Rev¨¦s para Sacyr en el arbitraje del canal de Panam¨¢
Una juez estadounidense rechaza la petici¨®n de documentaci¨®n para probar el sobrecoste de la obra
Sacyr ha sufrido su primer rev¨¦s en el arbitraje internacional por los sobrecostes del canal de Panam¨¢. Una juez estadounidense ha rechazado la petici¨®n de que la firma que asesor¨® a la Autoridad del Canal proporcione al consorcio una ingente cantidad de documentaci¨®n que podr¨ªa facilitarle probar el fundamento de sus reclamaciones. En todo caso, esta decisi¨®n en nada prejuzga el resultado del arbitraje y Sacyr cree que el consorcio podr¨¢ justificar los sobrecostes.
Las reclamaciones del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) sumaban ya 2.700 millones de d¨®lares (en torno a 2.400 millones de euros, al tipo de cambio actual) a cierre de 2014, seg¨²n la ¨²ltima cifra publicada por Sacyr. El contrato de la ampliaci¨®n del canal de Panam¨¢ prev¨¦ tres instancias para resolver las reclamaciones que puedan surgir.
En primer lugar, las peticiones se notifican a la Autoridad del Canal de Panam¨¢ (ACP), que las ha ido rechazando de forma sistem¨¢tica. La siguiente instancia es la Junta de Resoluci¨®n de Disputas, formada por tres expertos, uno elegido por la ACP, otro por GUPC y un tercero de mutuo acuerdo. Por ¨²ltimo, cabe recurrir a un arbitraje internacional en Miami (EE UU) bajo las normas de la C¨¢mara de Comercio Internacional, donde han empezado a llegar algunas reclamaciones.
En esta fase decisiva, el consorcio de Sacyr quer¨ªa acceder a documentaci¨®n de la empresa de ingenier¨ªa Ch2M Hill, que trabaj¨® para la ACP en el proyecto de ampliaci¨®n del canal. Su argumentaci¨®n en buena parte descansa en que hubo imprevistos no contemplados en el proyecto que han provocado retrasos y han aumentado el coste de la obra con respecto al presupuesto original. GUPC alega que la Autoridad del Canal retuvo informaci¨®n clave sobre las verdaderas condiciones y naturaleza del proyecto.
El consorcio pidi¨® a un tribunal de Colorado (Estados Unidos) una orden judicial para tener acceso a documentaci¨®n de Ch2M Hill, que tiene su domicilio en dicho Estado. En una decisi¨®n reciente, la juez Kathleen M. Tafoya rechaza la solicitud del consorcio liderado por Sacyr, pues considera que no cumple con los requisitos exigidos por la ley estadounidense para proceder al discovery, que es como se llama a este mecanismo procesal por el que las partes pueden solicitar auxilio judicial para acceder a documentos que creen que pueden ser necesarios para su defensa en el pleito.
La juez Tafoya subraya que la ley obliga a facilitar informaci¨®n ¡°a tribunales extranjeros o internacionales¡±, pero que un arbitraje privado no encaja en esa definici¨®n. Y a?ade que aunque se considerase al panel de arbitraje un aut¨¦ntico tribunal, tampoco podr¨ªa obligar a facilitar documentaci¨®n que est¨¢ en poder de la filial CH2M Hill Panam¨¢ por ser documentos situados f¨ªsicamente en Panam¨¢ y que conciernen a actividades en ese pa¨ªs.
Millones de documentos
Adem¨¢s, la juez argumenta que obligar a CH2MHill a facilitar esa documentaci¨®n al consorcio habr¨ªa sido una carga excesiva pues comprende 89 cajas y archivos por 1,65 terabytes. Esto ¨²ltimo equivaldr¨ªa a 165 millones de p¨¢ginas, unas 80.000 cajas m¨¢s. ¡°No puede haber ninguna objeci¨®n seria a que 165 millones de documentos son una carga excesiva, sobre todo en relaci¨®n con un procedimiento de arbitraje que, por su naturaleza, est¨¢ dise?ado para minimizar la carga sobre las partes¡±, dice la juez.
Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas hay otra decisi¨®n de otro juez en el mismo sentido. Ninguna de las dos es decisiva para la resoluci¨®n final del arbitraje.
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