Las empresas p¨²blicas tendr¨¢n menos controles para contratar
El Gobierno permite en el proyecto de ley de contrataci¨®n p¨²blica que los entes tengan m¨¢s libertad para hacer modificados
El Gobierno permitir¨¢ que las empresas p¨²blicas tengan mayor libertad para contratar y modificar sus contratos, seg¨²n consta en el proyecto de ley de contrataci¨®n p¨²blica. La norma les dar¨¢ as¨ª m¨¢s flexibilidad. Pero, seg¨²n los expertos, supone una v¨ªa de escape para la Administraci¨®n, que puede acabar creando m¨¢s entes con tal de librarse del cors¨¦ regulatorio. El problema de fondo estriba en que con estas pr¨¢cticas se establecen barreras a la competencia y, en ¨²ltima instancia, se deja una puerta abierta a la corrupci¨®n. El proyecto est¨¢ todav¨ªa abierto a enmiendas en el Congreso.
El Ejecutivo ya ten¨ªa lista en 2015 la transposici¨®n de la directiva europea que acaba con los procedimientos negociados sin publicidad, una v¨ªa de contrataci¨®n de la que se abusa en las Administraciones por pura comodidad pero que tramas corruptas como la G¨¹rtel aprovechaban para trocear contratos y burlar controles. La UE hab¨ªa censurado a Espa?a por la falta de publicidad de sus contratos. Y el Gobierno reaccion¨® suprimiendo en el proyecto de ley este procedimiento, muchas veces generalizado con el ¨²nico prop¨®sito de sortear la burocracia.
Sin embargo, en la ¨²ltima versi¨®n de esta ley, el Gobierno ha abierto una v¨ªa de escape a los controles, esta vez relajando el r¨¦gimen de contrataci¨®n de las empresas p¨²blicas. Por una parte, ha blindado la capacidad de estos entes para establecer condiciones seg¨²n les convenga. En el proyecto inicial se obligaba a que las empresas p¨²blicas se sometiesen a las mismas reglas que la Administraci¨®n y se eliminaba la posibilidad de que pudiesen redactar instrucciones internas, es decir, elaborar sus propias normas a la hora de contratar. Sin embargo, la nueva redacci¨®n establece un r¨¦gimen distinto para las Administraciones y otro para los entes considerados no administraci¨®n.
Es decir, se preserva un r¨¦gimen diferente y m¨¢s flexible para las empresas p¨²blicas, fundaciones y dem¨¢s entes. A fuerza de instrucciones internas, estos entes mantendr¨¢n su capacidad para crear en el fondo miles de reg¨ªmenes jur¨ªdicos a medida y seg¨²n sus necesidades de licitaci¨®n.
¡°Esta deslegalizaci¨®n constituye un claro retroceso y permite la proliferaci¨®n de procedimientos que suponen una barrera de entrada para los operadores econ¨®micos, introduciendo inseguridad jur¨ªdica y favoreciendo el clientelismo. La diversidad de reg¨ªmenes es el caballo de Troya que facilita el mantenimiento de pr¨¢cticas irregulares y el falseamiento de la competencia¡±, explica Jos¨¦ Mar¨ªa Gimeno Feli¨², catedr¨¢tico de derecho administrativo de la Universidad de Zaragoza y autoridad en la materia.
Bajo esta arquitectura jur¨ªdica, las empresas p¨²blicas pueden saltarse los formalismos, acelerar tr¨¢mites y hacer pol¨ªtica industrial, favoreciendo verbigracia a una empresa nacional sobre una extranjera. Solo que esto tambi¨¦n hace posible que, como fue el caso, se fije como requisito para la construcci¨®n de un hospital que el arquitecto ya haya construido otros dos centros antes en esa comunidad. En definitiva, se fijan condiciones para seguir contratando al mismo. ¡°El Gobierno ha dejado que las empresas p¨²blicas, sobre todo las de Fomento, reescriban la ley. Y ese es el resultado. Se brinda m¨¢s flexibilidad pero se abre la puerta a otros problemas¡±, subraya un alto funcionario.
Relajar los modificados
Por otra parte, la nueva redacci¨®n del texto posibilita que estos entes dispongan de mayor libertad para hacer modificados. Desde que se aprob¨® la ley de econom¨ªa sostenible, se obliga por exigencias europeas a que las empresas p¨²blicas se sometan a las mismas reglas en los modificados que el conjunto de las Administraciones. Pero ahora el texto legal tambi¨¦n cambia eso. Lo que crea otro incentivo para que la Administraci¨®n recurra a las empresas p¨²blicas a la hora de adjudicar y entra?a un serio riesgo de sobrecostes, la pr¨¢ctica por la que las empresas tiran a la baja en la puja para despu¨¦s inflar los costes. O peor a¨²n: tramas como Acuamed se basaban precisamente en la obtenci¨®n de m¨¢s ingresos por sobrecostes en los modificados.
Transparencia Internacional y el Observatorio de la Contrataci¨®n P¨²blica se han hecho eco de estos fallos y han elaborado propuestas para corregirlos. Adem¨¢s, la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia ha detectado muchos problemas de carteles y corrupci¨®n vinculados a la contrataci¨®n p¨²blica. Aunque a¨²n tendr¨¢ que valorar esta ley, la CNMC est¨¢ difundiendo en su web recomendaciones de buenas pr¨¢cticas para que se recojan en la legislaci¨®n.
Al margen de estas cr¨ªticas, los funcionarios y expertos consultados coinciden en que habr¨ªa que aprovechar esta ley para modernizar la contrataci¨®n, algo que la nueva legislaci¨®n dista de hacer. ¡°Todav¨ªa se tiene que sellar todo como en el siglo XIX. Y ese excesivo garantismo anima a las administraciones a tener sus propias empresas para facilitar la contrataci¨®n¡±, comenta un alto cargo.
Un problema de falta de competencia
¡°No es tanto un problema de probidad como de competencia. Regulamos como si todos fu¨¦semos corruptos hasta el punto de crear una gran burocracia que desincentiva la competencia y genera costosas ineficiencias. Solo los ya instalados pueden soportar tanta regulaci¨®n. Y al final lo ¨²nico que puede engrasar la burocracia son las mordidas¡±, explica el catedr¨¢tico de derecho administrativo de la Pompeu Fabra, Andr¨¦s Betancor.
Por eso, Betancor aboga por una contrataci¨®n electr¨®nica al estilo portugu¨¦s, en la que haya m¨¢s transparencia, pueda pujar cualquiera y los tr¨¢mites resulten menos engorrosos. Gimeno sostiene que, adem¨¢s, habr¨ªa que generalizar los mecanismos para recurrir adjudicaciones y crear una agencia de la contrataci¨®n que haga uso del big data para examinar pliegos y mejorar la eficiencia. "Ver d¨®nde es m¨¢s barato y por qu¨¦", se?ala.
"Hay un control exhaustivo de los contribuyentes, pero no existe un control igual de los gastos. Habr¨ªa que aprovechar las nuevas tecnolog¨ªas para imponer una mayor supervisi¨®n¡±, indica un funcionario experto en contrataci¨®n p¨²blica.
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