Bruselas obligar¨¢ a informar desde 2016 de los pactos fiscales de empresas

La crisis plantea cuestiones fundamentales sobre la forma de vida europea. Europa envejece, es menos pujante que otras zonas del mundo, su banca sigue despertando dudas y, en fin, lleva un lustro de Gran Recesi¨®n. Pero por el lado fiscal, que ha provocado draconianos ajustes, la crisis obedece b¨¢sicamente a dos factores. Uno coyuntural: la UE ha rescatado a sus bancos y eso ha disparado la deuda p¨²blica. Y otro estructural: Europa permite a sus grandes empresas que paguen muy pocos impuestos de forma legal. La Comisi¨®n Europea de Jean-Claude Juncker, asediada por el esc¨¢ndalo Luxleaks, presenta este mi¨¦rcoles una vuelta de tuerca legislativa para tapiar ese segundo agujero: Bruselas propone, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso este diario, que todos los Estados se retraten en las pr¨¢cticas ventajosas que permiten a las multinacionales asegurarse un pago testimonial de impuestos (por debajo del 1% de sus beneficios en los casos m¨¢s flagrantes) a costa de hurtarle esos ingresos a otros pa¨ªses.

El brazo ejecutivo de la UE presentar¨¢ a mediod¨ªa de este mi¨¦rcoles una de las prioridades de Juncker: impedir los ventajosos acuerdos legales que permiten a las grandes compa?¨ªas eludir pr¨¢cticamente toda la tributaci¨®n. El documento de la Comisi¨®n supone un primer paso importante ¡ªaunque la ambici¨®n final est¨¢ a¨²n por definir y depender¨¢ de los Gobiernos¡ª en esta direcci¨®n, aunque solo cubre un aspecto determinado de esa erosi¨®n fiscal que deja cada a?o sin ingresar alrededor de un bill¨®n de euros en toda la UE, seg¨²n datos del Ejecutivo comunitario.

A partir del 1 de enero de 2016 los socios de la UE deber¨¢n desvelar esos marcos hechos a medida (los llamados tax rulings) para que las empresas alivien su carga fiscal. Cada pa¨ªs trasladar¨¢ al resto la informaci¨®n relativa a dos tipos de acuerdos, los que Bruselas considera m¨¢s da?inos: los tax rulings transfronterizos y los acuerdos sobre precios de transferencia. En el primer caso, se trata de esquemas legales que permiten a una multinacional desviar el beneficio all¨ª donde la tributaci¨®n es m¨¢s ventajosa: Apple paga el 2% en Irlanda incluso por las compras que hace en Espa?a, y McDonald¡¯s el 1,4% de sus beneficios en Luxemburgo, seg¨²n la propia Comisi¨®n. A trav¨¦s de complejas operaciones entre matrices y filiales (por ejemplo, pr¨¦stamos), las empresas consiguen situar sus bases sujetas a tributaci¨®n donde les conviene.

En el segundo caso, se trata de los acuerdos previos que fijan precios ventajosos de transferencia ¡ªpara compraventas y otras operaciones entre empresas del mismo grupo¡ª y que pueden ser abusivos desde el punto de vista del mercado. Los pa¨ªses deber¨¢n proporcionar esa informaci¨®n al menos de manera anual y de forma homog¨¦nea. Ese ser¨¢ uno de los principales problemas porque hasta ahora los Estados miembros tienen cientos de esquemas similares, pero con caracter¨ªsticas muy diferentes. La Comisi¨®n Europea deber¨¢ tener acceso a esos datos y elaborar¨¢ un informe peri¨®dico sobre las diferentes pr¨¢cticas.

El simple intercambio de informaci¨®n suena poco coercitivo para impedir unas pr¨¢cticas que laminan sensiblemente los ingresos p¨²blicos, pero Bruselas cree que constituye una herramienta eficaz para luchar contra la evasi¨®n fiscal. Con esos datos, ¡°los Estados miembros tendr¨¢n la informaci¨®n necesaria para decidir si tienen derecho a gravar al beneficiario de un tax ruling de otro Estado miembro¡±, asegura el texto. Esa transparencia ¡°permitir¨¢ fijarse en las lagunas existentes que algunos contribuyentes usan para desviar el beneficio de un Estado a otro¡±. Es decir, la Comisi¨®n conf¨ªa en que si Espa?a descubre, por ejemplo, que una determinada multinacional desv¨ªa artificialmente el beneficio generado en Espa?a a Luxemburgo, pueda reclamarle que abone lo que debe.

Hasta ahora los Estados no ten¨ªan obligaci¨®n de informar sobre esas pr¨¢cticas, salvo petici¨®n expresa. De este modo, los Veintiocho tendr¨¢n una perspectiva clara de las ventajas fiscales excesivas de cada pa¨ªs. Los datos preliminares de la Comisi¨®n muestran que este tipo de esquemas son numerosos: solo en precios de transferencia previamente pactados, Bruselas contabiliza 545 acuerdos: una quinta parte, en Luxemburgo. Espa?a es el cuarto pa¨ªs con un mayor n¨²mero.

Es probable que los Estados miembros consideren invasiva esta reclamaci¨®n de informaci¨®n, que pese a todo tiene un gran potencial para elevar los ingresos p¨²blicos de cada pa¨ªs. No resultar¨¢ sencillo. El Consejo ¡ªesto es, los Veintiocho¡ª estudian desde hace tiempo una propuesta de la Comisi¨®n para armonizar las bases imponibles del impuesto de sociedades, un proyecto estancado.

Bruselas cree que este es el momento de ponerle el cascabel fiscal a las multinacionales tras el estallido del esc¨¢ndalo Luxleaks, que destap¨® acuerdos entre 400 empresas (entre ellas Amazon o Disney) y el Gobierno luxemburgu¨¦s para aligerar su factura fiscal. Bruselas ya investiga esos acuerdos desde la ¨®rbita de Competencia. Pero la Comisi¨®n subraya el alto grado de ¡°insatisfacci¨®n social¡± entre los contribuyentes, ¡°que ven c¨®mo los impuestos sobre el trabajo est¨¢n en torno al 35%, el IVA ha subido del 19% al 21,5% desde 2000¡± y en cambio las empresas, con un tipo efectivo medio superior al 20% en sociedades, pactan acuerdos ¡°que llegan a reducir su imposici¨®n efectiva al 1%¡±, seg¨²n la propuesta.