El Constitucional respalda el recorte de las primas a las renovables

El Tribunal Constitucional ha dado un importante espaldarazo a la reforma energ¨¦tica del Gobierno del PP al avalar una de las piezas clave de este cambio, que supuso un recorte a los incentivos que recib¨ªan los productores de electricidad a trav¨¦s de fuentes renovables. Los magistrados, en una sentencia difundida este mi¨¦rcoles, defienden la constitucionalidad del real decreto 9/2013, con el que se llev¨® a cabo la reducci¨®n de las primas. Niegan que se vulnerasen los principios de seguridad jur¨ªdica e irretroactividad. Los productores afectados mantienen ahora su esperanza en el Supremo y en el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea.

La reforma energ¨¦tica del PP, que supuso un recorte a las renovables que el Gobierno defendi¨® ante el aumento del d¨¦ficit tarifario por la crisis, gener¨® un aluvi¨®n de recursos judiciales. Al Constitucional acudieron varias comunidades aut¨®nomas ¡ªtambi¨¦n controladas por el PP, como Murcia¡ª, que cuestionaban el nuevo modelo. Ante el Supremo se presentaron m¨¢s de medio millar de recursos de productores, a los que se les modificaron las condiciones con las que planificaron sus inversiones. E inversores extranjeros pidieron amparo ante distintos ¨®rganos de arbitraje internacionales.

El 21 de diciembre pasado el Supremo puso en duda la constitucionalidad de algunos puntos de la reforma y abri¨® la puerta a elevar el caso al Constitucional. Sin embargo, cuatro d¨ªas antes, este ¨²ltimo ¨®rgano ya se hab¨ªa pronunciado y desestimado el recurso interpuesto contra el real decreto de 2013 presentado por el Gobierno murciano. El fallo se produjo el 17 de diciembre, pero no se tuvo conocimiento de ¨¦l hasta el 23 de diciembre, cuando el Ministerio de Industria lo anunci¨® a trav¨¦s de una nota de prensa. Industria lo hizo despu¨¦s de que se conocieran las dudas del Supremo y antes de que se hubiera notificado la sentencia del Constitucional. De hecho, el texto ¡ªque incluye un voto particular firmado por tres magistrados¡ª no se ha difundido hasta este mi¨¦rcoles.

El Constitucional defiende que el Gobierno utilizara la v¨ªa de urgencia ¡ªun real decreto¡ª para acometer los cambios. Da por bueno el argumento de Industria, que justific¨® el cambio ante un aumento "imprevisto" del d¨¦ficit tarifario por la crisis, que redujo el consumo de electricidad en Espa?a. Relacionado con esta ¨²ltima idea, los jueces entienden que tampoco se vulneraron los principios constitucionales de seguridad jur¨ªdica y de confianza jur¨ªdica, ya que la regulaci¨®n puede cambiar cuando existan razones de "inter¨¦s general". "Los principios de seguridad jur¨ªdica y confianza leg¨ªtima no permiten consagrar un pretendido derecho a la congelaci¨®n del ordenamiento jur¨ªdico existente", sostienen los magistrados. Por ¨²ltimo, el Constitucional tambi¨¦n rechaza que los cambios supongan un incumplimiento del principio de irretroactividad.

Con esta sentencia, a los afectados se les cierran puertas en sus reivindicaciones. Cuando el 21 de diciembre el Supremo puso en duda la constitucionalidad de la reforma a trav¨¦s de una providencia, pidi¨® a la Abogac¨ªa del Estado y a la fiscal¨ªa que se pronunciaran sobre si era pertinente llevar este asunto al Constitucional. Ahora, ambos podr¨¢n contestar con esta ¨²ltima sentencia del alto tribunal.

Pero en aquella providencia el Supremo tambi¨¦n abr¨ªa la puerta a llevar este asunto al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea. A esta salida se ha asido Jos¨¦ Donoso, de la Uni¨®n Espa?ola Fotovoltaica (Unef), un sector muy castigado por la reforma. "Hay una puerta abierta a la esperanza", ha dicho sobre la posibilidad de que el Supremo eleve este asunto a la justicia europea.

"El caso judicialmente sigue abierto", detalla el abogado Daniel P¨¦rez, quien, junto al letrado Piet Holtrop, representa los intereses de unas 2.000 entidades afectadas por el cambio de modelo. Por un lado, entiende que sigue abierta la puerta a las reclamaciones concretas de empresas y particulares. Por otro, se?ala que a¨²n falta el pronunciamiento del Constitucional sobre la ley, tambi¨¦n de 2013, que apuntal¨® la reforma. El Ministerio de Industria, por su parte, se ha mostrado satisfecho con la sentencia. Interpreta que "desarma los argumentos" de los recursos de los productores ante el Supremo.