Los defraudadores fiscales solo se conocer¨¢n si no reparan el da?o

El Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de ley org¨¢nica que obligar¨¢ a publicar los nombres de los condenados por fraude fiscal. Pero el texto definitivo suaviza el anteproyecto que hab¨ªa redactado el Ejecutivo. Tras las cr¨ªticas recibidas por un sector del Poder Judicial y la oposici¨®n del Consejo Fiscal, que se manifest¨® esta semana en contra del proyecto, el Gobierno ha optado por librar de la publicidad a los defraudadores que devuelvan el dinero antes de que la sentencia condenatoria sea firme. El texto se tramitar¨¢ en paralelo a la Ley General Tributaria, que regula la publicaci¨®n de una lista de morosos con Hacienda.

Los condenados por un delito de fraude fiscal (m¨¢s de 120.000 euros defraudados) ver¨¢n sus datos publicados en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE). Aunque con el texto definitivo que ha aprobado el Consejo de Ministros podr¨¢n evitar el castigo si devuelven el dinero a Hacienda antes de que la sentencia sea firme. El tiempo medio de tramitaci¨®n desde que una denuncia llega a la Agencia Tributaria hasta que la sentencia es firme es de 2.331 d¨ªas (6,3 a?os), por lo que los defraudadores dispondr¨¢n de este tiempo para devolver el dinero si quieren evitar que el Gobierno difunda sus datos.

El Ejecutivo ha incluido esta excepci¨®n en respuesta a una enmienda introducida por el Poder Judicial cuando hace un mes aprob¨® el informe favorable a la ley. El ¨®rgano de gobierno de los jueces, que dio el visto bueno al proyecto legal gracias al voto de calidad de su presidente, pidi¨® que la publicidad de las sentencias pudiera ser materia de negociaci¨®n con el condenado si este acced¨ªa a reparar el da?o. Aunque el informe del Poder Judicial no es vinculante, el Ejecutivo ha optado finalmente por atender su sugerencia y ha incluido la posibilidad de que los defraudadores que devuelvan el dinero antes de que la condena sea firme se libren de ver su nombre en el BOE.

El ¨®rgano de gobierno de los jueces hizo una segunda enmienda que el Ejecutivo tambi¨¦n ha atendido: que la ley no tuviera retroactividad, es decir, que solo se publicaran los datos de los condenados a partir de que la norma entre en vigor. Finalmente, seg¨²n explic¨® ayer la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno ha optado por una retroactividad ¡°media¡±, que prev¨¦ que se publiquen las sentencias que sean firmes una vez que haya entrado en vigor la ley, aunque los hechos se hayan cometido antes.

La nueva ley establece la obligaci¨®n de publicar en el BOE los fallos de las sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda P¨²blica, delitos de insolvencia punible cuando el acreedor sea el erario p¨²blico o delitos de contrabando. Seg¨²n S¨¢enz de Santamar¨ªa, el pasado a?o hubo 343 procesos penales por delitos contra la Hacienda p¨²blica.

La publicidad se har¨¢ mediante la difusi¨®n de un extracto del fallo judicial que contenga los datos que permitan la identificaci¨®n del condenado y del responsable civil, el delito del que se le considere culpable, la pena y la cifra de la responsabilidad civil impuesta. Un sector del Poder Judicial y el Consejo Fiscal han alertado de que la difusi¨®n de las resoluciones podr¨ªa suponer una intromisi¨®n a los derechos individuales al honor, intimidad y protecci¨®n de datos al derecho al honor. S¨¢enz de Santamar¨ªa neg¨® ayer este extremo y record¨® que, seg¨²n el ¨®rgano de gobierno de los jueces, en este caso prevalece el ¡°inter¨¦s general¡±.

El texto aprobado ayer ser¨¢ enviado a las Cortes para su tramitaci¨®n en paralelo con la Ley General Tributaria, que regula la publicaci¨®n de un registro de morosos que incluir¨¢ a los contribuyentes que el pr¨®ximo 31 de julio deban a Hacienda m¨¢s de un mill¨®n de euros.