La nueva ley de calidad alimentaria endurece las sanciones

El Ministerio de Agricultura remitir¨¢ para su aprobaci¨®n por el Gobierno un anteproyecto de ley sobre calidad de los productos alimentarios con el objetivo de contar con una disposici¨®n b¨¢sica en coordinaci¨®n con las comunidades aut¨®nomas. La nueva ley recoger¨¢ la normativa emanada por la Comisi¨®n Europea y sustituir¨¢ parte de las disposiciones que datan de los a?os ochenta. Para la Administraci¨®n central, con la nueva norma se producir¨¢ un importante aumento de los niveles de las multas multiplicando las mismas por 10 en la mayor parte de los casos. Con la entrada en vigor de esta ley, las infracciones leves pueden tener una multa de hasta 4.000 euros. Para las infracciones graves, la multa oscilar¨¢ entre los 4.001 y los 150.000 euros y las infracciones muy graves pueden llegar hasta los tres millones de euros.

Se trata de una regulaci¨®n reclamada desde el sector de la alimentaci¨®n y bebidas ante la existencia de una fragmentaci¨®n de la unidad de mercado contemplada en la Ley de 2013, al tener que hacer frente en cada territorio a procedimientos de control y sancionadores distintos. Sin embargo, la industria lamenta que la ley solo cubra el proceso desde la producci¨®n hasta almacenes mayoristas y no descartan plantear un texto alternativo para la pr¨®xima legislatura. La ley tampoco contemplar¨¢ aspectos referidos a la higiene y a la seguridad alimentaria, competencia de Sanidad.

En la actualidad, ocho comunidades aut¨®nomas disponen de una Ley de Calidad Alimentaria, alguna de las cuales contempla el importe de las sanciones en pesetas, lo que da una idea de que algunas se han quedado viejas. Seg¨²n los datos manejados por Agricultura, en los aspectos m¨¢s importantes hay coincidencias a la hora de la valoraci¨®n y calificaci¨®n de las infracciones. Sin embargo, hay una parte donde lo que es motivo de sanci¨®n en una comunidad no lo es la vecina y tambi¨¦n hay grandes diferencias en el importe de las sanciones.

La nueva disposici¨®n ha sido negociada con el conjunto de las comunidades, especialmente con aquellas donde existen actualmente leyes sobre esta materia como Arag¨®n, Catalu?a, Galicia, Andaluc¨ªa o Canarias, Baleares, Pa¨ªs Vasco y Castilla-La Mancha y se pretende que la misma recoja todos los planteamientos b¨¢sicos contemplados en todas ellas. Solamente se da por hecho el recurso de Catalu?a y, probablemente, Andaluc¨ªa.

En la actualidad ocho comunidades disponen de normativas distintas en esta materia