El polvor¨ªn social donde los jornaleros ganan 2,5 euros por hora
La proliferaci¨®n de obreros con bajos salarios amenaza la econom¨ªa del valle del Guadalquivir
Trabajan de sol a sol hasta cargar 22.000 kilos de naranjas en un cami¨®n, duermen en almacenes por los que pagan 100 euros por persona al mes, son trasladados en autobuses a cualquier punto y cobran 25 euros por diez horas de labor al d¨ªa cuando el convenio establece un m¨ªnimo de 42,83 euros cada jornada de seis horas y media. La proliferaci¨®n de cuadrillas de estos trabajadores, compuestas por una veintena de personas cada una, ha roto la econom¨ªa del valle del Guadalquivir, una zona que agrupa 30.000 hect¨¢reas de c¨ªtricos y que se ha convertido en un polvor¨ªn social y laboral.
El alcalde de Palma del R¨ªo (C¨®rdoba), el socialista Jos¨¦ Antonio Ruiz, lleva esta semana a Bruselas esta situaci¨®n despu¨¦s de 31 escritos de alerta a todas las Administraciones sin respuesta y ante la ineficacia de los sistemas de inspecci¨®n, que no consiguen que los trabajadores afectados denuncien el fraude. La econom¨ªa de la zona se hunde.
Antonio Moya es un jornalero cordob¨¦s con tres hijos. La ¨²ltima quincena de la temporada de cosecha consigui¨® trabajar cuatro d¨ªas con salario de convenio y recibi¨® 171 euros, unos ingresos con los que es imposible pagar la casa, el agua, la luz y la comida. ¡°Se pasa mucha necesidad¡±, afirma indignado.
Las cifras de los campos de c¨ªtricos
Superficie. Los campos de c¨ªtricos andaluces ocupan 67.738 hect¨¢reas de las que el 73% se concentra en los 25 municipios del valle del Guadalquivir, entre C¨®rdoba y Sevilla.
Producci¨®n. Las cosechas medias anuales de c¨ªtricos en Andaluc¨ªa superan el mill¨®n de toneladas. De este volumen, 136.000 toneladas van al mercado regional y 250.000 a la exportaci¨®n, principalmente a Alemania y Holanda.
Jornales. Durante la recolecci¨®n, los campos del valle del Guadalquivir generan una media de 10.000 jornales diarios. Por convenio, cada d¨ªa se cobra a 42,83 euros. En Andaluc¨ªa hay medio mill¨®n de trabajadores eventuales agrarios.
La causa de su situaci¨®n es esa proliferaci¨®n de plantillas de trabajadores for¨¢neos que viven de forma itinerante de campo en campo y dispuestos a trabajar diez horas por 25 euros. ¡°Los he visto faenar con la luz de los tractores¡±, a?ade su compa?ero de tajo Antonio Ruiz.
La patronal agraria Asaja no permite estas pr¨¢cticas, que atribuye a empresarios ¡°piratas¡±, pero la realidad es que el 60% de los propietarios no est¨¢ asociado y vende las cosechas en el ¨¢rbol y se desentiende del resto del proceso. A trav¨¦s de una empresa de trabajo temporal o en el mercado negro laboral, compa?¨ªas comercializadoras se hacen cargo de la cosecha, traen a sus cuadrillas ambulantes, recogen y se van.
Los jornaleros cogen los frutos y los ¡°alicatan¡±, los dejan perfectamente empaquetados en cajas y listos para su distribuci¨®n. El cami¨®n parte en ese momento con 22.000 kilos de frutas y los temporeros duermen hacinados en almacenes o en pisos compartidos para continuar el trabajo en cuanto salga el sol. El Ayuntamiento ha abierto hasta 42 expedientes en la ¨²ltima campa?a por hacinamiento de temporeros, pero la multa, en el raro caso de que prospere, es insignificante frente al beneficio. El due?o del local llega a cobrar 1.800 euros al mes por el suelo y el techo que alquila.
La manipulaci¨®n de la fruta directamente en el campo ha conseguido ya el cierre de dos almacenes de la comarca donde se envasaban las naranjas y los que sobreviven calculan que han perdido un 40% del negocio, con la consiguiente supresi¨®n de puestos de trabajo, que afecta sobre todo a las mujeres, seg¨²n confirman el alcalde y Jes¨²s Alcaraiz, secretario t¨¦cnico de la asociaci¨®n empresarial citr¨ªcola Palmanaranja.
Con la cosecha que parte directamente del ¨¢rbol a los comercios de otras zonas y la mano de obra ambulante, la econom¨ªa del valle se hunde. Los jornaleros locales han perdido poder adquisitivo y los comercios y las industrias asociadas dejan de obtener los ingresos los m¨ªnimos para sobrevivir. Adem¨¢s, los temporeros y sus familias han comenzado a manifestarse y a se?alar e increpar p¨²blicamente a los manijeros (capataces de las cuadrillas) y propietarios, creando un clima laboral y social cercano al estallido.
Fuentes de la Delegaci¨®n del Gobierno en Andaluc¨ªa resaltan que el plan de inspecci¨®n espec¨ªfico previsto para este a?o se eleva a 2.000 visitas, pero reconocen que la dispersi¨®n de las explotaciones y la falta de denuncia de los afectados, que declaran cobrar seg¨²n convenio ante los inspectores y la Guardia Civil, hacen muy dif¨ªcil la erradicaci¨®n de esta pr¨¢ctica. La falta de colaboraci¨®n de los jornaleros se debe a que prefieren trabajar por 25 euros a no trabajar o a que solo buscan que se les acredite la peonada que les dar¨¢ posteriormente acceso al subsidio agrario, una prestaci¨®n similar al paro.
El conflicto llega a Bruselas tras m¨¢s de 30 informes sin respuesta
El alcalde de Palma del R¨ªo,?Jos¨¦ Antonio Ruiz, no ha parado de denunciar la situaci¨®n y lleva m¨¢s de 30 informes a todas las administraciones. Esta semana expondr¨¢ el caso ante el director general de Agricultura de la Comisi¨®n Europea, Joost Korte. En noviembre lo hizo con la ministra de Empleo espa?ola, F¨¢tima B¨¢?ez, quien le prometi¨® una respuesta ¡°tan pronto como sea posible¡± y a¨²n est¨¢ esperando.
La Fundaci¨®n Savia, una organizaci¨®n centrada en la defensa del mundo rural, ha remitido un escrito a la Subdelegaci¨®n del Gobierno de C¨®rdoba advirtiendo de la necesidad de acabar "cuanto antes" con los abusos que amenazan a los trabajadores y a todo el sector.
Pero, por ahora, no ha habido respuesta. El alcalde de Palma cree que es posible poner coto a la situaci¨®n. Propone condicionar y limitar las ayudas de la UE a los empresarios que certifiquen el cumplimiento de los convenios, agrupar a los productores, aumentar las inspecciones y establecer un sistema eficaz de contrataci¨®n que evite el ¡°pago en mano de los salarios¡± e impida la actual situaci¨®n, entre otra docena de medidas, como comparar las cosechas estimadas con los jornales generados para detectar las bolsas de fraude.
A la situaci¨®n en los tajos se suma la crisis de los almacenes y plantas de envasado. Jes¨²s Alcaraiz, secretario t¨¦cnico de asociacion empresarial citr¨ªcola Palmanaranja, a?ade que, adem¨¢s de la p¨¦rdida de actividad, la Seguridad Social obliga a cotizar por los empleados en los centros de empaquetado en el r¨¦gimen general, lo que supone un c¨¦ntimo m¨¢s de coste por kilo frente a otros que pagan seg¨²n el sistema especial agrario, con lo que se disparan los costes frente a sus competidores.
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