Aprobada la ley que permite publicar la lista de morosos con el fisco

El Congreso aprob¨® este mi¨¦rcoles definitivamente la reforma de la Ley General Tributaria que permitir¨¢ publicar la lista de deudores con la Hacienda P¨²blica. Esta norma se suma a la que regula el acceso a las sentencias condenatorias por fraude fiscal.

La norma habilitar¨¢ a Hacienda a publicar los nombres de los morosos que deban m¨¢s de un mill¨®n de euros al fisco hasta el 31 de julio una vez que haya finalizado el periodo de pago voluntario. Quedar¨¢n excluidos los que tengan deudas aplazadas o suspendidas.

El Gobierno del PP no ha cedido a las reclamaciones de los principales grupos de la oposici¨®n y tambi¨¦n excluir¨¢ de la lista a los contribuyentes que se acogieron a la amnist¨ªa fiscal, puesta en marcha por el Ejecutivo en 2012.

El Ejecutivo tiene la intenci¨®n de hacer p¨²blica la lista en el ¨²ltimo tramo del a?o. Fuentes de Hacienda no descartan que se publique antes de las elecciones legislativas, previstas para finales de diciembre. Una vez publicada se proceder¨¢ a su actualizaci¨®n durante el primer semestre de cada a?o.

La norma, adem¨¢s, ampl¨ªa a 10 a?os el plazo de la Agencia Tributaria para comprobar bases o cuotas compensadas o pendientes, o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar, y se extiende a 18 meses el plazo de inspecci¨®n general.

La nueva norma reduce de 1.500 a 250 euros la multa m¨ªnima por no utilizar los medios electr¨®nicos a la hora de suministrar a la Agencia Tributaria informaci¨®n relativa a datos incompletos, inexactos o falsos que no hayan producido un perjuicio econ¨®mico a las arcas p¨²blicas o cuando se trate de requerimientos individualizados de informaci¨®n, seg¨²n publica Europa Press.

As¨ª, se mantienen las multas previstas por cada dato o conjunto de datos cuando no se usen medios telem¨¢ticos estando obligados a hacerlo pero se reduce de 1.500 euros a 250 la sanci¨®n m¨ªnima estipulada para equipararlas a otros supuestos infractores y garantizar el principio de proporcionalidad.

Tambi¨¦n, se introduce una nueva infracci¨®n tributaria grave --como norma antiabuso-- para sancionar la obtenci¨®n de ahorros fiscales mediante actos ya declarados de conflicto en la aplicaci¨®n de la norma tributaria, si bien s¨®lo se podr¨¢ sancionar en los casos ya calificados previamente como abusivos por la Administraci¨®n y en donde se haya dado reiteraci¨®n. As¨ª se pretende luchar de forma m¨¢s eficaz contra la elusi¨®n m¨¢s sofisticada.

Por otra parte, se incluyen medidas para agilizar la actuaci¨®n de los tribunales econ¨®mico-administrativos y reducir la litigiosidad, promoviendo la utilizaci¨®n de medios electr¨®nicos en todas la fases del procedimiento. Con el mismo objetivo de reducir la conflictividad se ampl¨ªa la facultad de los ¨®rganos de la Administraci¨®n tributaria para dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias con car¨¢cter vinculante.

Tambi¨¦n se prev¨¦ el desarrollo reglamentario de las obligaciones formales necesarias para hacer efectivo el Proyecto SII (Suministro Inmediato de Informaci¨®n), que empezar¨¢ a funcionar el 1 de enero de 2017 y que implantar¨¢ un nuevo sistema de gesti¨®n del IVA basado en la informaci¨®n en tiempo real de las transacciones comerciales.

As¨ª, despu¨¦s de cada facturaci¨®n, los contribuyentes enviar¨¢n a la Agencia Tributaria el detalle de las facturas emitidas y recibidas, de tal manera que los libros registro se ir¨¢n formando con cada uno de los env¨ªos del detalle de las operaciones realizadas, lo que permitir¨¢ a Hacienda elaborar datos fiscales del contribuyente a efectos del IVA.

En la primera fase en el Congreso, la norma fue modificada para permitir a la Agencia Tributaria ceder datos fiscales de los contribuyentes si sirven para localizar bienes embargados o decomisados en un proceso penal.

Igualmente, se incluyeron previsiones para trasponer la directiva de cooperaci¨®n administrativa en el ¨¢mbito de la fiscalidad, que prev¨¦ la obligaci¨®n de las instituciones financieras de identificar la residencia de quienes tengan la titularidad o controlen determinadas cuentas financieras, y de trasladar dicha informaci¨®n a la Administraci¨®n tributaria.

Finalmente, los 'populares' aprovecharon este proyecto de ley para regular una nueva tasa que deber¨¢n pagar los explotadores o, en su defecto, los titulares de las centrales nucleares y dem¨¢s instalaciones nucleares ubicadas en todo el pa¨ªs por contar con agentes de la Guardia Civil en sus instalaciones.

En concreto, el establecimiento de una unidad permanente de la Guardia Civil en el interior de una central nuclear o similar conllevar¨¢ el pago un gravamen fijo de 61.053 euros por a?o y agente asignado, cantidad que se calcular¨¢ de forma proporcional si el tiempo de prestaci¨®n del servicio es inferior a doce meses.