos resultados. No es un mercado nada despreciable: el a?o pasado sell¨® 17.982.862 revisiones con una estimaci¨®n de facturaci¨®n superior a 600 millones de euros (aunque ni el Ministerio de Industria ni la patronal ofrecen datos m¨¢s exactos).
En Espa?a las empresas que prestan este servicio obligatorio est¨¢n sometidas a la regulaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas y en todas partes, excepto en Madrid, las tarifas las fija la Administraci¨®n o, al menos, impone unos precios m¨¢ximos (que suelen convertirse en precio medio). En comunidades con estaciones ITV p¨²blicas (que operan en Extremadura, Asturias, Cantabria y Andaluc¨ªa) ese precio suele ser menor, como lo demuestra un reciente informe sobre el sector de la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC). Sin embargo, la mayor¨ªa de las autonom¨ªas han optado por otorgar concesiones a empresas durante 20 ¨® 30 a?os que, con pr¨®rrogas, pueden llegar a estirarse hasta el siglo XXII. En el Pa¨ªs Vasco, por ejemplo, una de las concesiones expira en 2023 con posibilidad de alargarse hasta el a?o 2092, y otra, iniciada en 2013 por 30 a?os, cuenta con la opci¨®n de pr¨®rroga hasta el 2112. Y a menos que la ciencia d¨¦ un vuelco a la esperanza de vida, cuando finalice esa ¨²ltima concesi¨®n sus actuales gestores (y los usuarios) habr¨¢n fallecido y puede que los coches ya no existan tal y como los conocemos.
La CNMC ha alertado de que este modelo con exclusividad territorial y largu¨ªsimos plazos ¡°ha podido estar generando rentabilidades superiores a las de mercado y rentas privadas en detrimento de los usuarios¡±. Al calor de esta circunstancia se han dado casos de corrupci¨®n, como el de las ITV en Catalu?a, que destap¨® una trama de empresarios y pol¨ªticos para adjudicarse fraudulentamente estaciones.
Construir una ITV no requiere de una gran inversi¨®n, como ocurre con hospitales o autopistas. Una estaci¨®n media cuesta, a precios actuales, dos millones de euros, y se rentabiliza a partir de unas 20.000 inspecciones anuales, seg¨²n empresas del sector, aunque esta ratio es variable.
En Andaluc¨ªa la empresa p¨²blica que gestiona el servicio ha reducido tarifas entre un 10% y un 45% sacrificando unos beneficios sobre ventas del 26% hasta dejarlos en el 18%. Ganancias que, a¨²n as¨ª, revierten en la Administraci¨®n. En otro extremo, la empresa privada Supervisi¨®n y Control (SyC), que opera en r¨¦gimen de monopolio desde 1987 en Galicia, factura 38,6 millones de euros y obtiene un beneficio neto de once millones, casi el 30% sobre ventas. Grandes operadores, como Itevelesa o T?V, alcanzan facturaciones de 74 y 35 millones y resultados de explotaci¨®n positivos (de 11,6 y cinco millones respectivamente). ?Son beneficios excesivos? ¡°No solo se trata del modelo, tambi¨¦n hay que pensar en que esa rentabilidad es fruto de una gesti¨®n, y aqu¨ª hemos optimizado el beneficio, no hemos incrementado las tarifas de acuerdo con la Xunta e invertimos constantemente en mejorar el servicio¡±, sostiene Juan Diego Rodr¨ªguez, director de Supervisi¨®n y Control.
En tres comunidades (Andaluc¨ªa, Asturias y Galicia), solo opera una empresa, bien p¨²blica o privada, y en otras siete el mercado se reparte entre dos y siete firmas. Pero este tambi¨¦n es un sector de extremos. Catalu?a y La Rioja han optado por abrir el negocio otorgando autorizaciones administrativas a cualquier operador, sujetas a ciertas condiciones. Castilla-La Mancha, Madrid y Canarias han ido lo m¨¢s lejos que la legislaci¨®n les permite y han abrazado sin cortapisas el libre mercado. Cumpliendo unos requisitos, cualquiera puede montar una ITV en estos territorios sin apenas restricciones, (en el caso canario, en convivencia con el sistema concesional, lo que ha provocado una guerra en los tribunales). El resultado de esta apertura es que Madrid ha pasado de tener 17 estaciones a 56 en solo dos a?os, prueba, seg¨²n la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), de ¡°la ineficiencia del sistema y las rentas excesivas¡± de anta?o. Adem¨¢s, la regi¨®n gobernada por el PP es la ¨²nica que no fija tarifas, por lo que las estaciones pueden competir en precios y horarios.
Pero ¡ªsiempre hay un pero, y en este caso hay unos cuantos¡ª este modelo liberalizador no ha provocado beneficios sociales, al menos eso aseguran desde organizaciones de consumidores y desde la propia asociaci¨®n que agrupa a la patronal de ITV (AECA). Madrid sigue siendo la cuarta comunidad m¨¢s cara: se han multiplicado los reclamos publicitarios y en zonas del sur de la regi¨®n las estaciones crecen a pocos metros unas de otras compitiendo ferozmente por los clientes. ¡°Este modelo no funciona con criterios puramente mercantiles porque ofrecemos un servicio p¨²blico en un mercado con tarifas fijas, que no marcamos nosotros. Tenemos que ser el se?or que con cara de perro que diga a un usuario: ¡®Usted no puede pasar la revisi¨®n". Se trata de un servicio que garantiza la seguridad. Y para ello la aministraci¨®n debe decir cu¨¢ntas ITV se pueden instalar y d¨®nde¡±, ilustra Luis Rivas, presidente de AECA, que recuerda que ¡°la demanda es la que es, no hay posibilidad de generar m¨¢s¡±, por mucha competencia que se quiera introducir. En su opini¨®n, el modelo de autorizaci¨®n frente al de concesi¨®n, aunque no perjudica al sector, ¡°tampoco ayuda a hacer unas revisiones rigurosas¡±.
Esos efectos perversos tambi¨¦n se han dejado sentir en Castilla-La Mancha. La barra libre para instalar estaciones de inspecci¨®n abierta en 2003 provoc¨® que los nuevos operadores se concentrasen en la frontera con Madrid, dejando desatendidas ¨¢reas de menor poblaci¨®n, donde los usuarios llegan a recorrer 70 kil¨®metros para pasar la ITV. En ambas comunidades la tasa de rechazo (veh¨ªculos que no pasan la ITV) ha disminuido en los ¨²ltimos diez a?os: en Castilla-La Mancha ha pasado de un 15% al 10% y en Madrid, del 19% al 17,5%. Adem¨¢s, las empresas autorizadas no pagan nada a la administraci¨®n.
Sumado a esto, nuevos vientos liberalizadores llegan desde el Gobierno central. El Ministerio de Industria ha sometido a consulta un Real Decreto que modifica el actual (de 2008) para permitir que las empresas de automoci¨®n (talleres de reparaci¨®n, concesionarios, transportistas), entren en el negocio de las ITV, algo que ocurre en otros pa¨ªses de Europa. Para Rub¨¦n S¨¢nchez, de FACUA, es tanto como poner al zorro al cuidado de las gallinas: ¡°L¨®gicamente a un taller que repara el coche le va a interesar que ese coche pase la ITV¡±. La revisi¨®n del decreto podr¨ªa reactivarse en el ¨²ltimo a?o de legislatura. Las empresas tradicionales, mientras, cruzan los dedos para que la competencia no les invada.?
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