Los proveedores pierden el pulso contra Hacienda por los intereses de demora

El Tribunal de Justicia de la UE ha respaldado este jueves la legalidad del plan de pago a proveedores del Gobierno. La justicia europea estima que las Administraciones P¨²blicas no tienen que devolver los intereses de demora a las empresas que se acogieron al plan Montoro, y evita as¨ª una devoluci¨®n multimillonaria a unas 230.000 empresas que habr¨ªa rondado los 3.000 millones de euros, casi tres d¨¦cimas del PIB.

En 2012 el Gobierno ofreci¨® a pymes y aut¨®nomos cobrar anticipadamente deudas pendientes de las Administraciones a cambio de renunciar a los intereses de demora de hasta el 8% que les correspond¨ªa percibir. Gracias a esa r¨¢pida devoluci¨®n, Hacienda estim¨® que pod¨ªa crear o mantener miles de empleos al disponer de una liquidez que en caso contrario no tendr¨ªan. La Corte de Luxemburgo cree que el plan espa?ol no contradice la legislaci¨®n comunitaria, dado que la ley europea "no se opone a una norma nacional que permite al acreedor renunciar a exigir los intereses de demora y la compensaci¨®n por los costes de cobro como contrapartida al pago inmediato del principal de cr¨¦ditos devengados, siempre que esta renuncia sea libremente consentida". La sentencia deja en manos de los tribunales espa?oles la comprobaci¨®n de que las empresas han renunciado voluntariamente a recibir intereses y compensaciones por los retrasos.

La decisi¨®n de los jueces coincide con la que ya expresara en mayo del pasado a?o la abogada general, que tampoco interpret¨® como abusivo el acuerdo entre proveedores y administraciones. La sentencia final de la Corte de Luxemburgo suele estar en sinton¨ªa con la opini¨®n del letrado comunitario en la mayor¨ªa de ocasiones, pero no siempre es as¨ª, por lo que la decisi¨®n de este jueves supone una incertidumbre menos para el Gobierno espa?ol y una decepci¨®n para las empresas que hab¨ªan mostrado sus dudas sobre la legalidad de dicho pacto y a¨²n manten¨ªan la esperanza de percibir los intereses. "Ten¨ªamos la convicci¨®n de que la sentencia del TJUE supusiera un punto de inflexi¨®n en la lucha contra la morosidad en Espa?a, pero su interpretaci¨®n excepcional lo que genera es una posici¨®n de dominio de las Administraciones P¨²blicas en el pago a proveedores", ha criticado el presidente de la Plataforma multisectoral contra la morosidad, Antoni Ca?ete.

La consulta a los tribunales europeos lleg¨® por parte de un juzgado de Murcia, que pregunt¨® si el acuerdo era contrario a su directiva sobre morosidad despu¨¦s de que la compa?¨ªa IOS Finance presentara un recurso. La empresa adquiri¨® cr¨¦ditos pendientes de pago a algunos proveedores del servicio de salud de Murcia.