Orden en las autonom¨ªas

La financiaci¨®n auton¨®mica se ha convertido, pr¨¢cticamente desde que se dise?¨®, en una fuente de problemas pol¨ªticos que ning¨²n gobierno se atreve a afrontar en profundidad. Al contrario que la inteligencia para Descartes, el dinero destinado a pagar los servicios transferidos debe ser lo peor repartido en Espa?a, puesto que todas las comunidades consideran lesionados sus derechos y, como agravante, pocas hacen algo para solucionarlo, como no sean remiendos de circunstancias, poco o mal coordinados. A nadie extra?a ya que el Gobierno, que en alg¨²n momento anunci¨® una reforma en profundidad de los impuestos auton¨®micos, una inextricable mara?a de grav¨¢menes que ofende a la racionalidad fiscal, haya decidido trasladar cualquier decisi¨®n a la pr¨®xima legislatura. Durante la cual, por cierto, tampoco hay garant¨ªas de que vaya a producirse un cambio serio y pactado. En Espa?a, los problemas complejos invitan a la procrastinaci¨®n.

Y, sin embargo, la reforma tendr¨¢ que abordarse para, entre otras cosas, mitigar las consecuencias del descontento producido por lo que se percibe como desigualdad. Los principios b¨¢sicos de la reforma deber¨ªan estar claros: cada comunidad recibe el dinero suficiente para financiar los servicios p¨²blicos esenciales en condiciones de igualdad con el resto de las autonom¨ªas (igualdad en proporci¨®n al volumen de servicios prestados, por supuesto); a esta funci¨®n responde, con m¨¢s voluntad que acierto, el actual Fondo de Garant¨ªa de Servicios P¨²blicos Fundamentales (FGSPF). A partir de este Fondo, si una Comunidad desea mejorar sus prestaciones en educaci¨®n o sanidad, por ejemplo, debe arrostrar el coste pol¨ªtico de su decisi¨®n y subir los impuestos entre sus residentes.

Pero esta es la teor¨ªa. En la pr¨¢ctica, juegan tambi¨¦n los recelos entre las comunidades y una resistencia invencible a subir impuestos (resistencia que comparten con el Gobierno central). Una reforma real (es decir, no meramente cosm¨¦tica) deber¨ªa mantener el FGSPF y suprimir en resto de los parches y ortopedias a?adidos, como los fondos de suficiencia y convergencia, que se han erigido para compensar o contrarrestar otras supuestas carencias del sistema. Dicho de otro modo, no es evidente que el sistema de financiaci¨®n auton¨®mica sea el procedimiento m¨¢s eficaz para corregir desigualdades o favorecer convergencias.

En su lugar, el desaf¨ªo pol¨ªtico consiste en que los gobiernos auton¨®micos acepten la corresponsabilidad fiscal y dispongan con libertad de m¨¢rgenes para subir impuestos. Hay que acabar con la pertinaz reclamaci¨®n de m¨¢s recursos al Gobierno central; lo cual implica necesariamente que las comunidades dispongan de m¨¢s libertad fiscal. Es una decisi¨®n que compete al Parlamento que, como todas, implica ventajas y cargas. El Gobierno debe perder capacidad de coacci¨®n tributaria y las autonom¨ªas deben aceptar la carga pol¨ªtica de gestionar una parte importante de los impuestos. Y eso puede costar votos.

Cualquier reforma que se proponga debe tener en cuenta adem¨¢s otros criterios b¨¢sicos. Uno fundamental es que la estructura auton¨®mica no se convierta en un pretexto para justificar un mosaico tributario, confuso y costoso en t¨¦rminos de racionalidad econ¨®mica. No es de recibo que una comunidades mantengan el Impuesto sobre Sucesiones y otras no o que se produzca competencia efectiva en Sociedades. El problema aqu¨ª, aunque parezca otra cosa, es de fondo. Por ejemplo, es imprescindible saber de antemano si la sociedad espa?ola (sus representantes) quiere mantener o no los impuestos sobre el Patrimonio o Sucesiones y actuar en consecuencia en todos los gobiernos auton¨®micos; y, en funci¨®n de un esquema fiscal bien definido, establecer sin sombra de duda que impuestos puede modificar por su sola decisi¨®n y cuales requieren de un esfuerzo de coordinaci¨®n con el resto de las autonom¨ªas. Todo esto requiere debate, esfuerzo y direcci¨®n pol¨ªtica, y todo esto es lo que se deja para la pr¨®xima legislatura.