Consenso pol¨ªtico para que las el¨¦ctricas paguen el bono social
La puesta en marcha de una tregua invernal divide a los grupos de la oposici¨®n
La reciente muerte de una anciana en Reus ha acelerado el debate sobre la reforma del bono social el¨¦ctrico, pendiente desde 2013. El ministro de Energ¨ªa, ?lvaro Nadal, y los grupos con representaci¨®n en el Congreso de los Diputados se reunieron ayer para comenzar a esbozar los cambios en ese descuento del 25% en la factura de la electricidad para los colectivos m¨¢s desfavorecidos econ¨®micamente. Por lo pronto, hay una idea que cuenta con la aprobaci¨®n de todas las formaciones pol¨ªticas: el bono lo deben pagar las compa?¨ªas el¨¦ctricas.
Nadal explic¨® que el Gobierno prepara de manera urgente un decreto ley para solventar la decisi¨®n del Tribunal Supremo que anula el modelo de financiaci¨®n de la ayuda. Hasta ahora, los 200 millones de euros que anualmente cuesta la medida ¡ªque llega a 2,5 millones de hogares¡ª la sufragan ciertas empresas que generan y distribuyen energ¨ªa. Hace un mes, el Alto Tribunal dio la raz¨®n a E.ON Espa?a y a Endesa al considerar que no pueden cargar estos pagos solo determinadas compa?¨ªas y, adem¨¢s, orden¨® que se les devuelva el dinero entregado desde 2014, unos 500 millones. Energ¨ªa pretende ahora que el reparto se haga entre todas las empresas y evitar cargar a sus Presupuestos del a?o que viene el coste del bono social.
La revisi¨®n de la estructura del fondo se comenzar¨¢ a trabajar en las pr¨®ximas semanas. Aqu¨ª s¨ª hay m¨¢s diferencias de criterios. El PSOE y Unimos Podemos abogan por una tregua invernal, es decir, que no se pueda cortar el servicio en determinados momentos del a?o. Se trata de una medida recurrente en otros pa¨ªses con inviernos muchos m¨¢s duros y que contempla la directiva europea sobre pobreza energ¨¦tica, que adem¨¢s dejaba a cada pa¨ªs la potestad para definir el concepto de cliente vulnerable. Espa?a, en vez de hacer una definici¨®n, la equipar¨® a los colectivos con derecho al bono social, como las familias numerosas, los pensionistas y los desempleados.
La Generalitat intent¨® en 2013 implantar una tregua de estas caracter¨ªsticas en Catalu?a que consist¨ªa en aplazar hasta primavera las deudas de quienes se beneficiaban de ese par¨®n, pero la medida fue recurrida por el Gobierno central. El Tribunal Constitucional, en su sentencia, dej¨® claro que el legislador espa?ol opt¨® por ¡°la protecci¨®n del consumidor vulnerable mediante un sistema de bonificaci¨®n y no mediante el establecimiento de prohibiciones de desconexi¨®n en periodos cr¨ªticos¡±.
La propuesta de Endesa
Unesa, la patronal el¨¦ctrica, no ha hecho una propuesta formal de modificaci¨®n del bono social, aunque siempre ha criticado que no se tenga en cuenta la renta para conceder la ayuda. Endesa s¨ª ha presentado una alternativa que prev¨¦ la creaci¨®n de tres fondos diferentes, dos de ellos pagados por los Presupuestos o por la tarifa el¨¦ctrica. El primero ser¨ªa una evoluci¨®n del actual bono social, pero incluyendo un criterio de renta. Las empresas har¨ªan directamente el descuento. El segundo es un fondo de cobertura de clientes pobres, mediante el cual se financiar¨ªa el 100% de las facturas de aquellos que no puedan hacer frente a la factura ni siquiera con bono social. Este lo gestionar¨ªan los servicios sociales de cada municipio. Finalmente, un fondo de eficiencia energ¨¦tica inspirado en un mecanismo existente y que financian las el¨¦ctricas.
Aplazar el problema
Las empresas suministradoras siempre han criticado esta medida porque cree que aplaza el problema y crea deudas a¨²n m¨¢s dif¨ªciles de pagar para los colectivos vulnerables. La tregua implicar¨ªa cambiar completamente el modelo. Las el¨¦ctricas, los grupos y el Gobierno s¨ª est¨¢n de acuerdo con la necesidad de incorporar un elemento de progresividad y tener en cuenta la renta del beneficiario.
Las familias numerosas, por ejemplo, estaban hasta ahora dentro del bono social, independientemente de su renta. Nunca lleg¨® a elaborarse un reglamento para moldear la ley. Otra dificultad est¨¢ en c¨®mo encajar el reparto de las competencias en energ¨ªa entre el Estado, las autonom¨ªas o incluso los ayuntamientos en lo que tiene que ver con los servicios sociales. El intento catal¨¢n de legislar sobre la pobreza energ¨¦tica, por ejemplo, ha chocado tres veces con un recurso por parte del Gobierno central.
Los grupos tambi¨¦n han puesto el foco en que la lucha contra la pobreza energ¨¦tica tiene que ir m¨¢s all¨¢ del bono social. En Com¨² Podem pidi¨® que se obligue a las empresas a consultar con los servicios sociales antes de hacer un corte para comprobar si se trata de un cliente vulnerable, como fija la ley catalana. Las entidades sociales catalanas tambi¨¦n pretenden que sean las el¨¦ctricas las que paguen las facturas de los m¨¢s pobres y exigen que se condonen deudas a las familias m¨¢s vulnerables y se fijen precios para que el coste de la luz no supere el 10% de su renta.
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