La Audiencia Nacional encarcel¨® a los exdirectivos de NCG ¡°para evitar la impunidad¡±

"La gravedad del delito cometido atendiendo al impacto macroecon¨®mico producido determina que, en aras a evitar la impunidad, sea necesario el ingreso en prisi¨®n de los cinco condenados". Con esta frase, en un breve auto, la Secci¨®n Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional argumenta la decisi¨®n de arrestar y mandar a la c¨¢rcel a cuatro exdirectivos y un asesor jur¨ªdico de Novacaixagalicia (NCG) que se concedieron a s¨ª mismos antes de marchar de la entidad indemnizaciones por 22 millones de euros. Desde el lunes, y despu¨¦s de que la polic¨ªa tuviese que ir a buscar a sus domicilios a algunos de ellos, Julio Fern¨¢ndez Gayoso, Jos¨¦ Luis Pego y ?scar Rodr¨ªguez Estrada cumplen la pena de dos a?os dictada por el Supremo en la prisi¨®n pontevedresa de A Lama, y Gregorio Gorriar¨¢n y Ricardo Pradas (el asesor), en la madrile?a de Soto del Real.

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La Audiencia recuerda que "se trata de individuos que ten¨ªan la administraci¨®n de una caja de ahorros que precis¨® de un rescate por el Estado" y que adem¨¢s "se encuentran investigados en otras causas". Por lo que, para "evitar la impunidad" y porque no han devuelto la indemnizaci¨®n de 10,4 millones impuesta en concepto de responsabilidad civil que se fij¨® en la sentencia, seg¨²n la sala no se puede suspender, como los condenados hab¨ªan solicitado y esperaban, el paso por la c¨¢rcel. "M¨¢xime", apunta el auto firmado por los magistrados Alfonso Guevara, Antonio D¨ªaz y Ana Mar¨ªa Rubio el 16 de enero, "cuando se trata de penas consideradas por el Supremo como ben¨¦volas". El fallo indica que a¨²n cabe formular recurso de s¨²plica en el plazo de tres d¨ªas desde la notificaci¨®n a las partes.

Los exdirectivos, que favorecieron dietas presuntamente irregulares para 19 miembros de NCG por valor de entre 9.000 y 308.700 euros, prepararon sus propias prejubilaciones millonarias cuando entendieron que la entidad rescatada prescindir¨ªa de sus servicios. El auto explica que los condenados abonaron las multas impuestas, pero no alcanzaron la cifra reclamada como indemnizaci¨®n por responsabilidad civil. Esta cuant¨ªa no se satisfizo pese a la venta de un inmueble de Gorriar¨¢n por valor de 4.091.280 euros y a otros embargos inmobiliarios a directivos tasados en 1.285.994 euros. En el escrito judicial, de apenas tres folios, los magistrados no llegan a detallar qu¨¦ parte de los 10,4 millones (una cantidad que los condenados recurrieron ante el Supremo) falta por cubrir.