Caixabank ofrece 1,1 euros en la opa sobre el banco luso BPI y exige el cambio de ley
Para que la oferta cuaje, el Gobierno debe quitar la limitaci¨®n de votos en el banco portugu¨¦s. La cantidad es inferior a la lanzada hace un a?o, por el deterioro del precio de la acci¨®n
Caixabank ofrece 1,113 euros por cada acci¨®n del BPI en la opa que el banco espa?ol ha anunciado esta ma?ana a la comisi¨®n del mercado de valores de Lisboa. La oferta es varios c¨¦ntimos inferior a la opa fracasada de hace un a?o y refleja, en parte, el deterioro que sufre la entidad portuguesa ante los desencuentros entre sus accionistas y las exigencias del Banco central Europeo, que reclama fondos que respalden la exposici¨®n del banco luso a Angola.
Mientras se negocia la oferta, CaixaBank ha solicitado al BCE la suspensi¨®n de las posibles sanciones contra BPI, "con la finalidad de permitir a CaixaBank encontrar una soluci¨®n al exceso de concentraci¨®n de riesgos", seg¨²n se?ala en un comunicado. La opa, adem¨¢s, est¨¢ condicionada a la eliminaci¨®n de la limitaci¨®n de votos que impide a la entidad tomar el control pese a su participaci¨®n mayoritaria. Ese cambio est¨¢ pendiente de un cambio legislativo.?
"La oferta de CaixaBank, primer accionista de BPI con el 44,1% del capital, est¨¢ condicionada a la supresi¨®n de la limitaci¨®n del 20% en los derechos de voto de BPI, a alcanzar m¨¢s del 50% del capital de Banco BPI y a la obtenci¨®n de las autorizaciones regulatorias aplicables", apunta la entidad espa?ola. La inversi¨®n de CaixaBank en BPI se inici¨® en 1995. En el a?o 2012 obtuvo una dispensa de la CMVM para sobrepasar el umbral de un tercio del capital sin lanzar una OPA obligatoria, debido a la existencia de limitaciones al derecho de voto de los accionistas y sujeto a una serie de condiciones. En febrero de 2015 intent¨® lanzar una opa pero, precisamente por esas limitaciones de voto que le impiden controlar el banco pese a ser su accionista mayoritario, fracas¨®.
BPI es el quinto banco en Portugal por activos, con unos 40.700 millones de euros, de los que 33.300 millones corresponden a su actividad dom¨¦stica. Los cr¨¦ditos netos ascienden a 24.282 millones, con un ratio de morosidad del 4,6%, y los recursos de clientes ascienden a 35.700 millones de euros (28.800 millones en Portugal). En 2015 obtuvo un beneficio neto de 236,4 millones de euros.
El precio ofrecido ahora en su nueva opa por CaixaBank, cuyo presidente es Isidro Fain¨¦ y su consejero delegado Gonzalo Gort¨¢zar, supone valorar a BPI en 1.622 millones de euros. Es inferior a lo que puso sobre la mesa hace un a?o (de 1,3 euros por t¨ªtulo). Seg¨²n el banco espa?ol, "refleja la media ponderada de los ¨²ltimos seis meses por lo que, seg¨²n la normativa portuguesa, se considera como precio equitativo". La oferta de compra se registrar¨¢ en la Comiss?o do Mercado de Valores Mobili¨¢rios portuguesa (CMVM) "una vez se reciban las aprobaciones pertinentes y se haga efectiva la supresi¨®n de la limitaci¨®n del 20% de los derechos de voto se estima que se completar¨¢ durante el tercer trimestre de este a?o", advierte CaixaBank.
El portugu¨¦s BPI, en su comunicado, anunci¨® tambi¨¦n que ha pedido al Banco Central Europeo la suspensi¨®n de posibles sanciones contra el banco con la finalidad de que su mayor accionista, Caixabank, pueda encontrar una soluci¨®n para el exceso de concentraci¨®n de riesgos en Angola, que le exigen a BPI una serie de contrapartidas para garantizar la solvencia. En concreto, BPI ten¨ªa hasta el 10 de abril de plazo para rebajar su riesgo en ?frica, donde posee el 50,1% del BFA, que le dio el ¨²ltimo a?o el 50% de sus beneficios. Al cumplirse la fecha y no haber llegado a una soluci¨®n, el BPI se arriesga a una multa diaria de 160.000 euros. Esta es la sanci¨®n que CaixaBank y la entidad portuguesa piden que se suspenda mientras se negocia la soluci¨®n.
"BPI ha solicitado al BCE un plazo adicional para cumplir con esos requerimientos. BPI participa con un 50,1% en el capital de Banco de Fomento Angola (BFA), el cuarto banco de Angola por volumen de activos (8.022 millones de euros). La entidad, que lleva 22 a?os en Angola, cuenta con 1,4 millones de clientes, 191 oficinas y 2.610 empleados, seg¨²n los datos de diciembre de 2015. La aportaci¨®n de BFA al beneficio de BPI fue de 136 millones de euros el pasado ejercicio", se?ala CaixaBank.?
Para cumplir con la norma europea, durante un a?o Caixabank ha estado negociando con el segundo mayor accionista, la sociedad Santoro de la angole?a Isabel dos Santos. Con su 18% de acciones ten¨ªa la capacidad de bloquear cualquier decisi¨®n estrat¨¦gica ya que se necesitan dos tercios de los votos y los accionistas tienen un m¨¢ximo de derechos del 20%, es decir que Caixabank tiene los mismo votos que Dos Santos, pese a que tiene m¨¢s del doble del capital en el banco. En un a?o no se han puesto de acuerdo e, incluso, los otros accionistas del banco votaron contra la opa en el intento del pasado a?o.
Cambio legal exigido
Aquella opa estaba a ligada a la condici¨®n previa de que se modificaron los estatutos para acabar con la limitaci¨®n de los derechos de voto, como se aprob¨®, Caixabank retir¨® la opa, algo superior a la actual. El domingo 10 de abril parec¨ªa que la larga negociaci¨®n hab¨ªa dado frutos: por fin se lleg¨® a un acuerdo entre las dos partes, lo que implicaba el lanzamiento de la opa a cambio de que Dos Santos se quedara con el BFA. Pero ayer domingo 17 de abril, una nueva exigencia de la angole?a, acab¨® con el pacto, que ya ten¨ªa la aprobaci¨®n de los ¨®rganos de gobierno del BPI.
Aun sin acuerdo, Caixabank ha decidido lanzar esta segunda opa, porque ahora se va a poner en marcha un cambio legal para acabar con la limitaci¨®n de votos.
El decreto ley aprobado en secreto en el ¨²ltimo Consejo de Ministros para acabar con la limitaci¨®n del derecho de voto en limitados casos, como las opas, no tiene efectos inmediatos. En primer lugar ha de ser firmado por la presidencia del pa¨ªs, que tiene el poder de veto, aunque no se espera que Marcelo Rebelo de Sousa lo haga. Una vez aprobado, no entrar¨¢ en vigor hasta el 1 de julio y a partir de ese d¨ªa las entidades afectadas, BPI y BCP principalmente, tienen seis meses para adaptar sus estatutos.
El Gobierno, aunque ten¨ªa preparado el decreto ley desde febrero, no lo quer¨ªa ejecutar, aguardando a un acuerdo amistoso entre las partes. Al no ser as¨ª lo va a poner en marcha, lo que tambi¨¦n perjudicar¨ªa los intereses de Dos Santos en el BCP. Este decreto ley puede abrir una crisis en las siempre tensas relaciones entre Portugal y Angola.
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